Faltan menos de 20 días para que desaparezcan las tarifas integrales en el recibo de la luz y el Gobierno no ha fijado todavía el precio de la tarifa de último recurso (TUR), a la que se acogerán 23,8 millones de usuarios con una potencia igual o menor a 10 kilovatios de potencia contratada.
Estos clientes, pese a que en los últimos días han recibido una carta advirtiendo de la liberalización, no deben hacer cambios en el contrato de la tarifa eléctrica hasta que el Gobierno determine su precio. La actual falta de información les impide decidir si se acogen a la tarifa TUR o acuden al mercado libre. No obstante, las compañías eléctricas no compiten todavía por captar este tramo de usuarios ya que los descuentos que les ofrecen son mínimos.
Ayer, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, rehusó desvelar si la factura de la luz subirá, y en qué cantidad, a partir del 1 de julio. Esta afirmación responde a que el precio de la TUR se fijará en función de la suma de dos conceptos: el coste de la energía y el coste de los peajes.
Desde finales de diciembre de 2008 el precio de la energía en el mercado mayorista está cayendo, aunque empieza a repuntar, con lo que no deberían producirse incrementos. No obstante, la mayor parte de expertos consultados dan por hecho que la subida rondará el 3% o "incluso más". Este incremento servirá para evitar el llamado déficit de tarifa, una deuda neta que acumulan las eléctricas y asciende a 13.000 millones. El objetivo es que esa deuda desaparezca poco a poco y que la paguen en los próximos años los consumidores.
El real decreto de abril de este año recoge que el déficit en 2009 no puede superar los 3.500 millones. De ahí, las subidas, ya que si no volvería a resurgir el mismo problema. El titular del Ministerio de Industria explicó que el precio no se puede determinar hasta que se produzca la próxima subasta para la adquisición de energía para el suministro a tarifa (Cesur), que servirá de referencia para calcular el coste de la energía.
Es posible que el precio de la TUR se haga público en el Consejo de Ministros del próximo 26 de junio o la semana siguiente, con lo que las eléctricas tendrían un plazo de tiempo breve para adaptar todos los contratos.
Desde Industria defienden que el consumidor con menos de 10 kW de potencia contratada no debería notar perjuicios, pero los sistemas informáticos y la adaptación de los software pueden jugar malas pasadas al tratarse de una cifra relevante de consumidores.Las 15 empresas comercializadoras que operan en el mercado libre en España sí compiten por los clientes domésticos y pymes de más de 10 kW (1,2 millones). Estos están obligados a acudir al mercado liberalizado, con lo que tienen que darse prisa en efectuar el cambio. Si no lo hacen, se les penalizará. Se establecerá un periodo transitorio para que se cambien, hasta abril de 2010, en el que tendrán subidas del 5% trimestralmente. Si siguen sin firmar un contrato con una comercializadora en el mercado liberalizado a partir del primer cuatrimestre del próximo año, se les aplicará el precio de la TUR más un 20%.
Fijar el precio de la TUR no es el único tema pendiente que tiene que resolver el Gobierno los próximos días. El Ejecutivo lanzó a bombo y platillo que sacaba el bono social para los clientes con menos de 3 kW de potencia y las colectivos más desfavorecidos: familias numerosas, jubilados con pensiones mínimas y familias con todos los miembros en paro. Estos colectivos todavía desconocen cómo solicitar que se les incluya en el bono social para que se les congele la factura.
Fuente: lavanguardia.es
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