El bono de la tarifa eléctrica para determinados consumidores hasta 2012 estará ligado a "la renta per cápita de las familias". Este matiz, incluido en el real decreto ley de medidas energéticas publicado ayer en el BOE, no figuraba en el texto que pasó por el Consejo de Ministros. En tanto se reglamenta, la norma mantiene que se aplicará a algunos colectivos sociales sin considerar su renta.
Una semana después de su aprobación por el Consejo de Ministros, el real decreto ley sobre medidas energéticas para poner coto al déficit de tarifa vio ayer por fin la luz en el Boletín Oficial del Estado. El texto introduce un importante matiz respecto a la redacción que pasó por el Consejo de Ministros la semana pasada: el bono social (o tarifa reducida) se aplicará a los consumidores a partir del 1 de julio en función de su renta.
Concretamente, según el artículo segundo de la ley, "se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar", que determinará el Ministerio de Industria, previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La rectificación del Gobierno ha llegado tras las presiones externas e internas que ha recibido para que aplicara un mecanismo progresivo.
La financiación del bono, que las eléctricas compartirán (se desconoce en qué proporción) con los consumidores sin derecho a él, para los que se auguran fuertes incrementos de tarifa, se revisará cada cuatro años. El reparto se hará, tal como adelantó CincoDías, entre 12 empresas generadoras y serán Endesa e Iberdrola, las que asumirán la mayor parte, más de un 71%.
No obstante lo anterior, una disposición transitoria señala que, en tanto se publique el desarrollo reglamentario, el bono se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 kW (este derecho ya lo establece la tarifa social vigente desde el año pasado y sólo la disfrutan 3.000 clientes); los perceptores de pensiones mínimas de más de 60 años; las familias numerosas y las que tengan a todos sus miembros en paro.
Al no coincidir necesariamente estos consumidores con los que se deriven de la aplicación del reglamento, que tendrá en cuenta la renta (una familia numerosa puede tener ingresos muy altos) las eléctricas tendrían que aplicar en julio el bono social a unos clientes y meses después (cuando se apruebe el reglamento) a otros distintos.
Además de la imposibilidad de que se pueda aplicar automáticamente este bono (que deberán solicitar los interesados, pues las empresas desconocen la situación social y económica de sus clientes), el hecho de que los beneficiarios sean otros meses después, hace augurar un nuevo conflicto como el vivido con el cambio de periodicidad de la facturación de la luz, según distintas fuentes del sector.
El real decreto ley, aprobado con el fin de frenar la sangría del déficit de tarifa en el horizonte de 2013, admite, sin embargo, nuevas desviaciones hasta ese año que no podrán superar los 9.500 millones. Además, tal como estaba previsto, se establece un sistema de avales públicos para que las empresas puedan colocar entre los bancos los 6.500 millones aún por titulizar y los que se generen en los próximos cuatro años. En 2009 se han aprobado derechos de cobro por 10.000 millones.
A los Presupuestos del Estado pasarán gradualmente los extracostes de los sistemas extrapeninsulares: de un 17% este año hasta el 100% a partir de 2013. Los déficits de estos territorios que se generen a partir de este año se financiarán ya con la tarifa.
Las eléctricas deberán provisionar 2.700 millones correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales, si bien, se convertirá en una tasa cuando entre en vigor el Estatuto de la entidad pública empresarial Enresa.
El real decreto ley deroga la llamada Ley Rato de 1999, ya anulada por el Tribunal de la UE. Esta daba potestad al Gobierno para autorizar participaciones significativas por empresas públicas extranjeras en compañías españolas de sectores considerados estratégicos.
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