El proceso de aplicación del proyecto neoliberal en España, marcado en por las políticas socio-económicas impuestas por las instituciones supranacionales de la UE y defendidas por los últimos gobiernos españoles independientemente de su color político (PSOE y PP), ha significado la privatización y mercantilización de servicios y empresas estratégicas, afectando negativamente a la mayoría de la población y a las instituciones públicas que prestan servicios básicos fundamentales a la ciudadanía. A pesar de la crisis financiera y socio-económica por la que atraviesa el modelo imperante, desde los poderes económicos y políticos dominantes se sigue implementando esas políticas fracasadas. De acuerdo con esta política socio-económica suicida para los intereses generales y públicos, ahora toca completar el denominado proceso de «liberalización del mercado energético».
Culminado este proceso para los grandes consumidores en alta tensión, y visto el fracaso de la «liberalización» para los suministros de baja tensión que comenzó en el año 2000, la Ley 17/2007 ha suprimido, el día 1 de enero de 2009, el sistema tarifario de electricidad aunque prevé el establecimiento de unas tarifas de «último recurso», que son precios máximos y mínimos establecidos por la Administración para determinados consumidores, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal.
Los efectos a corto y medio plazo están siendo y serán importantes para la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, para las administraciones públicas que tienen la obligación de prestar servicios esenciales a la sociedad. Especialmente, los Ayuntamientos se encuentran a expensas de los intereses privados de las empresas comercializadoras.
Esta situación va a provocar irremediablemente que los ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 KW., y por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de falta de información e incertidumbre donde las corporaciones locales están siendo estigmatizadas por las compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado.
Además, mientras los Ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5% cada mes mientras no se pasen al «mercado libre», pues la norma así lo establece para estimularlos a que lo hagan. La subida de la tarifa eléctrica consecuentemente para la mayoría de los Ayuntamientos, en los próximos meses, será muy elevada.
Las peticiones realizadas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por parte de la Femp y la Famp han caído en saco roto, no siendo sensible a las peticiones de los Ayuntamientos en cuanto al aplazamiento de los plazos fijados por el RD 485/2009, para que estos pudieran disponer de un mejor calendario para responder a esta nueva y negativa situación. Tampoco ha admitido la suspensión sine die de las penalizaciones previstas ni la reconsideración de considerar servicios esenciales municipales desde el alumbrado publico, centros educativos, guarderías, centros de servicios sociales, residencias y centros de mayores, edificios municipales (administración, cultura, deportes,etc.).
Desde los ayuntamientos reclamamos un cambio en la legislación para que se tengan en cuenta los intereses generales de los ciudadanos y los municipios y no el de las grandes empresas eléctricas.
Fuente: lavozdigital.es
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