viernes, 21 de diciembre de 2012

El Senado aprueba la nueva fiscalidad eléctrica tras rechazar los seis vetos de la oposición

El Pleno del Senado ha aprobado la nueva ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética después de rechazar los seis vetos presentados por los grupos de oposición, con lo que el texto pasará al Congreso, donde será definitivamente ratificado la próxima semana.


El trámite del Senado ha servido para que el PP introduzca varios cambios en la norma entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

El senador del PP José Ignacio Palacios justificó la norma advirtiendo de que "el sistema eléctrico es actualmente insostenible" y de la necesidad de atajar el déficit de tarifa, que crece a un ritmo de 6.000 millones anuales y que, "si no se toman medidas", se duplicará en los próximos tres años, hasta alcanzar 50.000 millones.
 
Por su parte, el senador socialista Jesús Alique dijo que la ley daña a la industria, responde a la "voracidad recaudatoria" del Gobierno y tiene, en lo referido al nuevo impuesto a la producción eléctrica, carácter "confiscatorio".
 
El texto aprobado por el Gobierno también incluye una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de "incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear".
 
Junto a esto, la Cámara Alta ha introducido una nueva definición para el gas natural que quedará exento de los impuestos, en la que se alude al gas natural destinado a "usos profesionales. En su versión original, el texto no hablaba de una exención para el gas de "usos profesionales", sino que aludía al "destinado a usos industriales".
 
En todo caso, se mantiene la precisión de que el gas natural destinado a producir electricidad tanto en ciclos combinados como mediante cogeneración no podrá disfrutar de la exención.
 
 
Fuente: eldiario.es

La patronal eléctrica pide al Gobierno que suba la luz un 5%

Afirma que es la única manera de frenar el “déficit de tarifa”


La patronal eléctrica (Unesa) ha solicitado al Gobierno que incremente un 10% las tarifas de acceso a partir del 1 de enero, lo que implicará que el recibo de la luz doméstico subirá como mínimo un 5%.

Unesa considera que solo a través de una subida de la parte regulada del recibo (sobre la que tiene potestad el Gobierno) se puede poner coto al déficit de tarifa que este año cerrará en 4.839 millones de euros, más del triple del límite legal fijado en 1.500 millones de euros.

Qué es el déficit de tarifa

Gobierno, empresas y técnicos utilizan esa término tan técnico para explicar las sucesivas alzas del recibo. Una explicación sencilla es la siguiente: durante el Gobierno de José María Aznar, su vicepresidente económico, Rodrigo Rato determina que el precio de la energía en España es demasiado caro y lastra el crecimiento económico. Siendo ministro de Industria Josep Piqué se acuerda con las eléctricas que el Gobierno fijará el precio de la luz por debajo de su precio real y que, obviamente, las empresas no correrán con las pérdidas (déficit) que pagará el Estado.

Efectivamente, el precio de la energía se mantuvo barato –por debajo de costes reales- en España lo que, junto al boom inmobiliario, dio paso a un crecimiento económico que Aznar definió como “el milagro español”. Como se ha visto dolorosamente nueve años más tarde, no era un milagro sino un espejismo. La burbuja inmobiliaria –cuya existencia negó en 2003 Luis de Guindos, hoy ministro de Economía- ha estallado virulentamente y el déficit de tarifa (lo que el Estado debe a las eléctricas) ha superado los 20.000 millones de euros.

Industria quiere una subida “progresiva”

El PP no quiere la avalancha de titulares que se esperan para el 1 de enero con las subidas de todo. Por eso el ministro de Industria, José Manuel Soria, no quiere subir el tramo regulado del recibo el año que viene, pero para parar el agujero negro del ‘déficit de tarifa´, tiene que subir la luz.

Industria busca una salida ‘digna’ ante los ciudadanos con una explicación ‘progresista’, que vendría a ser que el Gobierno del PP sube la luz a los que más gastan. De esta forma se trabaja en un recibo progresivo en el que pagarían más impuestos aquellos que consuman más luz, sistema similar al recibo de agua que se paga en la mayoría de las ciudades. Sin embargo eso no quiere decir que los usuarios que consumen poca energía no pagarán más. El recibo de la luz subirá para todos el año que viene y si finalmente Industria saca el recibo ‘progresivo’, la subida iría del 3 al 7%, con lo que al final saldría de media el 5% que pide Unesa.


Fuente: elplural.com

La CNE admite que una planta fotovoltaica a mercado pueda usar acumuladores y verter durante la noche


La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha emitido un informe en respuesta a la consulta de una comunidad autónoma en el que admite que una instalación fotovoltaica pueda usar acumuladores y verter la electricidad a la red en horas no solares, siempre y cuando no esté en el régimen de primas y venda a mercado.

En todo caso, el regulador entiende que esta planta, pese a no disfrutar de primas, sí podría acogerse al régimen especial, con lo que tendría derecho a prioridad de acceso a la red, a conexión y a despacho, si bien debería aportar unos avales.

Esta solución de acumuladores, a juicio de la CNE, se adapta a las nuevas plantas que se instalen después de que en enero de este año el Gobierno aprobase el real decreto ley 1/2012, en el que suspende temporalmente las primas a las nuevas plantas fotovoltaicas.

El real decreto 661/2007, al que se encuentran acogidas muchas de las plantas en funcionamiento que disfrutan de primas, no contempla la posibilidad de utilizar sistemas de almacenamiento de electricidad que permita los vertidos durante la noche.
No obstante, en las plantas que no reciban primas por la entrada en vigor de la moratoria renovables "sí podría justificarse económicamente la inversión en un sistema de acumulación para su posterior vertido a la red", indica el regulador.

De esta forma, una planta con acumuladores no podría acogerse al régimen especial con prima, pero sí a otras dos opciones, que son un régimen ordinario para vender al mercado o un régimen especial para vender igualmente a mercado. En este tercer caso, los equipos deberían ser nuevos y sin uso previo, añade.


Fuente: finanzas.com

Los cogeneradores se sienten "discriminados" y vaticinan demandas contra la fiscalidad eléctrica

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) asegura que la nueva fiscalidad eléctrica aprobada este jueves por el Congreso "expulsará del mapa industrial" a la cogeneración al obligarla a pagar cerca de 440 millones de euros en impuestos, y vaticina demandas "en todos los ámbitos" en contra de la norma.

En un comunicado, los cogenerdores dicen sentirse "discriminados" por una ley que les impone una doble fiscalidad, ya que no solo deberán pagar gravámenes por el gas natural utilizado, sino también el 7% correspondiente a la producción de electricidad.

"Las industrias que han invertido en cogeneración como la solución más eficiente a sus necesidades energéticas y como herramienta de competitividad se verán ahora castigadas por la nueva normativa, cuya aplicación efectiva aún tiene serias lagunas jurídicas", asegura.

Acogen advierte de que "gran parte del tejido industrial español" puede verse forzado a cerrar sus "modernas y eficientes" plantas de cogeneración y poner en marcha las antiguas calderas para producir vapor, al tiempo que compran en paralelo la electricidad de una central convencional menos eficiente y situada a cientos de kilómetros de distancia.

Esta situación, "inexplicable y retrógrada en un mundo que camina hacia la eficiencia y la sostenibilidad", es además "frontalmente contraria" a las políticas de la Unión Europea, que reconocen a la cogeneración como mejor tecnología disponible y la promueven a través de directiva europea de eficiencia energética, señala.

Al sufrir un gravamen cuatro veces mayor, el gas industrial para cogeneración quedará discriminado "gravemente" con respecto a industrias que fabrican el mismo producto, indica Acogen, para la que esta circunstancia es "paradójica" cuando la cogeneración es, precisamente, la tecnologías más eficiente.

Por este motivo, la asociación advierte al Gobierno de la litigiosidad que provocará la norma. "La distorsión de la competencia, ladiscriminación tecnológica y la transgresión de los principios elementales de igualdad en tratamiento fiscal y de eficiencia energética de la Unión Europea conllevarían demandas en todos los ámbitos", dice.

"ENSAÑAMIENTO".

Además, denuncia la paralización en las renovaciones de planes, lo que ha provocado, desde enero, un recorte del 50% de las primas y lamenta que el Gobierno se haya "ensañado" con la congeneración.

"La cogeneración dista un 30% de sus objetivos oficiales 2012, no crece desde hace diez años y no genera déficit al sistema", y pese a ello se aprueba una ley con efectos "devastadores" para el sector, lo que "se hará notar en la actividad papelera, cerámica, química, azulejera y alimentaria", añade.


Fuente: eleconomista.es

El Congreso aprueba las medidas fiscales en materia energética pese al rechazo de la oposición

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves el proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, pese al rechazo mayoritario expresado por oposición, tras la votación de las enmiendas que se introdujeron en el Senado, dos de las cuales han quedado finalmente fuera del texto normativo.

El trámite del Senado sirvió para que el PP introdujera varios cambios en la norma entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

En el debate en el Pleno del Congreso de este jueves, la oposición ha lamentado que el Gobierno haya perdido la oportunidad de hacer una reforma profunda del sistema energético español y que sólo se busque recaudar para hacer frente al déficit tarifario que, no obstante, pronostican no se atajará.

Finalmente, el voto contrario de los 'populares' ha excluido de la normativa las enmiendas relativas a la definición de combustible nuclear gastado y residuo radiactivo resultante que están sujetos al nuevo impuesto, así como la que precisaba la fórmula de concertación de la aplicación de los nuevos gravámenes energéticos con los gobiernos vasco y navarro.


Fuente: europapress.es

Subidas de más del 4% en la subasta eléctrica de hoy

La subasta eléctrica determinará la tarifa de la luz que paguen 26 millones de consumidores el próximo años, y recogerá el encarecimiento que los mercados eléctricos ya asumen desde hace semanas por la nueva fiscalidad energética. Además, la CNE ha advertido de los conflictos que provocarán la normativa sobre peajes eléctricos aprobada por Industria.


Hoy es un día clave para determinar el precio final de la factura de la luz a partir del 1 de enero. El operador del mercado, Omel, celebra hoy la vigésimo primera subasta Cesur en la que se determinará el coste de los contratos mayoristas de la electricidad para calcular la tarifa de último recurso (TUR) que se aplicará el primer trimestre.

A la vista del comportamiento del mercado de futuros de la energía, todo apunta a una fuerte subida del precio que pagarán los domésticos con TUR. Estos mercados han recogido ya la repercusión en el precio final de la de los impuestos sobre la generación eléctrica y el gas que entrarán en vigor el 1 de enero. El futuro para el periodo cotiza a 53,45 euros MWh, por lo que la subida de este componente sería superior al 4,2%.

En cualquier caso, esta es solo una parte (el 50%) de la factura que pagan los consumidores con la tarifa regulada. La otra mitad corresponde a los peajes, que retribuyen las actividades de comercialización y distribución de la energía para los 26 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o TUR.

Advertencia de la CNE

Paralelamente, el consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó ayer el dictamen sobre la orden de peajes eléctricos para 2013 que le remitió la semana pasada el Ministerio de Industria. El regulador energético se ha pronunciado de forma muy crítica sobre las nuevas tarifas progresivas, que son la gran novedad de la norma, y que las propias compañías eléctricas consideran "el caos".

La CNE pone en cuestión la progresividad de un sistema que supone aplicar un segundo peaje a los consumidores domésticos con derecho a tarifa de último recurso (TUR) en función de su potencia y su consumo (se pagarán a partir de un consumo de 190 kWh al mes) y cuyo objetivo es el ahorro de energía. El regulador energético considera que este sistema es ajeno a las directivas de eficiencia energética y pone en cuestión que con la progresividad de los precios se consiga reducir el consumo (la propia orden prevé un aumento de la recaudación de 280 millones).

El nuevo mecanismo, con el que se crean "varias docenas de tures", según un experto, va a aumentar de forma considerable la complejidad de una factura complicada de por sí y va a provocar una avalancha de las ya crecientes quejas de los consumidores. En línea con la opinión de las propias distribuidoras eléctricas, la Comisión reconoce también las dificultades que tendrán estas compañías para adaptar sus sistemas informáticos para facturar las tarifas progresivas. Por otro lado, dado el abuso que hay en España de lecturas estimadas de contadores, la aplicación de los peajes según el consumo mensual, que se debe corresponder con lecturas reales, resultará imposible.

Además, al no tener en cuenta el tamaño de la unidad familiar o el consumo per cápita, los nuevos peajes no serán equitativos. Aplicar precios progresivos al consumo de energía para resolver los problemas financieros del sistema es, para muchos, un error. De hecho, el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián ya lo hizo y tuvo que dar marcha atrás. En este sentido, sería más progresiva y razonable la discriminación de los peajes en función de la potencia contratada por cada familia. El sistema afectará, según la orden de peajes, a los 26 millones de clientes con derecho a TUR, aunque hayan optado por un contrato en el mercado libre.

Tres normas simultáneas

Respecto a la "insuficiencia tarifaria" del sistema eléctrico que plantea la orden ministerial, el dictamen del regulador energético es muy crítico, aunque reconoce que Industria ha tenido que elaborar su propuesta sin que se hubiesen aprobado las leyes de Presupuestos y la de medidas fiscales por la que se crean varios impuestos a la generación eléctrica y al gas natural. La tramitación simultánea de estas tres normas ligadas entre sí provoca "incoherencias" que podrían subsanarse antes del 1 de enero, según la CNE.

La orden de peajes reconoce un desfase entre ingresos y costes en el sistema eléctrico de más de 5.700 millones de euros, que serán asumidos por los Presupuestos Generales del Estado: a través de los ingresos que se recauden con los citados impuestos (3.000 millones de euros, según la previsión del Gobierno) y unos ingresos extraordinarios de 2.720 millones de euros procedentes de los Presupuestos, cifra que coincide con la anualidad del déficit de años anteriores que los consumidores pagarán en los peajes en 2013.

Además, la orden señala que las Cuentas Públicas asumirán el próximo año, por primera vez, el 100% (1.755 millones) de las subvenciones de los sistema extrapeninsulares que explota Endesa. Sin embargo, ninguna de estas dos partidas figuran en los Presupuestos.


Fuente: CincoDias.com

jueves, 20 de diciembre de 2012

Por la libre competencia en el mercado eléctrico

La Fundación Renovables presentó ayer su particular análisis del sector energético, acompañado de una serie de propuestas que nos han llamado profundamente la atención. Sobre todo, porque dichas propuestas parten de una declaración doctrinal de vuelta al pasado, cuando la Administración decidía qué instalaciones, de qué tipo y dónde se instalaban mediante el BOE y que hoy no tendría cabida ni en el ordenamiento jurídico español ni en el comunitario, basados en los principios de libertad de establecimiento y funcionamiento en competencia.

Mientras la UE se centra en la construcción del mercado interior de la energía, estos planteamientos van justamente en sentido contrario. Si, como plantea esta organización, se eliminaran las instalaciones económicamente eficientes, España dispondría de un parque generador incapaz de producir ni un solo KWh en un mercado europeo integrado, porque serían las instalaciones de otros países las que funcionarían en lugar de las nuestras. Esto equivaldría a que nuestro suministro fuera dependiente de terceros al 100%.

La otra solución es la que tenemos hoy, que está dando lugar a que en un buen número de horas exportemos energía eléctrica a precios muy bajos -cuando no a cero- a costa de que los consumidores nacionales paguen a los productores de régimen especial una media de 100 euros por cada MWh que ellos no consumen y que regalamos a los clientes en Portugal, Francia, Marruecos y otros países.

No es cierto que la generación que supuestamente sobra esté encareciendo el recibo eléctrico, y mucho menos en base a argumentos como que, a mayor oferta, mayores precios, como se dice en el artículo. Este tipo de afirmaciones son contrarias a los principios económicos y al sentido común, y se responden por sí solas. Lo cierto es que muchas de estas plantas térmicas convencionales se construyeron dando crédito a la planificación indicativa del Gobierno y en respuesta a las peticiones de responsabilidad con la garantía de suministro solicitada por los Ejecutivos. Hoy no pueden producir ni una cuarta parte de lo que necesitan para recuperar sus inversiones, porque cambió la política energética y se decidió dar prioridad a otras tecnologías a las que, además, se les garantizó una magnífica rentabilidad sin riesgo.

Estas instalaciones infrautilizadas, por aquello de estar en competencia, no encarecen el coste de los consumidores, sino que son las cuentas de resultados de sus propietarios las que sufren el perjuicio. La situación se agrava porque las compañías no pueden cerrar estas plantas. A pesar de toda esa potencia sobrante, son necesarias para que no se produzca un apagón cuando las energías no gestionables dejan de producir. Es cierto que tenemos más potencia de la que se necesita para cubrir las puntas de demanda, pero es también cierto que una parte muy importante de esa potencia, la del régimen especial, no es firme y necesita estar prácticamente duplicada mediante instalaciones térmicas.

Desde hace unos años, las instalaciones tradicionales aportan dos terceras partes de la demanda anual de electricidad y cobran por todos los conceptos y en cifras absolutas un poco menos de lo que cobran las instalaciones del régimen especial, que solo aportan un tercio de la demanda. ¿Quién encarece el suministro y resta competitividad a la economía? Afirmar que una de las causas del déficit de tarifa está en las subastas de la Tarifa de Último Recurso (TUR) es, de nuevo, un disparate. Los precios de las subastas de la TUR pueden parecer caros o baratos -hasta ahora están en la media de los mercados a plazo del resto de Europa-, pero lo que no puede decirse es que contribuyan al déficit, porque no guardan relación con el mismo. El cambio que supuso la implantación de la TUR en 2009 fue que los consumidores pasaron a pagar por la energía íntegramente el precio de la misma. De forma que la energía, si en algún momento fue causante del déficit, a partir de 2009 dejó de serlo. Desde esta fecha, el déficit se genera exclusivamente porque lo que se cobra por aplicación de las tarifas de acceso es inferior al pago de los costes regulados que hay que hacer con cargo a dichos ingresos.

El déficit empezó a convertirse, por su magnitud, en un grave problema coincidiendo con el incremento de las subvenciones al régimen especial, en particular a las tecnologías solares. Aunque las tarifas se incrementaron, esto fue insuficiente para atender los pagos de las primas, que durante los últimos años han aumentado a un ritmo anual cercano al 30%.
Eduardo Montes. Presidente de Unesa.


Fuente: CincoDias.com

Mañana se celebra la subasta de energía que marcará el precio de la luz

Mañana, viernes, se celebrará la subasta para fijar el precio de la electricidad en el primer trimestre del año 2013, uno de los componentes que determinan la tarifa eléctrica que abonan los usuarios.

El resultado de esta vigésimo primera subasta Cesur determinará el precio de la tarifa eléctrica para el primer trimestre del próximo año. El Gobierno ya ha anunciado que, al margen del resultado de la subasta, no tiene previsto modificar los peajes el año que viene.

Los peajes son la parte regulada de la tarifa eléctrica que determina aproximadamente el 50% del recibo de la luz de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que es la que se aplica a más de 20 millones de consumidores. La otra mitad de la tarifa resulta de la subasta del precio de la energía. Por ello, el incremento o no del recibo de la luz vendrá determinado por el resultado de esta subasta.

A la subasta, por un total de 6.063 megavatios (MW) para cada una de las horas base del primer trimestre del año, así como 345 MW para las horas punta, concurrirán las cinco empresas encargadas del suministro regulado, que son E.ON, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC e Iberdrola.

La vigésimo primera subasta arrancará a las 09.00 horas, realizándose en una sesión. El periodo de recepción de pujas para la primera ronda será de 20 minutos. En el caso de la segunda ronda y sucesivas dicho periodo será de 10 minutos y un periodo de casación y comunicación de 5 minutos.

Fuente: eleconomista.es

martes, 18 de diciembre de 2012

La solar propone cupos para desarrollar el autoconsumo

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) quiere el impulso del autoconsumo porque es una solución eficiente para conseguir un ahorro efectivo de la factura de la luz y porque es el resquicio que le queda a esta tecnología tras los dolorosos recortes aplicados desde 2010. Por ello, esta patronal ha propuesto al Ministerio de Industria un sistema de cupos para poder instalar este sistema con el fin de evitar burbujas y especulaciones por fallos de la regulación.

La propuesta de Unef, a la que tuvo acceso elEconomista, contempla una escalada gradual de instalación, de tal forma que el primer año se instalarán sólo 200 megavatios, el segundo 300 megavatios y el tercero 400 megavatios, máximo con el que se continuará a lo largo de los siguientes ejercicios.

Sin inscripción previa

Para evitar un efecto llamada como ocurrió con el decreto 661 de 2007 que provocó una avalancha de autorizaciones, Unef impone como criterio en el que los cupos se irían rellenando en función de la puesta en marcha de las instalaciones y no de su inscripción previa.

Según el presidente de la patronal, José Donoso, "es necesario que el sistema sea habilitado de cierta transparencia para que cada promotor conozca si llegará a tiempo a conectarse para optar al cupo correspondiente".

Unef considera que este sistema no generará especulación, ya que el mecanismo limita la potencia del sistema del consumidor-productor porque el exceso de generación jamás se amortizaría. Por tanto, no tiene sentido económico sobredimensionar las instalaciones y producir excedentes.

Críticas al autoconsumo

La patronal cree que no se pueden poner limitaciones a que un consumidor quiera ahorrar en su tarifa eléctrica. En este sentido, Donoso indica que "carece de sentido" la crítica de las eléctricas convencionales sobre que con el autoconsumo se encarecerán los gastos del sistema para el resto de consumidores porque los costes totales se abonarán entre menos usuarios.

El presidente e Unef dice que es "incoherente" que se pida a un consumidor que pague esa diferencia que va a dejar de pagar con una instalación de autoconsumo. "¿Acaso alguien que cambie sus electrodomésticos por otros más eficientes tiene que pagar esa diferencia?, se pregunta Donoso.

Según Unef, los peajes del término de potencia no se verían afectados, porque el derecho a tensión, frecuencia de red y potencia de respaldo están recogidos en el denominado término de potencia.

Además, el margen de comercialización reflejaría el coste de gestión del autoconsumo para las compañías comercializadoras. En opinión de Unef, los peajes correspondientes al término energía deben ajustarse al uso real que se hace del sistema.

Unef pide al Ministerio que estudie la posibilidad de realizar instalciones de mayores de 100 kilovatios, así como establecer la posibilidad de que varios consumidores puedan aprovechar la electricidad producida por una misma instalación de autoconsumo de forma mancomunada, puesto que de ello dependerá que tenga aplicaciones directas en comunidades de vecinos o polígonos industriales.

Por último, esta patronal quiere que se permita que el propietario de la instalación fotovoltaica y el de la superficie donde se sitúe sean diferentes.


Fuente: eleconomista.es

lunes, 17 de diciembre de 2012

Facua ve inconstitucional una tarifa progresiva de la luz

La organización de consumidores dice que su aplicacicón vulneraría principios de la carta Magna como el de igualdad


Facua-Consumidores en Acción considera que la nueva tarifa progresiva de electricidad es "ilegal", al vulnerar principios constitucionales como el de igualdad y el de seguridad jurídica.

En un comunicado, la organización recuerda además que la anulación por parte de los tribunales de este tipo de tarifas tiene precedentes. En 1997, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya eliminó una tarifa similar aprobada por la Junta de Andalucía a una suministradora de agua.

En concreto, la vulneración de los principios constitucionales se produce desde el momento en el que se penaliza el precio de toda la energía consumida en función de que se superen distintos tramos.

Hace quince años, la propia Facua logró que la Justicia anulase el modelo tarifario de la suministradora de agua sevillana Alfarafesa. La compañía presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que no fue admitido a trámite.

La resolución del tribunal andaluz anuló una orden de tarifas que permitía a la suministradora aplicar un recargo de 19 pesetas, o de 11,4 céntimos de euro, a todo el agua consumida si los usuarios superaban los 20 metros cúbicos mensuales.

El TSJA falló en ese momento que "solo el exceso de consumo (...) puede ser tarifado a mayor precio, ya que es el exceso el único elemento diferenciador entre un usuario y otro", de modo que al penalizar todo el consumo por sobrepasar una cantidad estaba "vulnerándose el principio de igualdad y discriminando con una tarifa superior al usuario".

Para Facua, el nuevo modelo de peajes progresivos en la factura eléctrica no tiene como objetivo penalizar consumos excesivos, sino que es una "subida encubierta" de la luz, ya que la "inmensa mayoría" de usuarios asumirá encarecimientos en el precio de la energía consumida.

Modalidades

La asociación advierte que el Ministerio de Industria ha diseñado ochenta y cuatro modalidades tarifarias, frente a las dos que tiene la actual Tarifa de Último Recurso (TUR), con y sin discriminación horaria, para encarecer de forma encubierta el consumo de luz hasta un 7,4% a partir del próximo enero.

De esta forma, señala, a la nueva subida de tarifas que previsiblemente entrará en vigor en enero se sumaría un segundo incremento "que pretende presentarse disfrazado de medidas para incentivar el ahorro energético y con el que el ministro José Manuel Soria sembrará el caos entre los usuarios para beneficiar una vez más a las eléctricas".

Consumos reducidos

La asociación califica el nuevo peaje de "disparate tarifario" y asegura que su aplicación servirá para "penalizar a usuarios con un consumo muy reducido de electricidad".

Para los que tienen la potencia contratada más baja, de 3,3 kilovarios (kW), el encarecimiento ya se producirá con sólo consumir 190 kilovatios hora (kWh) mensuales, o 73 kWh si tienen la TUR con discriminación horaria.

"Ni siquiera los tramos de consumo con las penalizaciones más altas responden necesariamente a perfiles de usuarios despilfarradores, al no tener en cuenta el número de personas que residen en la vivienda, la zona del país o la época del año".

Hasta el 7,4%

Según un análisis realizado por Facua sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el consumo medio en España es de 366 kWh mensuales, mientras que el precio del kWh vigente en la actualidad es de 14,9198 céntimos más impuestos indirectos.

Sobre esta base, la asociación calcula que las penalizaciones elevarían el coste del kilovatio hora a entre 15,0578 y 16,0238 céntimos, lo que representa subidas que oscilan entre un 0,9 y un 7,4%.


Fuente: lne.es

CCOO asegura que la nueva fiscalidad eléctrica "hará huir a las empresas del país"


La Federación de Industria de CCOO denuncia que la nueva fiscalidad eléctrica "hará huir a las empresas del país", al provocar subidas en el precio de la electricidad, y se pregunta si el objetivo del Gobierno es "poner el sector energético en manos de especuladores".
En un comunicado, la federación expresa su "indignación" por las medidas adoptadas en el sector eléctrico por el Ejecutivo para "recaudar dinero a cualquier precio, sin pararse a pensar en las consecuencias que acarrean estas decisiones".

Para el sindicato, las medidas supondrán "el cierre y huida de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo en un sector que podría hacer de locomotora en el tejido industrial de España para salir de la crisis".

Tanto el nuevo impuesto a la producción de electricidad como el correspondiente a la energía nuclear están provocando que las eléctrica "se planteen el cierre o la paralización de algunas instalaciones de generación, incluidas algunas plantas nucleares", como es el caso de la central nuclear de Garoña.

La central, señala, se ve abocada al cierre porque "los impuestos sobre la manipulación de los residuos que se van a aprobar establecen una sobretasa que hace inviables las inversiones necesarias para la rentabilidad de la instalación", lo que provocará "un gran número de pérdidas de empleo de forma precipitada".

Para Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON o HC, la nueva fiscalidad "significa reducir las cuentas de resultados" a "casi cero y dar un frenazo absoluto a las inversiones en todos los departamentos del negocio en el país", asegura.

Como consecuencia, se producirá "la cancelación de miles de contratos con las empresas que trabajan para el sector eléctrico en el mantenimiento de redes, de centrales, en los suministros y en los múltiples servicios que hay subcontratados", afirma.


Fuente: finanzas.com

El recibo de la luz subirá un 7% de media en enero

Se prevé una subida del 3% por el precio de la energía n La penalización media por exceso de consumo empuja otro 4%


El mes de enero arrancará con una fuerte subida del recibo de la luz. Las medidas fiscales introducidas en la reforma energética, que gravarán en un 7% la producción de electricidad, se dejan sentir ya en un alza de los precios de la energía y eso a pesar de que «no se va a poder repercutir toda la nueva carga impositiva sobre las eléctricas en el recibo», según remarcan fuentes del sector a este diario.
La presión sobre el precio de la energía para el primer trimestre de 2013, cuya subasta tendrá lugar el próximo viernes, hará que la subida del término energético se sitúe en torno al 7% siempre que el coste de este término se mantenga en similares baremos a los del cierre de la pasada semana.
La subida del precio de la energía implicará un alza en el recibo final superior al 3%, según aseguran las mismas fuentes a LA RAZÓN, para todos los consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), unos 20 millones de hogares, ya que el coste de la energía representa aproximadamente un 50% de la tarifa eléctrica.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha comprometido a no modificar los peajes de acceso, la otra mitad del recibo que fija el Gobierno y que sirve para remunerar costes regulados como el transporte, la distribución o las primas a las renovables, entre otros conceptos. Estos peajes determinan, junto con la energía, el resultado del precio definitivo de la tarifa de la luz. El Gobierno se eximió en julio de la obligatoriedad de revisar los peajes de acceso de forma trimestral e introdujo una revisión anual que, según el sector eléctrico, debería afrontar para «no prevaricar con la tarifa eléctrica».
La congelación de los peajes de acceso, indican estas mismas fuentes, «no reconoce los costes del sistema eléctrico» y es una de las causas del agujero tarifario, junto con las primas a las energías renovables, cuyo déficit ronda los 25.000 millones.

«Congelación» de peajes

Sin embargo, a pesar la congelación de la otra mitad de la tarifa prometida por Soria, Industria ha introducido una fuerte subida en el recibo mediante una penalización de entre el 2 y el 16% del coste de la energía cuando se supere entre un 10 y un 110% el consumo medio de la potencia contratada por el consumidor.
Como el tramo regulado supone la mitad del recibo, el recargo será de entre el 1 y el 8% para todos los consumidores domésticos que olviden apagar la luz. Con esta medida, Soria cumple su promesa de no tocar de forma «generalizada» los peajes de acceso aunque en realidad lo está haciendo en una media del 4%, eso sí, para quienes consuman en exceso.
Entre unas y otras cosas, el recibo de la luz se encarecerá un mínimo del 3% para quienes ajusten al máximo su consumo a la potencia que tienen contratada y un máximo del 11% (la suma de la penalización máxima por exceso de consumo y del alza de la energía). La media de la subida para el arranque del año en conjunto se sitúa en el 7% (el 3% del alza prevista en el tramo de la energía y el 4% de la propuesta de peajes para el primer trimestre de 2013).
Con esta alteración «discriminada» de los peajes de acceso se pretende recaudar otros 280 millones de euros para el sistema, una inyección de liquidez necesaria para cumplir el objetivo de cerrar 2013 con déficit cero en la tarifa eléctrica.
Industria ha reconocido que en 2012 hay un exceso de déficit de 1.951 millones sobre los 1.500 previstos. Si Soria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante una subida generalizada de los peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que originaría una subida adicional del 6,5% de la TUR. Sumado este porcentaje al 3% de alza que auguran las subastas, el incremento sería del 9,5%. Eso sin contar con las penalizaciones al exceso de consumo.

El dilema de los costes extra- peninsulares

 Las subidas previstas en el recibo de la luz podrían quedarse todavía más cortas si se cumple lo que muchos observadores dan por hecho: que los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se queden en la tarifa. En este caso, el exceso de déficit en 2012 sería de 3.500 millones y la subida de peajes para contenerlo debería ser del 25%, según indicaron a Europa Press fuentes del sector. Esto implicaría un alza del 12,5% en la TUR, a lo que habría que sumar los incrementos de precios de la próxima subasta eléctrica. Las mismas fuentes consultadas por Ep aseguran que es improbable que Industria esté dispuesta a subir la luz en esta proporción, pero al mismo tiempo es muy probable que los PGE no asuman los costes extrapeninsulares y que sea la tarifa la que los soporte. Lo que no cabe duda es de que tarde o temprano Industria se verá abocada a subir los peajes eléctricos de forma generalizada


Fuente: larazon.es

Garoña se apaga por el nuevo impuesto a la energía nuclear




Fuente: rtve.es

La subida de luz rondará en enero el 4% y superaría el 11% si Industria quisiese enjugar el déficit


Soria se verá abocado a futuras subidas de peajes o a reformular los techos de déficit en caso de que no logre pasar partidas a los PGE



La subida de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) en enero rondará el 4% con los actuales precios de mercado de la electricidad, que se han encarecido un 8% en el trimestre y que provocarán previsiblemente una subida de esta magnitud en la subasta eléctrica de este viernes, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Como esta subasta tiene un peso cercano al 50% en la tarifa final, y como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha decidido congelar la otra parte del recibo, la de los costes regulados, el encarecimiento de la energía acabará provocando una subida final del 4% en la TUR.

No obstante, esta subida no será ni mucho menos suficiente para lograr el objetivo del ministro José Manuel Soria de "taponar" el agujero eléctrico. Industria ha reconocido que en 2012 hay un exceso de déficit de 1.951 millones y, en su borrador de peajes eléctrico, ha trasladado este desajuste a los costes de 2013, lo que no ha pasado desapercibido para los departamentos jurídicos de las eléctricas.

Ante este panorama, y en el caso hipotético de que Industria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante subidas de peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que acabaría convirtiéndose en una subida adicional del 7% de la TUR. Sumado este porcentaje al 4% de subida que auguran las subastas, el incremento superaría el 11%.

La medida, que dañaría al consumidor, podría incluso quedarse corta si se cumple lo que muchos observadores dan por hecho, esto es, que los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se queden en la tarifa.

En este caso, el exceso de déficit sería de 3.500 millones y la subida de peajes para contenerlo debería ser del 25%, y eso trasladado a la TUR significa una subida del 12,5%, a lo que habrá que sumar los incrementos de precios de la subasta eléctrica.

Hay dudas de que Industria esté dispuesta a subir la luz en esta proporción, pero al mismo tiempo es muy probable que los PGE no asuman los costes extrapeninsulares y que sea la tarifa la que tenga que soportarlos.

Las fuentes del sector matizan que este ejercicio es hipotético, pero ni mucho menos improbable, ya que tarde o temprano Industria se verá abocada a subir los peajes eléctricos para contener la deuda de la tarifa.

TECHOS DE DEUDA.

Para las empresas del sector, sería deseable que Industria lograse encajar en los PGE los costes extrapeninsulares, pero dudan de que el Gobierno asuma costes eléctricos en unas cuentas públicas ya de por sí constreñidas por la situación económica.

Las opciones, señalan, pasan por las subidas de peajes o por modificar al alza, como ya hizo en su día el exministro Miguel Sebastián, los límites legales de déficit. Para ello, sería necesario un real decreto ley y, por tanto, la aprobación del Consejo de Ministros.

ADEMAS, PEAJES PROGRESIVOS.

Todas las hipotéticas subidas de peajes tendrían como objetivo poner orden en el desajuste de 2012, sin abordar el de 2013, en el que Industria ha confiado de nuevo la salud del sistema eléctrico a que los extracostes extrapeninsulares se carguen a los PGE y no a la tarifa.

Lo que sí servirá para contener el déficit, al menos en 280 millones de euros en 2013, es el nuevo mecanismo de peajes progresivos puesto en marcha por Industria, cuyos recargos por consumo encarecerán un 3% el recibo al consumidor medio, según los cálculos de la OCU.


Fuente: eleconomista.es

viernes, 14 de diciembre de 2012

Tres reformas eléctricas y la confiscación de YPF marcan el 2012 energético

La lucha contra el déficit de tarifa ha marcado la agenda eléctrica de este año -con tres reformas que no han terminado de resolver el problema- mientras los carburantes han anotado precios máximos históricos y la mayor petrolera española, Repsol, ha sufrido la confiscación de su participada argentina YPF.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, fijó a comienzos de año el que sería el objetivo prioritario de su departamento: atajar el déficit de tarifa -generado porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes-, que acumulaba una deuda de 24.000 millones de euros al cierre de 2011.

El primer paso en esa dirección, en enero, fue la suspensión de los incentivos para las nuevas plantas de energías renovables, una medida con la que se pretendía evitar que el importe anual de esas primas continuara en aumento.

Poco después, en marzo, el Gobierno aprobó una batería de recortes a la retribución de varios elementos del sistema, desde la distribución hasta los pagos por capacidad (que se abonan a centrales térmicas por estar disponibles), pasando por la bonificación a la industria por interrumpir su suministro o los incentivos al carbón nacional.

Para completar estos ajustes, Industria diseñó un sistema de incremento de ingresos -todavía en trámite parlamentario-, que consiste básicamente en una serie de impuestos a la generación de electricidad.

En su redacción provisional, la normativa recoge un impuesto genérico del 6 % a la venta de electricidad y otros específicos para determinadas tecnologías, como el gas natural, las aguas continentales o la generación de residuos nucleares.

La ley prevé que las tasas sean abonadas por las compañías, aunque las asociaciones de consumidores han advertido de que estas las trasladarán a la factura, un encarecimiento que se sumaría a las sucesivas subidas de la tarifa de último recurso (TUR).

La TUR se congeló en enero, aunque el Tribunal Supremo revocó esta medida y la encareció de forma retroactiva; subió un 7 % en abril; un 3,95 % en julio, y bajó un 2 % en octubre, pero este abaratamiento fue inapreciable para los consumidores porque coincidió con el incremento del IVA.

Todas estas medidas han servido, según Soria, para "taponar la hemorragia" del déficit de tarifa, un paso que sería previo a la verdadera reforma del sector que prepara Industria y que prevé equilibrar los costes e ingresos del sistema para garantizar su sostenibilidad.
Por otro lado, tras varios años de crisis económica y a pesar de la caída de la demanda, 2012 ha visto encarecerse los carburantes de automoción hasta anotar máximos históricos en septiembre -1,445 euros el litro de gasóleo y 1,552 euros el de gasolina-.

Para intentar moderar esta escalada, que llegó incluso a disparar la inflación, el Gobierno se reunió con los líderes de las petroleras y encargó sendos informes a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para evaluar el sector.

Ambos concluyeron que el mercado de carburantes español es muy poco competitivo y que los márgenes antes de impuestos son más altos que en la mayoría de los países europeos, y apuntaron una serie de recomendaciones para potenciar la entrada de nuevos operadores.

Desde entonces, los carburantes de automoción se han abaratado más de un 6 %, a pesar de que las recomendaciones de los reguladores no se han puesto en marcha y de que las operadoras insisten en que sus márgenes no pueden ajustarse más.

Por lo que respecta a las empresas, el año 2012 ha estado protagonizado por Repsol después de que el Gobierno argentino confiscara en abril, tras meses de amenazas, la mayor parte de la participación de la petrolera española en YPF.

Repsol contó desde el principio con el respaldo del Gobierno español y la Unión Europea en el conflicto pero, a pesar de ello, Argentina continuó con la operación de forma unilateral y acusaciones de mala gestión.

La petrolera española respondió con una serie de batallas judiciales en tribunales españoles y estadounidenses, una ofensiva que de momento ha llevado a la presentación de una demanda de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi).


Fuente: expansion.com

El Senado aprueba la nueva fiscalidad eléctrica tras rechazar los seis vetos de la oposición


El Pleno del Senado ha aprobado la nueva ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética después de rechazar los seis vetos presentados por los grupos de oposición, con lo que el texto pasará al Congreso, donde será definitivamente ratificado la próxima semana.

El trámite del Senado ha servido para que el PP introduzca varios cambios en la norma entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

El senador del PP José Ignacio Palacios justificó la norma advirtiendo de que "el sistema eléctrico es actualmente insostenible" y de la necesidad de atajar el déficit de tarifa, que crece a un ritmo de 6.000 millones anuales y que, "si no se toman medidas", se duplicará en los próximos tres años, hasta alcanzar 50.000 millones.

Por su parte, el senador socialista Jesús Alique dijo que la ley daña a la industria, responde a la "voracidad recaudatoria" del Gobierno y tiene, en lo referido al nuevo impuesto a la producción eléctrica, carácter "confiscatorio".

El texto aprobado por el Gobierno también incluye una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de "incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear".

Junto a esto, la Cámara Alta ha introducido una nueva definición para el gas natural que quedará exento de los impuestos, en la que se alude al gas natural destinado a "usos profesionales. En su versión original, el texto no hablaba de una exención para el gas de "usos profesionales", sino que aludía al "destinado a usos industriales".

En todo caso, se mantiene la precisión de que el gas natural destinado a producir electricidad tanto en ciclos combinados como mediante cogeneración no podrá disfrutar de la exención.


Fuente: finanzas.com

La CNE creará un grupo de trabajo con el sector del gas para crear un 'hub' en España


La Comisión Nacional de la Energía (CNE) creará un grupo de trabajo al que invitará a participar a todos los agentes del sector del gas con vistas a agilizar el desarrollo de un mercado organizado en España, o 'hub'.

En un comunicado, la CNE explica que acaba de aprobar un plan para el desarrollo del 'hub', y que aparte del grupo de trabajo también analizará en paralelo el funcionamiento de un mercado ibérico de gas entre España y Portugal en el contexto de la Iniciativa Regional del Sur de Europa del Grupo de Reguladores Europeos.

El organismo presidido por Alberto Lafuente indica que el comercio en los mercados mayoristas de gas europeos ('hubs') ha experimentado un enorme crecimiento. Pese a ello, el mercado español carece todavía de un mercado mayorista similar a los del resto de Europa y que permita disponer de una referencia diaria del precio del gas.

Esta circunstancia se produce a pesar de que el nivel de desarrollo de las infraestructuras de la red de gas natural, la regulación sectorial y el grado de madurez y competencia del mercado español de gas son "suficientes y adecuados" para evolucionar hacia un mercado organizado.

La CNE, indica, se ha pronunciado reiteradamente sobre la necesidad de su desarrollo como principal elemento pendiente para impulsar la liberalización del sector.

Dentro del plan de trabajo aprobado por el consejo de la CNE figuran iniciativas como la elaboración de una propuesta de modificación del Real Decreto 949/2001, en particular del capítulo de contratación del acceso.

Además, contempla un análisis de las modificaciones necesarias en el modelo logístico para el desarrollo y fomento del mercado, con el objetivo de evolucionar hacia un modelo de balance basado en mercado.

Junto a esto, alude a la necesidad de elaborar un informe que recoja la situación actual de los mercados de gas en Europa y de un análisis de los modelos de integración y desarrollo de un hub ibérico de gas.


Fuente: finanzas.com

El nuevo peaje progresivo de luz encarecerá un 3% la tarifa de un consumidor medio, según la OCU


El nuevo mecanismo de peajes progresivos en la tarifa de luz, que consiste en recargos suplementarios que se añaden al coste del kilovatio hora en función del consumo, supondrá un encarecimiento del recibo del 3% para un consumidor medio, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

OCU advierte de que esta subida "disfrazada" puede ser del 7% en los casos extremos, o de 200 euros más al año, y recuerda que el incremento se producirá al margen del que se aplique en enero en la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) como consecuencia de la previsible subida de precios en la subasta del próximo 21 de diciembre.

Según los cálculos de la organización, la subida anunciada supone un encarecimiento de la factura media de unos 22 euros anuales, de forma que un hogar medio que tenga contratada una potencia de 3,45 kilovatios (kW) y realice un consumo anual de 3.500 kWh pagará al año por su recibo de la luz unos 778 euros.

Para la organización, la eficiencia energética ha sido utilizada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como una "excusa para una nueva subida" a través de unos peajes progresivos que no son sino un "regalito envenenado para los consumidores".

"El Gobierno plantea una nueva subida de luz, y esta vez la eficiencia energética y la sostenibilidad son los argumentos usados para esquilmar las economías domésticas", lamenta, antes de decir que los consumidores más "castigados" serán los que tengan discriminación horaria, esto es, lo que tienen tarifas más racionales de cara al consumo.

El nuevo recargo aumenta a media que los consumos son mayores, con lo que para los clientes que tengan contratadas altas potencias (9,9 kW) y realicen por lo tanto altos consumos de electricidad, el recibo subirá un 7%, lo que podría suponer hasta 200 euros más al año.

En suma, la OCU entiende que la medida supone "una subida pura y dura", más aún cuando el recargo sólo se evita si el consumo es inferior al que se establece para cada potencia. El límite a partir del cual se añade el recargo es suficientemente bajo como para que pague la mayoría.

La tarifa de discriminación horaria tendrá penalizaciones un 40% mayores, ya que el recargo se aplica con consumos más bajos. Con sólo 876 kWh de consumo al año ya tienen recargo, frente a los 2.280 de los clientes sin discriminación horaria.

Como ejemplo, un hogar que tenga tarifa con discriminación horaria, con potencia contratada de 6,9 kW y un consumo anual de 4.500 kW, el 40% de ellos en horario valle, ya tendrá que asumir el máximo recargo, lo que provocará una subida del 9,3% en su factura de la luz, es decir 88,48 euros más al año.

Los antiguos clientes de tarifa nocturna con potencia contratada en torno a los 10 kW y consumo que superan los 10.000 kWh al año tendrán una situación incluso peor, ya que su subida será del 15,2%, con diferencias en la factura del 236 euros al año.


fuente:finanzas.com

jueves, 13 de diciembre de 2012

Facua dice que la nueva tarifa progresiva de luz es una "subida encubierta" que daña al desfavorecido


Facua-Consumidores en Acción considera que el nuevo mecanismo progresivo creado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de peajes progresivos en la tarifa eléctrica es una "subida encubierta" que dañará a los más desfavorecidos, ya que los domicilios con más personas sufrirán penalizaciones por muy responsable que sea su consumo.

"Lo que prepara el Gobierno no son penalizaciones por exceso de consumo, sino que prepara una subida de tarifas encubierta", aseguró a Europa Press el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

Las eléctricas "desconocen el número de consumidores en cada vivienda" y no tienen forma, "tal y como funciona" el modelo, "de saber cuándo un consumidor está haciendo un consumo excesivo", indicó.

Facua considera que "cuanto más personas haya en una vivienda, más caro pagarán la tarifa" de forma unitaria, lo que perjudicará a muchos domicilios con familias numerosas o reagrupadas donde "no hay un exceso de consumo, sino una necesidad".

"Penalizará a familias que puedan estar atravesando problemas económicos", al tiempo que supone "un nuevo regalo de Industria a las eléctricas", señaló Sánchez.

"Además, las personas con temperaturas más extremas pagarán la electricidad más cara", indicó, en alusión a las regiones en las que es necesario disponer de calefacción en invierno o de aire acondicionado en verano.

Facua considera que el nuevo peaje progresivo no deja de ser una "subida de tarifas disfrazada en una medida justa para fomentar el consumo racional" e insiste en que "el consumo racional no se fomenta regalando dinero a las eléctricas, sino con información, educación y con campañas".


Fuente: finanzas.com

La CNE propone que las centrales térmicas puedan apagarse temporalmente

La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha propuesto hoy que se permita la "hibernación" de las centrales térmicas -es decir, su apagado temporal- para mejorar la "eficiencia" del sistema, algo que actualmente no está regulado, siempre que no afecte a la seguridad del suministro.

Según un comunicado, esta iniciativa se enmarca dentro de la propuesta aprobada hoy por el regulador para modificar el servicio de garantía de suministro, que es el que se encarga de asegurar que no se interrumpa el flujo eléctrico.

Este mecanismo se articula mediante una serie de pagos a las centrales térmicas por permanecer preparadas para funcionar cuando el sistema lo necesite, por ejemplo, cuando aumenta de forma repentina la demanda o cuando se interrumpe la producción renovable por falta de recursos.

Con estas modificaciones, la CNE pretende mejorar el sistema actual, que se ha visto afectado por la caída de la demanda eléctrica y la alta penetración de las renovables, lo que ha relegado a las centrales térmicas a funcionar básicamente como respaldo de las tecnologías no gestionables.

Además, el impacto del sistema ha desplazado "las centrales de ciclo combinado en favor de un mayor funcionamiento de las centrales de carbón autóctono".

El nuevo sistema pretende "incentivar la inversión y la disponibilidad de generación para cubrir la demanda en horas de punta -es decir, de mayor consumo- del sistema a precios razonables".

El mecanismo consistiría en un doble incentivo, a la inversión -organizar subastas de nueva capacidad cuando sea necesario contar con más centrales- y, por otro, a la disponibilidad, mediante un pago regulado a las plantas por permanecer preparadas para entrar a funcionar.

Este pago se establecería de forma previa en función del coste de mantener encendida la central y de la necesidad de contar con esa producción en condiciones adversas, para que cada planta pueda realizar sus cálculos de rentabilidad y decidir si es más rentable ese cobro o la hibernación.

De esta manera, se incentivaría una gestión del aprovisionamiento y el mantenimiento de las instalaciones adecuado a las necesidades del sistema.


Fuente: expansion.com

La CNE ha aprobado una propuesta de mecanismo por el que se establece el servicio de garantía de suministro, cumpliendo con la Orden ministerial de 2011. Se realizó una consulta pública entre mayo y junio de 2012 en la que se recibieron 26 aportaciones.

El contexto energético español se caracteriza por la alta penetración de las energías renovables, una evolución negativa de la demanda de electricidad (desde octubre de 2008) y una importante incorporación de ciclos combinados al sistema. Esto ha conducido al exceso de capacidad de generación eléctrica actual. Sin embargo, no se permite la hibernación temporal de las centrales de generación que sí se permite en otros países europeos. Por otra parte, existe una alta participación de energías renovables no gestionables y las centrales marginales tienden a presentar un funcionamiento reducido orientado básicamente a ser “back-up” de dichas tecnologías. Esto ha empeorado por el impacto del mecanismo de restricciones por garantía de suministro que ha motivado un desplazamiento de las centrales de ciclo combinado en favor de un mayor funcionamiento de las centrales de carbón autóctono.

Desde la CNE se propone una revisión del mecanismo de capacidad actual, pero manteniendo en cualquier caso los criterios de estabilidad que debe respetar un mecanismo de este tipo. Así, el propio mercado ajustará en cada momento los posibles excesos de capacidad. Dicho mecanismo se utiliza como complemento al mercado de “sólo” energía, para incentivar la inversión y la disponibilidad de generación para cubrir la demanda en horas de punta del sistema a precios razonables. Su uso se justifica por la existencia de un precio máximo en el mercado de producción que no permite reflejar el coste de oportunidad de la energía en periodos de escasez, una reducida interconexión con Europa, y la alta participación de energías renovables. Por eso, España cuenta desde la liberalización con un mecanismo de capacidad para garantizar el suministro a medio y largo plazo. Adicionalmente, para dar mayor eficiencia al diseño actual, se propone permitir la hibernación de las centrales de generación en periodos anuales, siempre que la seguridad de suministro no se vea afectada.

La Comisión considera que el mecanismo de capacidad debería garantizar la cobertura de la demanda en el largo plazo con nuevas inversiones en capacidad, e incentivar a las instalaciones actuales a estar disponibles en el medio plazo en los momentos en los que el sistema más lo necesita, aquellos en los se precisa de un mayor apoyo de las tecnologías de “back-up” de las energías renovables.

Así, la propuesta mantiene un servicio de garantía de suministro basado en:

1) “Incentivo a la inversión”: Aunque no se aprecia que haya que incorporar nueva capacidad de generación para cumplir los criterios de garantía de suministro en el medio plazo, se considera necesario establecer las bases de un mecanismo que atraiga esta inversión en el momento que se necesite. Por ello, se propone fomentar la inversión en nueva capacidad mediante un mecanismo de mercado centralizado, es decir, una subasta “organizada”, que será utilizada solo cuando se prevea un problema de cobertura de demanda. No obstante, para las centrales que actualmente están percibiendo este incentivo a la inversión, se propone su mantenimiento hasta su extinción, dando así estabilidad y continuidad a las inversiones ya realizadas.

2) “Incentivo por disponibilidad”: dado el grado de concentración de la potencia gestionable existente, es posible que no hubiera un entorno de suficiente presión competitiva para desarrollar la adquisición de este servicio mediante un mecanismo de mercado, por lo que se propone el uso de un pago regulado para retribuirlo.

Este pago se calcularía “ex ante” teniendo en cuenta una estimación del coste de oportunidad de mantener disponibles las centrales de la tecnología marginal y la potencia necesaria para dar respaldo a las renovables en condiciones adversas. Este pago regulado se repartiría “ex post” según la potencia gestionable que se encuentre disponible en los periodos en los que el sistema más la necesite. Así, se incentivará llevar a cabo una gestión de los contratos de aprovisionamiento, de los mantenimientos y de los embalses que se adecúe a las necesidades reales del sistema.
 
 
Fuente: suelosolar.es

El Gobierno penalizará a los clientes con un consumo excesivo de luz

A partir del 1 de enero

Industria crea un mecanismo de progresividad para el usuario doméstico de luz en función del consumo. Los ayuntamientos y empresas sin derecho a tarifa regulada logran otro año de prórroga en las sanciones por no ir a mercado.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha creado un nuevo mecanismo de progresividad para la parte regulada del recibo de la luz que empezará a aplicarse el 1 de enero y que tiene como objetivo "incentivar el consumo responsable". Los usuarios con consumos superiores a la medida será los más penalizados por los nuevos recargos, en los que el precio del kilovatio hora puede multiplicarse hasta por ocho.

La medida y los nuevos términos de progresividad aparecen recogidos en la orden de peajes eléctricos para el primer trimestre de 2013, a la que ha tenido acceso Europa Press. Según la nueva escala de progresividad, los consumidores con potencias de hasta 7 kilovatios (kW) pueden pasar de pagar 0,00138 euros por kilovatio hora (kWh) en caso de los menores consumos a un 700% más, esto es, 0,01104 euros por KWh, en el tramo de mayor consumo.

En la memoria que acompaña a la orden ministerial se indica que el objetivo de los nuevos peajes progresivos es "establecer medidas que incentiven el consumo responsable de energía a través de la introducción de una progresividad en los precios de los peajes de acceso".

El coste económico será mayor para los usuarios con consumos superiores a la media, si bien el impacto para los hogares "no se prevé elevado", al tiempo que la medida "contribuirá a impulsar un consumo de energía eléctrica más responsable", señala Industria.

En todo caso, la orden ministerial congela los peajes eléctricos, como había anunciado el ministro José Manuel Soria, de forma que la revisión de la tarifa en enero dependerá únicamente del resultado de la subasta eléctrica del próximo 21 de diciembre. La previsible subida en esta puja tendrá un peso cercano al 50% sobre la tarifa final. Industria señala en la memoria económica que la subida "nula" de peajes no provocará "alteraciones sobre el IPC" ni "por tanto sobre la competitividad de la economía española".

Respiro a los ayuntamientos

 Por otro lado, la orden ministerial vuelve a dar un año de plazo a los consumidores con potencias superiores a 10 kilovatios (kW) para la firma de un contrato de suministro en el mercado libre. Estos consumidores, generalmente administraciones públicas y empresas, disponían de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para pasar al mercado libre si no querían exponerse a recargos cercanos al 20% en su recibo.


Esta exigencia se había convertido en un problema para algunas administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, que se encuentran acuciados por la falta de recursos económicos y que tienen mucha dificultad para encontrar un suministrador eléctrico a precio competitivo.

El bono social, a la tarifa

 Por otro lado, Industria ha recogido en sus previsiones de costes del sistema eléctrico las sentencias del Tribunal Supremo en las que se exime a las eléctricas de financiar el mecanismo del bono social. De esta forma, será los consumidores eléctricos, mediente la tarifa, los que costeen esta medida apoyo a colectivos vulnerables.


En concreto, Industria ha recogido un coste de 161 millones de euros imputable a la tarifa de 2012 relacionada con el bono social, así como de 187 millones de euros para el ejercicio 2013.


Fuente: expansion.com

La luz marca máximos de tres años y adelanta una fuerte subida en enero

El precio de la electricidad en el mercado mayorista marcó un máximo de los últimos tres años el pasado 12 de diciembre. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico, el coste medio en el mercado diario alcanzó los 67,51 euros por megavatio hora, lo que supone el precio más alto de los últimos tres ejercicios y augura un importante incremento de precios a partir de enero de 2013.

En los próximos días se celebrará la subasta Cesur -aún no hay fecha fijada- que será la encargada de poner los precios de la electricidad para el primer trimestre del próximo año. Si tenemos en cuenta que el Gobierno ya ha anunciado que no prevé incrementar los peajes, que representan el 50% de la tarifa eléctrica, el resultado de esta convocatoria será especialmente relevante para los consumidores.

Prácticamente en todas las subastas Cesur se ha registrado un precio superior al marcado con posterioridad en el mercado diario de electricidad y, habitualmente, los días anteriores a la subasta se han registrado también precios más altos. En esta ocasión, los movimientos toman además relevancia, porque la aprobación y la puesta en funcionamiento de las nuevas tasas se estima que elevará los precios en torno a 2,5 o 3 euros por cada megavatio hora, lo que provocará un incremento en el recibo de la luz.

En el sector eléctrico se baraja ya una subida de entre el 6 y el 8% para el recibo de la luz, que con estas últimas subidas parece confirmarse.

Además, existe otro factor que puede comenzar a ganar peso en los próximos días y es el funcionamiento de las centrales nucleares y la decisión de parada y de cierre de algunas plantas que pueden provocar aumentos de precios adicionales. A todos estos factores se suma, tal y como denunció elEconomista, la utilización de una triquiñuela legal en el llamado mercado de reserva de potencia adicional a subir.

Un buen número de centrales del régimen ordinario están programando en el mercado diario valores de producción inferiores a su mínimo técnico, en una maniobra que pagan todos los consumidores y que se están produciendo no en horas con elevada producción renovable, como en un primer momento se apuntó, sino en periodos de consumo punta, tal y como apuntaron fuentes consultadas por elEconomista. La evolución de los precios de mercado, así como de los servicios complementarios o de reserva pueden elevar el precio de la energía y compensar en cierto modo la caída del consumo y la situación de sobrecapacidad. El mercado de futuros para los próximos años ya registra además una subida mayor a la de otros grandes mercados europeos.


Fuente: eleconomista.es

miércoles, 12 de diciembre de 2012

AEE cifra en 300 millones el impacto del nuevo impuesto del 7% para la eólica y prevé un 2013 difícil

El sector "pierde empleo día tras día" y reclama al Gobierno "visibilidad regulatoria


La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, calcula que el nuevo impuesto del 7% a la generación eléctrica tendrá un impacto anual de 300 millones de euros para la eólica a partir de 2013, ejercicio en el que la actividad del sector se limitará a la "inercia", salvo que el Gobierno no ofrezca un nuevo marco normativo.

Durante la presentación del Informe Macroeconómico del Sector Eólico en España de 2011, elaborado por Deloitte, Sicre se mostró crítica con el nuevo impuesto y advirtió de que su impacto se suma a otros 300 millones correspondientes al resto de gravámenes cargados sobre la eólica, muchos de ellos autonómicos.

La presidenta de la AEE destacó la capacidad de la eólica para "generar valor para la economía no solo en un año puntual, sino desde el inicio de los incentivos," y recordó que España debe cumplir el "compromiso" de cumplir con los objetivos comunitarios de integración de renovables en 2020.

"No vemos razonable el nuevo impuesto" sobre cuya aprobación se pronunciará esta semana el Senado, indicó Sicre, antes de considerar que el proyecto de ley de sostenibilidad energética está siendo una "oportunidad perdida" para solucionar el problema del déficit de tarifa.

Para la asociación, resulta contradictorio que la eólica pague no solo este impuesto, sino otros autonómicos en los que se alude al respeto al medio ambiente como justificación para su aplicación.

SIN VISIBILIDAD REGULATORIA.

La eólica, que instaló en 2012 cerca de 1.000 megavatios (MW) incluidos en los registros de preasignación y exentos de la moratoria a las renovables, se enfrenta a un 2013 "lleno de incertidumbre" y "sin un futuro claro" a falta de "visibilidad regulatoria", advirtió Sicre.

"No hay nueva actividad y se pierde empleo día tras día", afirmó la presidenta de la AEE, antes de "tender la mano" al Gobierno en la búsqueda de soluciones a los problemas del sector, a pesar de que las primas recibidas por la eólica "no causan el déficit de tarifa".

"Tenemos que ser conscientes de la difícil situación de España y de la importancia de resolver el déficit de tarifa, y por eso la eólica está dispuesta a dialogar, pero también quiere destacar que ha crecido siguiendo los objetivos y que tiene efectos muy positivos sobre la economía", señaló.


Cuenta: eleconomista.es

El alza del coste de la luz une a pequeñas eléctricas y a gigantes del IBEX

La asociación ACIE pide, con el apoyo de Gran Cess, formada por grandes empresas como Telefónica y El Corte Inglés, que el Comité de Agentes del Mercado eléctrico analice la evolución alcista de los servicios de ajuste del sistema.

El Comité de Agentes del Mercado Eléctrico, un órgano formado por las empresas y operadores de este sector que se encarga, entre otras funciones, de analizar su nivel de competencia, va a estudiar a finales de este mes, en una reunión extraordinaria, el comportamiento inflacionista registrado en los últimos meses en los precios de los servicios de ajuste del sistema, y en concreto, en el denominado mercado de restricciones técnicas, por el que se compensa con una prima a determinadas centrales (térmicas convencionales e hidráulicas) por aumentar su producción en ciertos momentos.

La reunión tendrá lugar el próximo día 27 y fue convocada el pasado lunes a petición de las pequeñas compañías eléctricas, agrupadas en la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE). La solicitud contó con el apoyo de, entre otras, la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios (Gran Ceess), en la que están integradas Renfe y Adif, El Corte Inglés, Mercadona, Telefónica, Aena y la Comunidad de Madrid, entre otras empresas e instituciones.

La reunión pretende dilucidar las razones del crecimiento exponencial de la factura del nuevo servicio de reserva adicional a subir, puesto en marcha el año pasado por el operador del sistema, Red Eléctrica (REE), para gestionar capacidad de generación adicional con la que hacer frente a la creciente penetración de las renovables cuya producción no es gestionable (eólica y fotovoltaica) y garantizar el suministro.

En concreto, dicha factura ha pasado de 20.000 euros en el mes de junio a más de 17 millones de euros en octubre pasado. REE, que como operador del sistema es la empresa encargada de gestionar este servicio, no comenta esta información, que circula entre los miembros del comité, y recuerda que son datos "confidenciales".

Está por ver si la reunión acaba en una petición concreta al regulador, dado que las grandes eléctricas (beneficiarias del sistema de restricciones) tienen mayoría en el Comité de Agentes del Mercado, que está formado por cerca de una veintena de representantes.

No obstante, la convocatoria llega con el sector en máxima alerta ante las nuevas modificaciones normativas que, tras el mazazo del proyecto de ley de Medidas para la Sostenibilidad Energética (conocido como impuestazo eléctrico), prepara el Ministerio de Industria ante el desbarajuste del sector, que arrastra, entre otros problemas, la multimillonaria deuda del déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico).

La Administración está al tanto de las fluctuaciones experimentadas en los últimos meses en los precios de los servicios de ajuste del sistema, apuntan fuentes del sector.

El Comité de Agentes del Mercado es un órgano que tiene por objeto supervisar el funcionamiento de la gestión económica del sistema y proponer medidas que puedan redundar en un mejor funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica. Se encarga de realizar el seguimiento del funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción y del desarrollo de los procesos de casación y liquidación; de conocer, a través del Operador del Mercado, las incidencias en el funcionamiento del mercado; proponer al operador reglas de funcionamiento; asesorarle en la resolución de incidencias y recabar información periódica sobre aquellos aspectos que permitan analizar el nivel de competencia del mercado.

Este órgano se reúne de forma ordinaria una vez cada dos meses; normalmente, lo hace el martes de la tercera semana de los meses impares. Fuentes próximas al mismo subrayan que la convocatoria de reuniones extraordinarias "entra dentro de lo habitual".


Fuente: vozpopuli.com