El pasado 3 de abril, el Gobierno aprobó el Real Decreto 485/2009 por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. Siguiendo la acertada decisión de eliminar las tarifas integrales eléctricas de alta tensión en julio de 2008, el equipo del Ministerio de Industria encargado de agilizar la liberalización del sector eléctrico ha vuelto a acertar con la adopción de este real decreto.
Por un lado, ha decidido la eliminación total de las tarifas integrales eléctricas, añadiendo este año la desaparición de las tarifas integrales de baja tensión, con efecto a partir del 1 de julio de 2009, a la extinción de las tarifas de alta tensión ocurrida en julio pasado. Por otro lado, ha legislado, en línea con la directiva europea, la adopción de la tarifa de último recurso para los consumidores que tengan contratada una potencia de 10 kW o menor. Este paso de gigante hacia una total liberalización de los mercados va a tener implicaciones muy positivas de cara a futuro.
Sin lugar a dudas el efecto más importante va a ser el cese del crecimiento de la bola de nieve del déficit de tarifa, siempre y cuando se cumpla el artículo 7 del real decreto por el cual la tarifa de último recurso debe ser aditiva y reflejar todos los costes reales del mercado. Al desaparecer la tarifa integral de suministro eléctrico, que falseaba el coste real de generar y entregar electricidad en sus destinos, también desaparece la diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico. Lo anterior es cierto siempre y cuando las tarifas de acceso (peajes por utilización de las redes eléctricas) representen el coste real del transporte y distribución de la electricidad, hecho que dejó de ocurrir en 2007 con el reconocimiento del déficit ex ante. Si esto último no se consigue, no se eliminará totalmente el déficit de tarifa, pero al menos desaparecerá la discriminación entre consumidores eléctricos en el mercado liberalizado y abonados a tarifa, o lo que es lo mismo, entre comercializadores (independientes o no) y distribuidores de electricidad (compañías eléctricas tradicionales).
Además de sentar las bases para detener el crecimiento del déficit de tarifa, este real decreto va a conseguir que prácticamente el 70% del volumen eléctrico consumido en España se negocie en el mercado libre tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Esta nueva realidad eléctrica aportará mayor liquidez en los mercados físicos y financieros de la electricidad, mayor profundidad en cuanto al plazo de negociación de los contratos y variedad en cuanto a los productos a negociar. En consecuencia, se consigue una mayor competitividad así como una asignación de recursos más óptima y no discriminatoria.
Finalmente, esta pieza legislativa termina con la fijación arbitraria histórica de las tarifas eléctricas por parte del Gobierno de turno, que utilizaba la factura eléctrica de los consumidores más como herramienta política de contención de la inflación que como mecanismo de asignación de recursos. Prueba de ello es la abultada cifra del déficit de tarifa actual, más de 15.000 millones de euros, que en primera instancia están sufriendo los balances de situación de las empresas eléctricas, pero que en última instancia van a sufrir los consumidores eléctricos futuros, ya sea vía mayores costes eléctricos (mayores tarifas de acceso) que no fueron asumidos en los últimos siete años por quienes consumieron esa electricidad subvencionada, o vía presupuestos de Estado, que indirectamente es lo mismo ya que éstos provienen de los impuestos que pagarán los ciudadanos futuros.
En conclusión, se ha dado un paso de gigante muy positivo y acertado para empezar a atajar la hipoteca eléctrica. Tan sólo queda que la tarifa de último recurso sea aditiva, los peajes de acceso reflejen costes reales, y estaremos en mejor situación para encontrar una solución a los 15.000 millones de euros que quedan pendientes.
Fuente: CincoDias.com
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