La patronal de las empresas eléctricas, Unesa, remitió ayer un documento a la Comisión Nacional de la Energía en el que presenta una serie de alegaciones al real decreto que prepara el Gobierno para incentivar el uso del carbón nacional por parte del sector. En el documento, las eléctricas afirman que esta medida dificultará la eliminación del déficit de tarifa que soportan las compañías y establecen en un 8% la posible subida de la tarifa de acceso (la cuota que se paga por el uso de la red de distribución, no por el consumo) que pagan los consumidores.
Fuentes de Unesa explicaron que a la Comisión Nacional de la Energía se ha remitido tanto el documento conjunto, aprobado por unanimidad por las compañías, como una serie de alegaciones individuales no consensuadas, puesto que «el decreto tendría un efecto desigual entre las empresas» en función de su perfil de generación de energía.
Según la patronal, el borrador del decreto establece un mecanismo de restricciones que da entrada preferente en la red a las centrales que usen carbón nacional, de forma que el resto de instalaciones -sea cual sea su naturaleza: carbón extranjero, ciclos combinados, energías renovables...- tendrá que disminuir su producción.
Unesa defiende que las soluciones a los problemas del sector del carbón «no pueden recaer únicamente sobre las empresas generadoras y los consumidores».
Fuentes de la patronal de las eléctricas indicaron que este decreto llega en un momento en el que en el mercado aumenta la generación producida por las energías renovables al mismo tiempo que hay una bajada generalizada de la demanda. Esto provoca «inevitablemente gastos económicos» en su puesta en marcha. De esta forma, Unesa explicó que para aplicar la normativa exigirá un aumento del 8% en la tarifa de acceso, ya que el decreto «dificultaría la reducción del déficit tarifario» (la diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico).
Este aumento vendría dado «por las propias fórmulas utilizadas por el Gobierno para establecer la tarifa de acceso». Al modificar la composición del mercado con la entrada del carbón nacional se encarecería esta tarifa. Desde la patronal se solicitó, además, que antes de que el real decreto entre en vigor el Gobierno «consulte con la Unión Europea para que ésta dé su consentimiento». Así, «se evitarían posibles problemas», como que, por ejemplo, Bruselas «plantease en el futuro objeciones a este plan. Se trataría de un problema añadido más y habría que evitarlo».
Fuente: lne.es
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