Las ayudas al carbón subirán el recibo de la luz un 4% adicional a lo largo de 2010

El Ministerio de Industria ha remitido a Bruselas el nuevo Real Decreto del carbón que obligará a las centrales térmicas a consumir carbón nacional. El coste de la medida, 400 millones de euros al año hasta 2014, tendrá repercusión en el recibo de la luz -al no poder computarse vía déficit de tarifa- que de absorberse supondría una subida del 4% al año. Sin embargo, fuentes del sector apuntan a que según los precios actuales del «pool» (mercado mayorista de la electricidad) el sobrecoste de las ayudas rondaría los 600 millones al año y presionaría la factura de la luz con un 5%. En los próximos seis las subvenciones se llevarán 2.700 millones.

Las empresas indignadas

Lejos de contentar a todos, tal y como pretendía el borrador inicial, las empresas están indignadas ya que consideran una intromisión en el mercado libre. Aseguran que la normativa le obliga a firmar un contrato de compra de carbón con un sobreprecio igual al importe que recibirán del Ejecutivo, esto es, 400 millones, en lugar de comprar el carbón a precios de mercado.

Fuente: ABC.es

El Gobierno estudia subir el recibo de la luz desde el próximo 1 de julio

El IVA de la electricidad crecerá del 16% al 18% el mismo día. La presidenta de la CNE espera un alza «limitada» ante la complicada situación económica del país

El próximo 1 de julio puede traer consigo un ajuste adicional para el bolsillo de los consumidores. El Gobierno está barajando aplicar una nueva subida al recibo de la electricidad. Se da la circunstancia de que ese mismo día se pone en marcha también el alza del IVA, que en el caso de la factura de la luz provocará un encarecimiento directo del 2%, como consecuencia de que el impuesto sobre el valor añadido pasa del 16% al 18%.

El secretario de Estado de Energía Pedro Marín eludió ayer cuantificar el porcentaje de subida que tendrán que asumir los consumidores el próximo mes de julio, pero aclaró que para determinarlo quedan por conocer muchos de los factores que componen la tarifa.

«No hay todavía una previsión de cuál va a ser el alza final», afirmó. En el cálculo del coste final participan tanto las tarifas de acceso, que recogen la retribución a las infraestructuras eléctricas, como el coste de la energía, que se determinará a través de la subasta prevista a finales de junio.

Una factura opaca

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional del a Energía, Maite Costa, reconocía durante su intervención en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Energía, que la mala situación de la economía así como la dificultad de los consumidores para asumir nuevas subidas de precios hacen esperar que el Ejecutivo apruebe un incremento «limitado» en julio, lejos del 30% que el organismo supervisor recomendó el año pasado como forma de subsanar el déficit de tarifa que arrastra el sistema eléctrico.Esto es, la diferencia entre lo que pagan los clientes y lo que cuesta generar y distribuir la electricidad en España.Asimismo, criticó la «opacidad» del actual recibo de la luz, que dificulta que el consumidor doméstico esté bien informado y recomendó que se revise la actual factura.

Costa puso, además, el dedo en la llaga al afirmar que en 2007, cuando el Gobierno lanzó el real decreto 661 con los incentivos a las renovables, la Comisión Nacional de Energía hizo una propuesta de primas «más moderada» que la que recoge la ley. De haber hecho caso al organismo supervisor el sistema «se habría ahorrado 400 millones de euros al año».

Las primas, en el punto de mira Con estos argumentos la presidenta de la CNE se mostró partidaria de aplicar «criterios de racionalidad» en las primas a las energías a las renovables para reordenar la actual situación «insostenible» del sector.

En línea con los argumentos que sostiene el Ministerio de Industria, el organismo supervisor considera necesario ponderar «lo que aporta una tecnología al sistema y lo que le cuesta». «El 43% de la prima se la lleva la solar, que tiene muy poca aportación al sistema y que cuesta más que la eólica, pese a tener 3.000 megavatios (MW), frente a los 18.000 MW de la segunda», dijo.

De hecho, el Ministerio de Industria está inmerso en una batalla con el sector renovable para rebajar el coste de las primas que perciben este tipo de tecnologías. Precisamente, el argumento que esgrime el equipo de Miguel Sebastián para acometer esta reforma es que evitará subidas adicionales en el recibo de la luz. Estos incentivos, que superaron el año pasado los 6.000 millones de euros, se pagan vía tarifa eléctrica, y aumentan cada año.

Fuente: ABC.es

La presidenta de la CNE critica la "opacidad" del recibo de la luz

Costa apoya rebajar las primas a las renovables, en especial, la solar

La presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), María Teresa Costa, criticó ayer la "gran opacidad" del recibo de la luz y pidió "cambiar los criterios de la información que se da al consumidor". Recordó que la CNE "ya ha planteado esta cuestión", que a su juicio "debería revisarse" por parte del Ministerio de Industria. En su intervención en el Foro de la Nueva Energía, la presidenta del regulador energético hizo balance de la puesta en marcha, hace casi un año, de la tarifa eléctrica de último recurso (TUR), supuestamente, un gran paso para liberalizar el sector.

Costa admitió que, en el segmento doméstico (donde está la TUR, una tarifa fijada por el Estado y disponible para casi todos los hogares), los precios que ofrecen las eléctricas a quienes no pueden contratar la TUR permiten "ahorros muy pequeños". "No hay una competencia muy importante; por tanto, algo pasa", dijo Costa, que pidió una "armonización" de esa tarifa, pensada, en principio, para colectivos vulnerables en toda la UE. En Portugal, por ejemplo, está disponible para clientes de hasta 48 kilovatios (kW), mientras que en España el límite es de 10 kW. Costa es partidaria de rebajar ese umbral, lo que obligaría a más usuarios domésticos a acudir al mercado libre.

La presidenta de la CNE también terció en la polémica sobre la bajada que quiere aplicar Industria a las primas a las energías renovables, que han dejado al sistema eléctrico "en una situación muy difícil, insostenible". Su alto coste incrementa el déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes del sistema), un agujero que ya supera los 17.000 millones de euros. Costa comparte la idea de Industria de "racionalizar" las subvenciones y "comparar lo que cuestan las diferentes tecnologías". Citó los casos de la eólica, que, dijo, "se puede gestionar de forma óptima" y no es tan costosa como la fotovoltaica, que "se lleva el 43% de la prima" y "tiene muy poca aportación" (el 3% de la electricidad).

No hubo fraude

Costa desmontó las sospechas de producción nocturna en huertos solares, que atribuyó a errores de medida, aunque hay 1,1 gigavatios/hora que el regulador está "analizando". Supone un 0,14% de la energía teóricamente fraudulenta. Del otro fraude descubierto en 2008 y consistente en la autorización masiva de huertos fotovoltaicos sin enganche a la red, la CNE no se ha pronunciado (tampoco Industria).

El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, que asistió a la charla de Costa, anunció por su parte un acuerdo con los sindicatos del sector del carbón para reducir al menos este año un 15% la producción de este mineral y adelantar ayudas para reducir el impacto sobre los trabajadores.

Fuente: Publico.es

La UE forzará a que edificios nuevos tengan un consumo de energía casi nulo

Todos los edificios construidos en Europa a partir de 2020 tendrán que tener un consumo energético cercano a cero, según la nueva legislación aprobada hoy por el Parlamento Europeo (PE).

La directiva, que tiene ya el visto bueno de los Estados miembros, establece que a partir de esa fecha todos los nuevos inmuebles deberán prácticamente producir tanta energía como la que consumen.

A modo de ejemplo, dos años antes el consumo cero tendrá que ser una realidad en los nuevos edificios públicos.

La UE considera que el sector de la construcción es uno de los mercados con mayor potencial de ahorro energético, en el marco de los objetivos comunitarios de lucha contra el cambio climático y de reducción de la dependencia energética.

Actualmente, es responsable del 40 por ciento del consumo energético y del 35 por ciento de las emisiones totales.

El sector residencial, con una participación del 26 por ciento en el consumo energético total, tiene más potencial de mejora que el sector de la construcción comercial, ha explicado la Eurocámara en un comunicado.

Habitualmente, el ahorro energético derivado de los edificios con eficiencia energética se sitúa en una media del 30 por ciento con respecto a los edificios convencionales.

Por ello, estos criterios tendrán que tenerse en cuenta cuando los inmuebles ya existentes se sometan a reformas de importancia, pues deberán garantizarse que el rendimiento energético del edificio o de la parte renovada cumplan unos requisitos mínimos que fijarán las autoridades nacionales.

Además, la nueva directiva exige la introducción de contadores inteligentes y sistemas de control y gestión orientados al ahorro de energía.

También se establecerán requisitos para garantizar que instalaciones técnicas como las calefacciones, tuberías de agua caliente, sistemas de aire acondicionado y conductos de ventilación son sustituidas por infraestructuras más nuevas.

El texto, que tendrá que ser revisado antes de 2017, impone también que el indicador que muestra la eficiencia energética de un edificio tendrá que ser incluido en los anuncios publicitarios de venta o alquiler que aparezcan en los medios de comunicación.

Fuente: ABC.es

El interruptor echa chispas

Las eléctricas están obligadas por el Real Decreto 1454/2005 a controlar la instalación de ICP, o lo que es lo mismo, Interruptor de Control de Potencia. Un dispositivo que los usuarios creen que es innecesario, porque en los hogares, si se excede la cantidad de luz contratada ya «salta» el cuadro eléctrico. Así lo entiende la asociación de Consumidores en Acción de Córdoba (Facua), que ha informado a los usuarios de la obligatoriedad de contar con este mecanismo, situado en el cuadro eléctrico, interior de a vivienda y que «ayuda a la seguridad de las personas y evita daños en los electrodomésticos».

La medida afecta a todos los domicilios con contrato en vigor, que de no acatarla verían incrementadas sus facturas de la luz con recargos, includios los que tenían la denominada «tarifa nocturna», en los que no había límite para el consumo de electricidad. Es el caso de Fernando, que aprovechaba la medianoche para poner lavadora, lavavajillas y demás utensilios eléctricos de gran potencia. Asegura que entre las opciones que le daba Endesa de comprar el ICP o alquilarlo, optó por esta última alternativa porque por sólo 0,06 euros al mes, si el aparato hay que cambiarlo lo hace la compañía eléctrica. Sin embargo, aseguró a ABC que esto es un «sacadinero», ya que la instalación de este aparato le ha supuesto gastos de 120 euros, a los que hay que sumar los 9 euros y algo del alta de este dispositivo.

Un extremo en el que coincide Susana, otra usuaria de Endesa, que ha solicitado hace ya más de un mes a la compañía eléctrica la instalación en su vivienda de la ICP. El primer gasto con el que ha tenido que correr esta joven han sido los 35 ó 40 euros de la caja donde va instalado el interruptor de potencia. Sin embargo, es sólo el paso previo.

«Te obligan a poner la caja y luego te dicen que te llamarán, y yo ya llevo esperando casi dos meses a que vengan a instalármelo», asegura.

Además, este controlador de potencia de watios lo que hace es que no se pueda disfrutar al máximo de luz contratada, ya que siempre saltará antes de que llegue a los watios, lamenta esta usuaria. Optó también por el alquiler de la ICP, asesorada, incluso por el propio personal de Endesa, quien ve innecesario la compra del aparato en propiedad, ya que si el año que viene cambia, la empresa eléctrica estará obligada a reemplazarlo gratuitamente.

Más cambios en Endesa

Por su parte, el director de Endesa en Andalucía Occidental, Alfredo Rodríguez, explicó que la campaña para la colocación de estos interruptores se ha iniciado hace un mes aproximadamente con el envío de cartas, aunque esto viene de tiempo atrás, ya que el Real Decreto que lo regula data de 2005. Tanto es así, que, según Rodríguez, es el propio Ministerio de Industria el que obliga a las eléctricas a instalar estos dispositivos, pese a que Endesa era reticente, porque tiene previsto instalar en breve los contadores de telegestión donde llevan integrados este tipo de sistemas.

Fuente: ABC.es

La CNC acusa a las eléctricas de pactos para impedir la competencia

Tras el registro domiciliario que la Comisión de la Competencia realizó el año pasado en la sede de Unesa, sus investigadores han concluido que las cinco grandes eléctricas se han coordinado para impedir el acceso de las comercializadoras a los datos de sus clientes; para pactar precios; diseñar modelos únicos de contratos y facturas y cerrar sus webs para impedir el cambio de suministrador en las semanas previas a la liberalización del sector, el pasado 1 de julio.


Por primera vez en la historia de Unesa, las empresas que la integran (Iberdrola, Endesa, Eon España, Gas Natural-Fenosa e Hidrocantábrico) han sido acusadas por la autoridad de la Competencia de pactos reiterados para restringir el libre mercado y entorpecer el proceso de liberalización del mercado de suministro eléctrico. Los pactos "anticompetitivos" fueron adoptados entre los años 2007 y 2009 en "un foro tan idóneo para ellas" como es la sede de su propia asociación.

Esta es la conclusión de la investigación abierta por la ComisiónNacional de la Competencia (CNC) tras el expediente sancionador incoado el 24 de junio pasado para determinar supuestas prácticas restrictivas de la competencia entre las grandes distribuidoras, en cuyo proceso se produjo un registro domiciliario en la sede de Unesa (entre los días 5 y 6 de noviembre). En él se extrajo abundante información de las actas de las reuniones de directores y de las comunicaciones que, por distintos medios, se intercambiaron las ahora acusadas.

Según la conclusión del Pliego de Concreción de Hechos remitido a las grandes eléctricas y a la propia Unesa por la Dirección de Investigación de la CNC, al que ha tenido acceso CincoDías, los investigadores consideran que, "valiéndose de Unesa", las empresas adoptaron y pusieron en práctica "una estrategia de coordinación tendente a obstaculizar los cambios de suministrador".

Ello constituye "un acuerdo restrictivo de la competencia en todo el territorio nacional por su objeto y efectos" y, deriva en "una infracción tipificada en el artículo 1.1.a) de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de la Unión Europea" de la que serían responsables las cinco grandes eléctricas yUnesa. Además de estas trabas, según el organismo que preside Luis Berenguer, las empresas adoptaron "una estrategia para fijar e intentar aplicar diversas condiciones comerciales y de contratación", lo que considera también una infracción contra las citadas normas.

Desde la fecha de su comunicación, a principios demayo, las empresas disponen de 15 días para presentar sus alegaciones y después será el consejo de la CNC el que determine las sanciones. Dada la gravedad de las acusaciones, en el sector se teme que se les apliquen las multas máximas que marca la ley.

La investigación realizada por la Comisión de la Competencia tiene su origen en una denuncia de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) en junio del año pasado contra las distribuidoras de Endesa e Iberdrola a las que acusaba de haber pactado el cierre de su canal web (excepto Unión Fenosa, en este caso) para impedir el cambio de suministrador en las dos semanas previas a la entrada en vigor de la liberalización del sector, algo que las empresas justificaron por razones técnicas. El expediente se amplió después al resto de las distribuidoras.

Previamente, en 2007, Centrica las había denunciado por imponer trabas al acceso a las bases de datos de sus clientes, lo que valió a cada una de ellas un expediente sancionador por parte del antiguo Servicio de Defensa de la Competencia.

En definitiva, la CNC considera probado que las empresas "se coordinaron, a través de múltiples reuniones celebradas en el seno de Unesa (..) para determinar el funcionamiento de las bases de datos común de los clientes y la gestión de operaciones a través del canal web".

También las acusa de haber pactado la elaboración de un contrato tipo, un modelo de factura eléctrica semestral y de haber fijado de forma consensuada un precio de la energía para los grandes grupos industriales integrados en AEGE, que se habían visto privados de su tarifa regulada en el proceso de liberalización.

Cerrar el acceso a los datos

Entre mayo de 2007 y junio de 2009 las empresas asociadas a Unesa "se coordinaron", a través de múltiples reuniones celebradas en esta asociación para, a través de diversos medios, "incidir y determinar las condiciones de funcionamiento de dos herramientas imprescindibles para hacer efectivos los cambios de suministrador". Así lo han acreditado los técnicos de la Comisión Nacional de la Competencia en el pliego de hechos de la investigación realizada por el organismo. Una de esas herramientas es la web y la otra el SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro), que es una base de datos sobre los clientes de las distribuidoras que, según la normativa, es de libre acceso a las competidores independientes para poder hacer ofertas. Según el pliego, las eléctricas "no atendieron requerimientos de Centrica como reacción a las denuncias que había interpuesto esta comercializadora".


Facturas de la luz y modelo único de contrato

De la lectura de "la cuantiosa información" del expediente sancionador abierto en junio del año pasado por la Comisión Nacional de la Competencia contras las distribuidoras eléctricas, se desprende, según el pliego de hechos que, "valiéndose de Unesa", las compañías "han consensuado posiciones comunes sobre muy diversas cuestiones de trascendencia en el proceso de introducción de la competencia en los mercados eléctricos, algunas de ellas, objeto de una incesante actividad legislativa".

Según el texto, las empresas diseñaron estrategias, en el seno de su asociación, para establecer "barreras de entrada al mercado libre de suministro obstaculizando el acceso a los SIPS y al canal web en que se tramitan las operaciones". Además, en los años analizados (entre 2007 y 2009), acordaron acciones comerciales, que constituyen una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. Entre ellas, la de elaborar una factura de la luz del consumidor final (tras la decisión de Industria de imponer la facturación mensual), en la que se eliminaba determinada información del recibo (la factura con los datos completos se enviarían cada seis meses).
Otras decisiones tratadas en el seno de Unesa fueron la utilización de un modelo único de contrato de suministro y "la fijación de las condiciones de contratación con los grandes consumidores de energía", tras la desaparición de sus tarifas, lo que implica un pacto para fijar precios.

Fuente: CincoDias.com

Industria rebajaría hasta un 10% el recibo de la luz sin los ‘sobrecostes’ de las renovables

Las energías renovables han perdido gran parte de su brillo ante Miguel Sebastián. Los informes que maneja el Ministerio de Industria para justificar la rebaja de las primas que disfrutan las energías limpias así lo justifican. Según las estimaciones con las que trabaja el Gobierno, si no fuera por los costes directos e indirectos generados por las energías renovables en el periodo 1997-2009 “no habría déficit de tarifa y se podría bajar la luz un 10% en julio”.

Una radiografía de la variación de los costes de la factura eléctrica deja en mal lugar a los eólicos, fotovoltaicos y termosolares. Según los borradores que maneja Industria, el principal sobrecoste está vinculado a las primas de las energías renovables, cuya variación en la última década representa un 120%, por las subidas menos relevantes de la compensación extra peninsular y el servicio de la deuda. Sólo la producción ordinaria aportó una reducción de costes (-25%).

Además de la bonificación a través de las primas, las renovables han generado también otros costes indirectos, como la necesidad de inversiones adicionales en redes para integrar su producción, “equivalentes alrededor del 10% de las inversiones previstas en la Planificación”, y los pagos por capacidad a las instalaciones de “respaldo modulables (carbón y gas), que están funcionando un menor número de horas por ceder a las renovables su lugar de entrada al pool.

Esta deriva ha provocado que desde 2004 a 2010, el importe de las primas se haya multiplicado por cinco y que “sólo en 2009 se haya duplicado respecto al año anterior hasta alcanzar los 5.000 millones de euros, equivalente a toda la inversión pública en I+D+i en España”, como recoge uno de los informes con los que trabaja Industria. Además, la oportunidad de crear una industria auxiliar propia, que podría justificar el sobrecoste vía primas, se ha perdido por el efecto burbuja.

Sin embargo, los temores del ministerio no tienen tanto que ver el déficit acumulado, sino con el que puede generarse de acuerdo a las proyecciones de futuro previstas para los próximos 25 años, periodo máximo del marco regulatorio contemplado en el Real Decreto 661/2007. De esta manera, con todas las instalaciones en funcionamiento y con unos supuestos de precio, el sector renovables (sólar, eólica, hidráulica, biomasa, residuos…) recibiría hasta 126.000 millones de euros.

Ante este contexto, Industria se enfrenta a un dilema de cara a la próxima revisión de las tarifas el 1 de julio. El sector eléctrico, fundamentalmente los productores agrupados en torno a Unesa, con Gas Natural Fenosa a la cabeza, pide una revisión al alza de la factura (hasta un 20%) para compensar del déficit, que sólo en 2009 se disparó en 4.700 millones de euros, incrementando el total hasta 16.000 millones, que además resultan difíciles de titulizar para colocar en el mercado.

El coste político de esta decisión, inasumible en la actual coyuntura, ha obligado a Sebastián a ajustar el déficit vía coste. Como ha informado este diario durante los últimos días, Industria contempla medidas retroactivas para recortar la factura renovable hasta en 1.600 millones de euros al año, la mayoría modificando las tarifas reguladas de las fotovoltaica y eólica a partir de 2011 y 2012, además de un severo recorte de las primas de hasta el 30%.

Fuente: cotizalia.com

La falta de control eleva la factura eléctrica municipal en más de un 5%

Un ente provincial se ofrece a gestionar el consumo de los concellos, que supone uno de sus principales gastos

Las dificultades para comprender el nuevo mercado eléctrico y buscar las ofertas más rentables no son algo exclusivo de las economías familiares, sino que afectan también a la administración local. Problemas como el desconocimiento general del sector -por la ausencia de gestores energéticos en sus plantillas- propician desfases entre la tarifa contratada y la instalada, así como la aplicación incorrecta de los tramos horarios. A esto hay que sumar cuestiones técnicas, como los fallos en los sistemas de encendido del alumbrado público o en la regulación de los sistemas de calefacción, que propician que la factura eléctrica de los concellos se encarezca en más de un 5% de forma innecesaria.

Estos son los datos que se desprenden de la auditoría municipal realizada por la Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña -organismo creado por la Diputación y el Inega- y que han propiciado que la entidad se ponga a disposición de los ayuntamientos para que racionalicen su gasto eléctrico y logren un ahorro que puede situarse entre el 5 y el 10%.

La factura más cuantiosa

Las cifras son especialmente significativas si se tiene en cuenta, tal como destacó ayer en Carballo el vicepresidente provincial, Pablo Villamar, «que, en moitos concellos, a eléctrica é a factura máis importante». Similar idea fue la que transmitieron el director de Faepac, Xesús Castro, y uno de los técnicos de la entidad, Xosé Manuel Golpe, durante un acto celebrado para informar de esta situación a los alcaldes de Bergantiños y ofrecerlas la posibilidad de recurrir a los servicios de la entidad para recortar esos gastos.

Golpe precisó que Faepac ofrece a los ayuntamientos diversas fórmulas de colaboración, desde la elaboración de pliegos adaptados a la elaboración de protocolos de mantenimiento del alumbrado público o la formación de los técnicos municipales, por un módico precio, puesto que se trata de una actividad subvencionada. Además, les avanzó algunos consejos: no firmar contratos de más de un año de duración, buscar la tarifa más económica y establecer con el comercializador un compromiso que vaya más allá del simple cobro de las facturas.

El alcalde carballés, Evencio Ferrero, explicó que el Concello ya ha puesto en marcha medidas en este sentido que le han permitido ahorrar en algunas facturas más de un 5% y animó al resto de los municipios a seguir sus pasos.

Fuente: LaVozdeGalicia.es

Los regantes españoles reclaman un IVA reducido en las tarifas eléctricas

Los regantes españoles han reclamado hoy al Gobierno central un IVA reducido de las tarifas eléctricas tras recordar que, en el último año, el coste de la energía ha subido cerca de un 60% y llega ya a representar el 30% de los costes de producción.

Así lo ha manifestado hoy el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, durante la inauguración del XII Congreso Nacional de la Comunidad de Regantes de España, que hasta el 14 de mayo reúne a un millar de personas en el palacio de congresos de Tarragona.

Del Campo ha advertido de que la viabilidad de la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos (PNR) Horizonte 2015 se encuentra actualmente "en el aire si no se revisa el proyecto para adaptarlo a las nuevas tarifas eléctricas".

En relación a la transformación de regadíos, Andrés del Campo ha recordado que la primera fase del PNR se calculó sobre la base de unos costes energéticos que posteriormente se han multiplicado, lo que coloca actualmente a los agricultores "contra las cuerdas".

De esta forma, el presidente de Fenacore ha destacado la necesidad de "acometer obras donde prime la rentabilidad de la explotación, aunque vaya en detrimento del nivel técnico de las nuevas infraestructuras", con el fin de evitar sobrecostes "excesivos" de mantenimiento o energía que pongan en peligro la viabilidad de las explotaciones.

En este sentido, ha recordado que sólo en el último año, el coste de la energía ha subido cerca de un 60%, llegando a representar ya el 30% de los costes de producción.

Así, el presidente de Fenacore ha instado al Gobierno central a adoptar medidas "realistas" que permitan "ahorros significativos" con respecto al sistema de tarifación actual, como puede ser la aplicación de un IVA reducido.

Por otro lado, el presidente de los regantes ha mostrado su preocupación por la titularidad exclusiva sobre las aguas que están asumiendo las comunidades autónomas en sus diferentes Estatutos de Autonomía, abanderadas por las regiones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha.

En su opinión, se trata de un modelo autonómico "insolidario" donde las "guerras del agua serán una constante".

Del Campo ha abogado por el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, calificando de "equivoca" la separación de ambos recursos, ya que, al explotar las aguas subterráneas cuando los caudales o los almacenamientos superficiales son menores, "se consigue un aumento de la garantía del suministro".

El presidente de Fenacore ha aludido a la importancia de que los criterios para la fijación de los caudales ecológicos en las cuencas tengan en cuenta las posturas de todos los actores sociales, económicos, técnicos e institucionales vinculados al agua.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, junto al conseller de Agricultura, Joaquim Llena, también ha participado en la inauguración del congreso, organizado por Fenacore y la Comunidad General de Regantes de la Derecha del Ebro.

Durante su intervención, Puxeu ha resaltado que la modernización de los regadíos "sigue siendo una de las prioridades", y ha subrayado que los objetivos en este sentido pasan por el equilibrio entre las políticas ambientales y agrícolas, por la consolidación de la Estrategia Nacional de Sostenibilidad de los Regadíos hasta 2015 y por el consenso con las comunidades autónomas.

Puxeu también ha señalado que esta modernización debe basarse en criterios como el ahorro y la eficiencia energética, así como en tarifas eléctricas coordinadas que "permitan alcanzar un acuerdo con las organizaciones agrarias y las cooperativas".

Fuente: ABC.es

El Gobierno pide a los ciudadanos que asuman el coste de la energía

La UE impulsa la producción solar en los estados ribereños del Mediterráneo

Pedro Marín, secretario de Estado de Energía, deslizó ayer en Valencia que las ayudas públicas a la implantación de la producción de energía renovable deben aquilatarse en función de los avances tecnológicos. Marín apuntó que los costes de la producción de energía no pueden dejar de trasladarse a los consumidores y que las ayudas públicas tienen que ser limitadas.

El responsable gubernamental español aportó una perspectiva realista a la reunión de representantes de la Unión Europea y de todos los países ribereños del Mediterráneo, que ayer se celebró en Valencia, para impulsar la producción de energías renovables en toda la cuenca.

El objetivo del Plan Solar Mediterráneo que propone la Unión Europea aspira a generar hasta 20 gigavatios de energías renovables en toda la cuenca en el plazo de una década.

El volumen de inversión que todavía implican las instalaciones fotovoltaicas y los plazos de amortización del gasto exigen estabilidad política y abundante financiación. Marín sugirió que cualquier subvención de la Comisión Europea, del Banco Europeo de Inversiones, o de otras entidades financieras tendrá que ir acompañada de una amplia participación de "inversión extranjera directa".

La única conexión eléctrica entre las riberas sur y norte del Mediterráneo es a través de España. Marín planteó la necesidad de establecer nuevas conexiones pero dejó caer que, en la actualidad, España desempeña un papel clave para el desarrollo energético en el sur del Mediterráneo.

Fuente: elPais.com

El Gobierno busca un pacto para evitar una subida de la electricidad

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, volverá a reunirse - a finales de esta semana o principios de la próxima-con todos los partidos políticos para ver si logra acuerdos concretos en política energética, ya que resulta imposible conseguir un pacto global en esta materia. Hace dos semanas, el Gobierno entregó a las distintas fuerzas políticas tres demoledores informes para demostrar que el sistema eléctrico está al borde del colapso. De no conseguir acercar posturas, el departamento que dirige Sebastián recurrirá a otras fórmulas que tiene en sus manos, como órdenes ministeriales o sucesivos reales decretos, para dar carpetazo y fijar una línea que seguir en los próximos diez años. Uno de los temas más candentes es cómo evitar la subida del precio de la luz el próximo mes de julio, tema que afecta tanto a las empresas, como al bolsillo de los ciudadanos. Uno de los argumentos del Ejecutivo es que las empresas españolas pierden competitividad por los altos costes en su factura eléctrica. Por una parte, el coste eléctrico para la industria española se encuentra un 17% por encima de la media europea, mientras que por otra, en la industria básica (cementeras, gases industriales, metales, química básica o siderurgia) los costes energéticos triplican los costes laborales.

Fuente: lavanguardia.es

Un contador para las lecturas eléctricas de todo un edificio

De aquí a diez años, la ley obliga a que los contadores de la luz de los 25 millones de clientes residenciales del país sean inteligentes. Es decir, que estén telegestionados desde el centro remoto de la compañía que nos da servicio, de modo que la comunicación automática entre ambos permita a nuestro contador lanzar una alarma si la luz en casa se va o sea capaz incluso de cortar solo el suministro.Indra prevé instalar a lo largo de este año unos 100.000 contadores inteligentes de última generación en empresas eléctricas.

El Smart Meter diseñado por la compañía ofrecerá una serie de ventajas como conocer en tiempo real el gasto eléctrico para que tanto clientes como compañías sean más eficientes y concentren sus consumos a las tarifas y servicios más apropiadas. El multicontador o concentrador digital es más pequeño y compacto que los habituales de pared de los edificios, con una medida máxima de 60 por 15 centímetros, lo que reducirá el espacio dedicado a cuarto de contadores. Además las lecturas de las diferentes viviendas se lanzan en una única comunicación, que utiliza múltiples vías, como inalámbrica, con tarjeta móvil o con PLC (onda que va dentro del cable eléctrico).

Las consultas de consumo de cada vecino se realizan en la misma pantalla. «Más del 60 por ciento de la población vive en casas de entre cinco y diez alturas. Este equipo compacto y pequeño recoge todos los valores del edificio y los manda al centro remoto… Se simplifica la comunicación», explica Santiago Blanco, director de transmisión y distribución de energía de Indra.

Fuente: larazon.es