El Gobierno culminará el próximo 1 de julio el proceso de liberalización del sector eléctrico iniciado en 1998. El nuevo modelo de organización implicará que las compañías distribuidoras de electricidad se dediquen exclusivamente a la gestión de las redes y dejen de realizar la actividad de venta directa de luz a los clientes finales.
Por ello, el suministro pasará a ser realizado en su totalidad por las compañías comercializadoras en competencia, siendo los consumidores eléctricos quienes habrán de elegir libremente la que más les convenga en función de las ofertas económicas, así como de productos y servicios de valor añadido.
En ese marco, y para garantizar una adaptación gradual de los consumidores a los precios del mercado, el Gobierno ha establecido que algunas comercializadoras sigan ofreciendo el suministro al precio fijado por la Administración, a través de la llamada Tarifa de Último Recurso, que en cualquier caso estará en línea con la evolución real del coste de la energía.
El objetivo final es que, a partir del 1 de enero de 2013, deje de generarse el denominado déficit tarifario –el desfase entre los costes de producir y distribuir la energía, y la tarifa oficial–, que ha supuesto un auténtico lastre financiero para el sector a lo largo de los últimos años, y cuya desaparición parece estar encarrilada.
El tránsito hacia este nuevo sistema no está exento de incertidumbres y lagunas. Fundamentalmente por la clamorosa falta de información con la que el Gobierno ha manejado el proceso.
A la inmensa mayoría de los consumidores todo esto les pilla por sorpresa. Pero, además, la determinación del Gobierno de favorecer a las capas de la sociedad más desfavorecidas con una tarifa muy rebajada, a través del llamado bono social que deberán costear las compañías generadoras, conceptualmente suscita algunos recelos, en tanto los precios de los bienes y servicios no parecen ser la vía para implementar políticas de redistribución de renta, algo que debería estar circunscrito al perímetro de los impuestos y de las subvenciones.
También, como el propio Gobierno teme, puede convertirse en un importante caldo de cultivo para el fraude, tanto por parte de los usuarios como por parte de las empresas que pretendan utilizar el bono social para competir en la captación de clientes.
Ya se están produciendo los primeros movimientos entre las comercializadoras para intentar captar a los clientes de más de 10 kilovatios de potencia contratada –en su mayoría pymes, pero también algunos clientes domésticos–, que son los que no tendrán derecho a la tarifa regulada vigente desde el 1 de julio y que deberán escoger la propuesta más atractiva en el mercado libre.
Para estos casos, quienes no hayan negociado un contrato en el mercado libre sufrirán recargos trimestrales del 5% en la tarifa regulada que les puede encarecer la luz hasta un 20% anual.
Es de esperar que las incipientes ofertas se multipliquen y den la posibilidad a los consumidores de beneficiarse de las propuestas de las compañías más eficientes. En el fondo, eso es lo que debe dar sentido a la liberalización.
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