Descuentos "insignificantes" en las tarifas

• El descuento medio que están aplicando es de 70 céntimos.
• Facua pide cautela a la hora de decidirse por una nueva compañía.
• Denuncia la opacidad en la información sobre las nuevas tarifas.

FACUA recomienda a los usuarios que no se precipiten a la hora de elegir una nueva compañía eléctrica y esperen a los cambios que sin duda se producirán en el mercado en las próximas semanas o meses, porque los descuentos que actualmente aplican las nuevas comercializadoras eléctricas sobre la tarifa regulada por el Gobierno son, a su juicio, insignificantes, de unos 70 céntimos al mes.

Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre las 15 empresas comercializadoras de electricidad que operan en el mercado libre para evaluar las tarifas ofertadas a los usuarios domésticos.

Para un usuario doméstico medio, que consume 266 kWh al mes, el descuento del 2% en la energía consumida sólo representa 69,53 céntimos mensuales (57,02736 céntimos antes de impuestos) con respecto a lo que actualmente paga con la tarifa regulada. Para un usuario con un consumo mensual más elevado, de 400 kWh, el citado descuento supondría 87,17 céntimos (1,06 euros antes de impuestos).

FACUA denuncia que las compañías se niegan a enviar a los usuarios documentación con sus condiciones contractuales si antes no las aceptan a ciegas. De hecho, varias eléctricas indican que sus contratos tienen un compromiso de permanencia de un año, siendo una incógnita si conllevan penalizaciones por baja anticipada.

Información opaca

Asimismo, FACUA critica la opacidad del Ministerio de Industria sobre la tarifa que fijará a partir de julio y teme que vuelva a aplicar una gran subida para expulsar a los usuarios al mercado liberalizado. Y es que si se produce un incremento importante, las eléctricas podrán seguir ofertando en el mercado libre las mismas tarifas que en la actualidad pero éstas supondrán mayores márgenes de descuento con respecto a la fijada por el Gobierno.

En este sentido, la asociación recuerda que hace menos de dos años, en julio de 2007, la mayoría de usuarios domésticos (con la tarifa 2.0.2.) pagaban por cada kWh consumido 10,96 céntimos (8,9868 más el 21,93% que representan los impuestos sobre la electricidad y el valor añadido). Hoy les cuesta un 25,2% más.

Actualmente, sólo cinco de las comercializadoras que operan con sus propias tarifas facilitan ofertas a usuarios domésticos a través de sus teléfonos de información. Se trata de Endesa Energía, Hidrocantábrico Energía, Naturgás Energía Comercializadora, Nexus Energía (ésta sólo presta servicios en el País Vasco) y Unión Fenosa Comercial.

Otras dos, Eon Energía y Gesternova, no facilitan ninguna información por teléfono e indican a los usuarios que si quieren recibir una oferta, deben facilitar sus datos para que un comercial contacte con ellos.

Las ocho restantes advierten que sólo ofrecen servicios a empresas o que todavía no tienen ofertas en régimen de mercado libre. Son Bassols Energía Comercial, Céntrica Energía, Comercializadora Eléctrica de Cádiz, Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, Enerco Cuellar, Estabanell y Pahisa Mercator, Factor Energía e Iberdrola.

Endesa Energía, Hidrocantábrico Energía, Naturgas Energía Comercializadora y Nexus Energía tienen la misma oferta de mercado libre: un descuento del 2% en el precio de cada kWh consumido -término de energía- sobre la tarifa fijada por el Gobierno.

Fuente: 20minutos.es

371.000 clientes de Gipuzkoa podrán elegir la compañía eléctrica desde el 1 de julio

El mercado de la electricidad se liberaliza y desaparece la tarifa integral que fijaba el Gobierno

Se avecinan cambios en el mercado eléctrico y en los recibos que llegan a los hogares. A partir del 1 de julio, desaparecerán las tarifas integrales que hasta ahora fijaba el Gobierno y se producirá la liberalización del sector lo que, en un principio, redundará en la competencia entre las compañías, en «mejores precios y más calidad en el servicio». Al menos, eso es lo que pretende el Gobierno con la transposición de la directiva europea 2003/54 mediante dos reales decretos, pendientes de desarrollo.

En Gipuzkoa, 346.489 clientes que actualmente tienen contratada una potencia de baja tensión inferior o igual a 10 kW -la mayoría de los hogares- podrán optar por salir al mercado libre y contratar alguna de las ofertas que reciban o, si lo prefieren, no hacer ninguna gestión y seguir con la actual empresa, que aplicará la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR), un precio que fijará el Gobierno teniendo en cuenta las fluctuaciones del coste real de la energía. Aquellos que tengan contratado más 10 kW -en Gipuzkoa 24.896 clientes, la mayoría empresas- estarán obligados a contratar el suministro en el mercado libre.

Comercializadoras

A partir del 1 de julio, los clientes podrán acudir al mercado y optar entre las diferentes ofertas que las compañías realicen y en las que, como ocurre en el caso de la telefonía, se incluirán primas por permanencia. Iberdrola continuará siendo la empresa que se encargue de la distribución de la electricidad en el País Vasco pero ahora se ocuparán otras empresas de la comercialización, incluida la propia eléctrica vasca. Compañías como Endesa, Naturgas, Eon, Unión Fenosa... podrán comercializar la electricidad y realizarán ofertas para conseguir clientes en el mercado que se acaba de abrir.

Siguiendo las directrices del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, las actuales empresas distribuidoras están haciendo llegar a sus clientes una carta informativa explicando el panorama que se abre a partir del 1 de julio y recordando que las empresas distribuidoras como Iberdrola, propietarias de las redes en su zona, «continuarán operando las instalaciones, leyendo los contadores y proporcionando el servicio de averías las 24 horas».

A los clientes se les ofrecen tres alternativas. Por un lado, se les explica que a partir de esa fecha pueden contratar con una empresa comercializadora y a un precio libremente pactado (en la carta se ofrece la lista de 18 empresas y el contacto). Asimismo, se les recuerda que pueden contratar el suministro con las cinco comercializadoras de último recurso designadas por el Gobierno -entre ellas Iberdrola- que le ofrecerán la Tarifa de Último Recurso (TUR).
Por último, se informa a los clientes que, si no realizan ninguna gestión, desde el 1 de julio el suministro será asumido por la nueva comercializadora de su actual compañía -en el caso de Gipuzkoa, Iberdrola-, aplicando la TUR.

La liberalización del mercado elimina las tarifas integrales que fijaba el Gobierno. No obstante, no todo queda a merced de las leyes de la oferta y la demanda. Pensando en «proteger a los pequeños consumidores» -hogares y pequeñas empresas-, la nueva ordenación pone en el mercado la Tarifa de Último Recurso. Según el decreto, esta tarifa será el precio máximo y mínimo que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores. A falta de que el Gobierno fije los criterios para su cálculo mediante orden ministerial, el precio será una horquilla que fluctuará teniendo en cuenta la evolución del coste de producción y comercialización de la electricidad, y será revisada periódicamente.

Según fuentes del Gobierno, la TUR tendrá, de entrada, un coste «muy parecido» a las actuales tarifas eléctricas en los hogares. Además, seguirán existiendo reducciones por discriminación horaria (antes tarifa nocturna). Desde Unesa, la patronal de las compañías eléctricas, señalan que la TUR no «tiene por qué tener un precio inferior al mercado libre pero sí va a garantizar que al pequeño consumidor no le van a cobrar más de una cantidad».

A la TUR se podrán acoger los clientes que tengan contratada una potencia igual o menor a 10 kW. Dentro de este grupo, en Gipuzkoa hay 61.582 clientes que tiene contratada una potencia igual o inferior a 3 kW en su vivienda habitual. Para ellos, el Gobierno ha preparado un Bono Social que cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y un valor de referencia, que se denominará tarifa reducida. En la práctica, supondrá congelar su actual tarifa hasta 2012.
A la espera del desarrollo del Real Decreto Ley 6-2009, también tendrán derecho a acogerse a este Bono Social lo consumidores con más de 60 años que acrediten ser pensionistas con cuantías mínimas, familias numerosas y unidades familiares con todos sus miembros desempleados. La financiación de este Bono Social será costeado por las eléctricas.

Empresas a la expectativa

A la espera de que el Gobierno concrete los criterios que fijarán la Tarifa de Último Recurso, las compañías eléctricas están a la expectativa.

De momento, apenas se han aventurado a realizar ofertas dirigidas a los clientes de menos de 10 kW, porque desconocen el «margen» que van disponer. Por lo general, las ofertas presentadas hasta la fecha para estos clientes no superan el 2% de rebaja de lo que será la TUR. Donde sí hay más movimiento es en el mercado de las empresas y los clientes que consumen más de 10 kW, y que están obligados a acudir al mercado libre. Para ellos, compañías como Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa ofrecen ya descuentos de entre un 12 y un 15%.

Desde la patronal de las compañías eléctricas españolas, Unesa, aconsejan a los pequeños consumidores agruparse, como puede ser en comunidades de vecinos, para obtener un precio ventajoso en el mercado libre.

Reducir el déficit tarifario

A pesar de que una de las consecuencias de la liberalización del mercado de la electricidad sería la bajada de precios, a causa de la competencia, el panorama a corto plazo parece que no será así. No en vano, paralelamente a esta liberalización, el Gobierno ha tomado medidas en el sector para acabar con el creciente déficit tarifario, es decir, la diferencia entre la recaudación por las tarifas reguladas que hasta ahora fijaba la administración y que pagaban los consumidores y los costes reales de dichas tarifas. A juicio del Gobierno, este desfase, «pone en riesgo la situación financiera de las empresas del sector». Hasta ahora este déficit se ha ido trasladando a generaciones futuras «a través de reconocimiento de derechos de cobro a largo plazo».

Con los cambios normativos, «los precios tendrán que ajustarse a los costes reales de la energía. La bajada de la tarifa se notará a medio y largo plazo», señalan desde el Ministerio de Industria.

Fuente: diariovasco.com

Las eléctricas pagarán 450 millones por el bono social y se ahorrarán 2.860 millones por el CO2

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio estima que el coste para las compañías eléctricas del nuevo bono social, que permitirá congelar la luz hasta 2012 a colectivos desfavorecidos, será de 450 millones de euros, menos de la mitad de lo estimado por el sector, mientras que la supresión de la minoración de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero supondrá que las compañías se evitarán devolver hasta 2.860 millones de euros hasta 2012.

Así consta en un informe remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, al que tuvo acceso Europa Press, sobre el Decreto Ley de medidas extraordinarias en el sector energético convalidado la semana pasada que recoge la creación del bono social que beneficiará a 4,8 millones de clientes.

A cambio, la norma permite la eliminación del déficit tarifario y deroga un decreto anterior por el que se les detraía parte de los ingresos extras que perciben por trasladar al precio de la electricidad el coste de los derechos de emisión de CO2, si bien esta supresión sólo entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio de este año.

388 MILLONES POR EL CO2 EN 2009.

Así, el Estado todavía minorará los derechos de emisión de gases de efecto invernadero de las eléctricas en 388 millones de euros durante 2009. Para el resto del ejercicio, Industria estima que "a unos precios del CO2 en torno a los 12,5 euros por tonelada" la detracción de dichos derechos hubiera supuesto otros 388 millones de euros.

También se ofrece una proyección para los próximos ejercicios que apunta que en 2010 la detracción hubiera sido de 809 millones de euros, de 827 millones en 2011 y alcanzaría los 836 millones para 2012. Así, el total que las compañías no tendrán que devolver sumará 2.860 millones para estos tres años y medio.

Por contra, el Gobierno no ofrece datos de lo que tienen que devolver las eléctricas por los derechos de los años 2007 y 2008, ejercicios que también computaban según lo dispuesto en el decreto ley impulsado por el anterior ministro de Industria, Joan Clos, y convalidado por el Congreso en noviembre de 2007.

REPARTO DEL BONO SOCIAL ABIERTO A CAMBIOS.

El Gobierno señala que el bono social se establece "sin límite temporal" y es ascendente hasta 2012, año en el que se estabilizará en los 450 millones de euros, cifra que es inferior a la mitad de los más de 1.000 millones estimados por la Asociación de la Industria Eléctrica (Unesa).

El bono social cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y un valor de referencia que se llamará "tarifa reducida". La financiación será "compartida" por doce empresas, pero la mayor carga corresponderá a Endesa (36,7%), Iberdrola (34,9%), Unión Fenosa (10%), Gas Natural (3,5%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (3,5%).

No obstante, Industria precisa que estos porcentajes de reparto podrán modificarse atendiendo a las transmisiones de insularidad de las instalaciones de régimen ordinario peninsular, así como a los cambios empresariales que tengan lugar en la actividad de generación.

Fuente: EuropaPress

Factura eléctrica al alza

Se esfuma la tarifa regulada y hay que elegir nueva compania Denuncian que 540.000 clientes baleares tendrán recibos un 30% más caros si no cambian de operador


Faltan sólo 36 días para que el mercado regulado de la tarifa eléctrica desaparezca y el consumidor balear deba elegir entre diferentes compañías que compartirán la tarta eléctrica con Gesa-Endesa. Y hay prisa, si el cliente no elige nueva compañía antes del 1 de julio, se aplicará la Tarifa de Último Recurso (TUR), es decir, la más alta del mercado.

La medida impuesta por el Ministerio de Industria y Energía está levantando ampollas antes de que se aplique. La Associació d'Empresaris d'Instalacions Elèctriques i de Telecomunicacions de Mallorca (Asinem) denuncia que aquellos consumidores que no elijan compañía se quedarán con la TUR, que es "entre un 20 y un 30 porciento más cara". En Balears, la compañía por defecto sería Endesa Energía XXI.

Sin publicidad

Asinem denuncia que "hay más de 30 comercializadoras de energía entre las que tienen que elegir los clientes de Balears, pero aún no se ha hecho propaganda". Lo único que se percibe es la llegada de algunas cartas por parte de Gesa-Endesa advirtiendo de la entrada en vigor del mercado libre.

Desde Gesa reconocen que el incremento de la factura podría ser del 5 por ciento, aunque para los clientes de más de 10kW contratados (que suelen ser grandes consumidores de energía). Gesa, que contará con su propia tarifa libre para competir, ha creado un retén para informar a los más de 540.000 clientes balears que no han decidido.

Al final, la liberalización de la electricidad sería igual que la de los teléfonos móviles: habrá que ir compañía por compañía (y son más de 30 en España) para conocer las tarifas más convenientes.
En cuanto al Bono Social, con precios más bajos para parados y pensionistas, pasará a aplicarse también el 1 de julio, aunque no se saben las condiciones. Sólo que es para hogares de menos de 3kW, es decir, sólo luz corriente y pequeños electrodomésticos.

LA SEGUNDA SUBIDA DE TARIFAS TRAS EL SUSTO DE ENERO

Con enero llegó la polémica de la luz: subían las tarifas, hubo una ola de frío y, por primera vez, llegaba la factura cada mes aunque la lectura era bimensual. El embrollo entre lectura real y estimada de los contadores se saldó con un buen número de consumidores enfadados, pero el caso es que las tarifas siguieron igual de altas.

Sólo seis meses después llega el obligado cambio de tarifa eléctrica bajo la amenaza de un nuevo encarecimiento de la factura. La competencia entre distribuidoras eléctricas podría suponer una rebaja del precio final, pero el consumidor aún no tiene información con qué comparar.

Fuente: ADN.es

Asaja y Endesa firman un convenio para tarifas de riego de baja tensión que ahorrará tres millones en Andalucía

El vicepresidente nacional de Asaja y presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, y el director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, Julio Moratalla, presentaron hoy el convenio a nivel nacional que ambas entidades han firmado sobre las tarifas eléctricas de riego de baja tensión, con el cual se prevé ahorrar tres millones de euros en Andalucía, ante la liberalización de este mercado el próximo 1 de julio.

En rueda de prensa en Sevilla, Moratalla explicó que la liberalización de las tarifas eléctricas de riesgo de baja tensión el próximo 1 de julio afectará a 43.595 agricultores de regadío en España, de los que el 50 por ciento los comercializa Endesa y el 80 por ciento de estos son regantes de la Comunidad andaluza.

El convenio, según explicó Serra, permite reducir el coste por la energía consumida en un doce por ciento, que a nivel nacional supone un ahorro para los regantes de más de seis millones de euros, de los cuales tres repercuten en Andalucía.

Serra apuntó que la factura eléctrica para estos regantes se divide en tres partes, el término de potencia --fijado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio--, el término de energía --establecido por las comercializadoras-- y los impuestos, entre los que se encuentra el especial de la electricidad y el IVA.

Así, detalló que el convenio supone la reducción del doce por ciento en el término de energía que establece Endesa, asimismo, el convenio establece condiciones preferentes para la agilización hacia el mercado libre y además Endesa ofrecerá atención personalizada a los regantes que así lo pidan sobre energías alternativas.

Si bien, el presidente de Asaja-A destacó que aún quedan temas pendientes por negociar con el Gobierno nacional respecto a la factura eléctrica de baja tensión y pidió poder reducir estacionalmente el termino de potencia "porque hay meses en los que no se gasta el total de la potencia contratada" y reducciones en el impuesto especial de electricidad y el IVA.

Por último, el director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura apostó por el incremento del uso de las energías alternativas como establecer cédulas fotovoltaicas en las cubiertas de las naves que "puede salvar un año malo al representar un ingreso que da estabilidad a la explotación".

REGADÍO EN ESPAÑA

En España, el 13 por ciento de la superficie agraria útil es de regadío y proporciona el 50 por ciento de la producción agraria. El regadío produce el dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España y da empleo al cuatro por ciento de la mano de obra ocupada.

En el caso de Andalucía, ésta es la Comunidad con mayor superficie de regadío, con cerca de 900.000 hectáreas, lo que supone el 22 por ciento de la superficie agraria útil andaluza, el 60 por ciento de la producción final agraria, un 50 por ciento del empleo agrario andaluz y el 15 por ciento del empleo total regional.

Además, la provincia de Sevilla, al representar el 27,1 por ciento de la superficie de riego en Andalucía, representa también el mayor porcentaje de contratos de suministro eléctrico para riego en Baja Tensión. Los cultivos más representativos en Andalucía son el arroz, el olivar, los cítricos, los frutales, los hortícolas, el algodón, el maíz y los invernaderos.

El vicepresidente de Asaja y presidente de Asaja-A destacó que, además, una hectárea de regadío tiene una productividad seis veces superior a una de secano y genera una renta cuatro veces mayor, lo que permite "el mantenimiento de la renta de agricultores con pequeñas explotaciones y fijando a la población en el medio rural".

Fuente: EuropaPress

Ofertas de electricidad: espere al 1 de julio

Las informaciones de las compañías de suministro suscitan dudas entre los usuarios de electricidad. La OCU anima a la tranquilidad: advierte del riesgo que entraña salir al mercado liberalizado antes del 1 de julio, y recomienda a los usuarios no aceptar de momento ninguna oferta de comercializadoras, ante la falta de transparencia de esas ofertas y de las condiciones de la Tarifa de Último Recurso.

La OCU advierte a los consumidores del riesgo que supone, en estos momentos, pasar al mercado libre de electricidad, ya que no se conocen todavía cuáles serán las condiciones de la nueva Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), ni del nuevo Bono Social, ni tampoco las ofertas que las empresas comercializadoras de electricidad harán a partir de ese momento.

Las compañías distribuidoras de electricidad, cumpliendo la normativa vigente, están empezando a comunicar a sus clientes que con la entrada en vigor el próximo 1 de julio de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) dejan de ser sus clientes y que deben elegir una comercializadora que les suministre la electricidad ya sea con tarifas libremente pactadas o con la Tarifa de Último Recurso.

La OCU recuerda que el cliente en ningún momento dejará de tener suministro eléctrico, y que si no firman ni aceptan ninguna oferta, automáticamente serán traspasados el día 1 de Julio a la comercializadora de su propia distribuidora, y mantendrán la Tarifa de Último Recurso, sin ningún tipo de compromiso de permanencia.

La OCU insiste que, si acepta ahora una oferta de una empresa comercializadora, incluida la de su propia distribuidora, pasará al mercado libre, atado con un contrato de una duración mínima de 12 meses y renunciando así a nuevas ofertas que previsiblemente se produzcan a partir del 1 de Julio.

Otro problema añadido es la escasa transparencia de las empresas comercializadoras con contratos y tarifas no comunicados ni revisados por ningún organismo, dificulta que los consumidores conozcan todas las características de los contratos (duración, condiciones de renovación, condiciones de cancelación, penalizaciones en caso de baja…) y la tarifa exacta que le aplicarán durante toda la duración del contrato.

La OCU recuerda que el anunciado Bono Social, del que aún quedan muchos detalles por conocer, estará dirigido entre otros colectivos a familias numerosas, familias con todos sus miembros parados, pensionistas con ingresos mínimos… pero sólo estará disponible para clientes con la Tarifa de Último Recurso por lo que si pasan a mercado libre no podrán beneficiarse de la misma.
La OCU advierte, además, a los clientes con potencia contratada superior a 10 kW, en su mayoría antiguos clientes con tarifa nocturna, que el Gobierno les deja sin Tarifa de Último Recurso y obligatoriamente deberán contratar con una comercializadora en el mercado libre. De lo contrario se les aplicará una tarifa más elevada que se incrementará progresivamente, pudiendo llegar en último término a quedarse sin suministro eléctrico. A fecha de hoy, las empresas suministradoras de electricidad no han lanzado al mercado ofertas similares a la Tarifa de Discriminación Horario o Nocturna.

Por todo ello la OCU recomienda a los consumidores que no contesten a las cartas de su distribuidora y que no acepten ofertas por parte de las compañías suministradoras de electricidad hasta que se clarifiquen las distintas condiciones y tarifas a aplicar a partir del 1 de Julio.

La OCU denuncia la absoluta improvisación y falta de transparencia con la que se ha desarrollado el tránsito hacia la plena liberalización del mercado de la electricidad y la puesta en marcha de la TUR, ya que cuando apenas faltan 45 días para su entrada en vigor, el Ministerio de Industria no ha aclarado la condiciones y tarifas a aplicar a los consumidores a partir del 1 de Julio. Situación ésta que no es de extrañar ante la absoluta falta de rigor, transparencia y respeto de los derechos de los consumidores que ha presidido la actuación de este Ministerio durante estos últimos años.

Fuente: ocu.org

El lobby de grandes consumidoras avisa de que la crisis eléctrica se cerró en falso

El portavoz de las empresas con alta factura de la luz pide la equiparación de precios a la media internacional

La asociación española de empresas con gran consumo de energía (AEGE) se niega a dar por cerrado el debate sobre el precio al que las industrias deben pagar la electricidad en España por más que las tres compañías que más kilovatios consumen al año -las tres con fábricas en Avilés: Asturiana de Zinc, Arcelor y Alcoa- hayan pactado una tarifa bonificada que les asegura precios inferiores a 40 euros durante los próximos años. AEGE respeta la independencia con que han actuado Asturiana de Zinc, Arcelor y Alcoa para aclarar su futuro eléctrico a corto y medio plazo, pero en opinión de esta entidad que funciona como un lobby de la gran y mediana industria española, la «crisis del kilovatio» se ha cerrado en falso. Como dice el dicho: «Pan para hoy...».

El vicepresidente ejecutivo de AEGE, Javier Penacho, al habla ayer con este diario desde Madrid, fue tajante: «Con o sin G4 (la extinta tarifa bonificada que garantizaba precios mínimos de la electricidad a las grandes compañías consumidoras), con o sin acuerdos individuales, la industria española -y no digamos firmas como AZSA y Alcoa- necesita poder pagar la energía eléctrica al precio internacional. Si no es así estarán en una posición de desventaja competitiva y, tarde o temprano, habrá problemas». Esos no serían otros, vaticina Penacho, que el cierre de fábricas, el traslado de la producción a otros territorios donde el precio de luz resulte más ventajoso o penalizaciones en términos de inversión (en la presunción de que los aumentos de capacidad se aprobarían para países con la electricidad más barata).

El convencimiento de que los deberes en materia eléctrica aún siguen sin hacer en España, por más que tres empresas hayan logrado sacar estos días la cabeza del pozo, tiene que ver, según Penacho, con la «ausencia de auténtica competencia entre las eléctricas, lo cual convierte en una pantomima la supuesta liberalización del mercado» y, sobre todo, con «la dificultad que vienen mostrando los sucesivos ministros para entender que la electricidad, a diferencia de para el consumidor doméstico, para la industria es una materia prima y como tal, un factor de competitividad».

Desde AEGE se asegura que las empresas de gran consumo eléctrico tienen «toda la disposición» a explorar fórmulas para mejorar la gestión de la red y favorecer el consumo racional de electricidad. Penacho cuenta cómo, por ejemplo, se podría acortar la brutal diferencia que existe entre la demanda nocturna o la diurna y destaca la posibilidad que tienen ciertas industrias de interrumpir su consumo en momentos de alta demanda doméstica (concepto de interrumpibilidad del suministro). A cambio de contribuir esa mayor eficiencia del sistema, los asociados de AEGE piden compensaciones -«que no subvenciones», matiza Penacho.

El responsable de AEGE insta al Gobierno a abrir un gran debate al respecto de estos temas precisamente ahora, cuando debido a la crisis se alzan tantas voces favorables a la revisión del modelo económico. «Si la industria ha de ser un pilar de la futura economía española, necesita disponer de suministro eléctrico competitivo», concluye Javier Penacho.

Fuente: lne.es

Madrid recurre la ley que cambia la tarifa eléctrica

Son ya incontables los recursos para zanjar conflictos de competencias con el Ejecutivo central que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha llevado al Tribunal Constitucional. El último lo aprobó ayer y se refiere a la ley con la que el Ministerio de Industria modificó los sistemas tarifarios de las compañías eléctricas.
Aunque el vicepresidente regional, Ignacio González, cargó ayer las tintas sobre la subida de precios que este cambio ha supuesto para los usuarios, el recurso no afecta a las tarifas. A la Comunidad le parece que la ley invade sus competencias en materia de consumo. En concreto, cuestiona la creación de una oficina de ayuda al consumidor y la coordinación de la forma de actuar contra las reclamaciones.

Los servicios jurídicos del Gobierno regional consideran que la Oficina de Atención al Consumidor que crea la ley puede vulnerar las competencias autonómicas en materia de protección al consumidor. También las que afectan a la instalación de producción, distribución y transporte de energías, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma. El Ejecutivo regional no facilitó ayer el texto del recurso.

Por otra parte, Aguirre pidió al Gobierno central que trate a Madrid como a Cataluña en el caso de Iveco, comparando las ayudas que ha recibido esta empresa con las de Seat.

Fuente: elpais.com

Las eléctricas no competirán en el mercado libre hasta final de año

La OCU teme que se nieguen a hacer rebajas antes de mediados del 2010

En 49 días, la tarifa regulada que blinda el precio de la luz será historia. El Gobierno ha tardado tres años en liberalizar el mercado, desde los grandes consumidores en el 2007, a los clientes domésticos y pymes, a partir del 1 de julio. Pero a menos de dos meses para el salto final, que afectará a casi 27 millones de usuarios, sigue sin haber una competencia real de precios.

Y no se esperan ofertas al menos hasta final de año. Así lo admiten fuentes de Unesa, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, donde se integran las principales compañías del país. ¿Por qué? La patronal del sector considera «imposible» aplicar «rebajas considerables» antes de que la pesada maquinaria reguladora del mercado mayorista se engrase.

El director de relaciones externas de Unesa, Antonio Petit, explica que «a partir de ahora los generadores de electricidad serán los mismos y los cables que llegan a las viviendas, también; pero habrá unos señores distintos [las comercializadoras] comprando electricidad en el mercado mayorista para vendérsela a todos los usuarios». Estos dependen de que el nuevo sistema de subastas se regularice para saber cuánto les cuesta a ellos la luz. «Entonces se lanzarán a por los clientes», dice Petit, «pero no antes».

Así hablan las compañías. Pero las organizaciones de consumidores temen que sea necesario esperar al menos un año para que en el mercado de la luz ocurra algo similar a lo que ahora sucede con las operadoras de telefonía móvil, que «buscan» a los clientes con agresivas ofertas. En buena medida porque para los 26 millones de clientes domésticos con menos de 10 kilovatios contratados, las actuales ofertas del mercado libre (con rebajas máximas del 2,5%) los ata por períodos mínimos de 12 meses y máximos de 18. Solo después de ese compromiso de permanencia podrán cambiarse de comercializador. Y si ahora optan por no acudir al mercado regulado, ingresarán automáticamente en la tarifa de último recurso, que tal y como está concebida por Industria será casi un 5% más cara que los precios actuales.

En el nuevo mercado, las ofertas estarán más sometidas que ahora a las fluctuaciones de las materias primas. Si sube el petróleo, el recibo de la luz será más caro. Y si el crudo baja, las comercializadoras dispondrán de mayor margen para lanzar precios más agresivos.
La experiencia del Reino Unido, Bélgica y los países nórdicos hace pensar que al final sí llegará una competencia real a España. En Bélgica, por ejemplo, una familia puede ahorrarse entre un 15 y un 18% en su recibo anual de luz si permite que la compañía lea su contador una sola vez al año en lugar de todos los meses.

Las eléctricas recomiendan una «mejor planificación del consumo». Hay estudios que prueban que España podría vivir igual demandando un 20% menos. «Si además de las bombillas de bajo consumo -señalan en Unesa-, nos preocupásemos por tener un buen aislamiento en la vivienda o por cómo usar algunos electrodomésticos, mejoraría el consumo y se reduciría la factura mensual».

Fuente: LaVozdeGalicia.es

Iberdrola y Endesa creen que la subida de tarifas eléctricas serviría para concienciar al consumidor

El director de Recursos Corporativos de Iberdrola, Fernando Becker, justificó hoy el incremento de las tarifas de las eléctricas para, aparte de paliar el déficit tarifario, concienciar a los consumidores sobre la necesidad de un consumo "eficiente y responsable" de la energía.


Tanto Becker como el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, afirmaron que la subida de tarifas es necesaria, pero deben tomarse medidas "para que haya cierto grado de solidaridad con los consumidores más vulnerables".

Ambos participaron en el debate sobre estrategia energética española en el marco del Congreso 'Por un nuevo modelo económico y social' de la Federación de Industrias Afines del sindicato UGT.

Rafael Miranda señaló que actualmente la demanda eléctrica está sufriendo una caída "sin precedentes" en España. Según explicó, en abril el descenso se cifró en un 11% en la Península. El acumulado de un año hasta finales de marzo fue un descenso de la demanda del 3,8%, pero tomando como referencia sólo el 2009, la bajada acumulada se situó en cerca del 10%.
Según Miranda, la situación actual, con los precios por debajo de los europeos, es "preocupante", pero lo que se debe evitar es que pase de ser un problema coyuntural a uno estructural.

El responsable de Endesa señaló la importancia de que se tenga en cuenta al sector energético como "vector" de la economía y del empleo. Señaló, así, que se trata de un sector que requiere de grandes inversiones en infraestructuras, pero que tienen un efecto "multiplicador" en la economía del país por la generación de puestos de trabajo directos e indirectos.

En este sentido subrayó que debe ser un sector regulado, y aplaudió el Real Decreto del Gobierno sobre las eléctricas que está pendiente de aprobación definitiva, ya que, con él, se parará el déficit actual, que es de unos 16.000 millones de euros y que de no atajarse hubiera llegado a los 40.000 millones, según vaticinó.

"Estamos en el buen camino porque vamos a ser capaces de monetizar una deuda que el sistema tiene con las empresas eléctricas, se va a inyectar capital a estas empresas y esto ayudará a que puedan ejercitar sus planes de inversión", afirmó. También señaló que aplicando "precios reales" a la energía, el déficit tarifario desaparecerá en el 2013.

Fuente: CincoDias.com

La demanda de electricidad sufre la mayor caída de su historia

El frenazo en la industria hace que el consumo de energía caiga un 13% en abril La tendencia a la baja comenzó a notarse a partir de octubre del 2008. En marzo del 2009, el índice de producción industrial cayó hasta el -27,4% interanual.

"La demanda de electricidad lleva siete meses de caída en picado, algo que no sucedía en España prácticamente desde los años treinta del siglo XX", explica Alberto Carbajo, director general de operaciones de REE, la empresa que gestiona el transporte de la electricidad en España.

En abril del 2009, la demanda de electricidad descendió un 13,46%, cuando justamente hace un año su consumo reflejaba incrementos interanuales del 6,5%. Dado que el suministro ahogares y empresas de servicios se ha mantenido o incrementado suavemente, significa que ha sido la industria la que ha soportado la práctica totalidad del desplome, que puede alcanzar el 20%, añade Carbajo.

Según los últimos datos, en el mes marzo, el índice de producción industrial (IPI) cayó hasta una tasa del -27,4% interanual.

No hay antecedentes recientes de semejante desplome de la demanda eléctrica, más que en países como la ex URSS, Rumanía o Checoslovaquia, "que vivieron cambios en su estructura productiva que llevaron al cierre de multitud de instalaciones productivas por ser obsoletas. No es, desde luego, lo que ha ocurrido en España. Por eso mismo, la caída debe considerarse excepcional", explica Carbajo. La tendencia a la baja empezó en octubre del 2008, pero los desplomes son mucho más acusados en lo que va del 2009. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, el consumo de electricidad descendió un 8,9% al pasar de 92.075 GWh en este periodo en el 2008 a los 83.862 GWh en abril del 2009.

Por sectores, si uno se concentra en Catalunya, una de las comunidades más activas en la demanda eléctrica, es fácil comprobar la recesión industrial. En marzo del 2009, el sector cementero era el que encabezaba las caídas (24%), seguido del textil (19,5%), para una caída media del 10% según Endesa, la compañía que suministra a todo el territorio catalán. Endesa añade que en el consumo doméstico y servicios aún se mantienen cifras positivas, de un leve 0,9% y un 2,6%, respectivamente. Endesa atribuye el bajo incremento en el uso doméstico a la caída del mercado inmobiliario, "ya que el frenazo en la venta de viviendas nuevas ha contribuido a que no aparezcan nuevos clientes".

"El , principal interrogante, ahora es determinar si ese descenso ha tocado fondo o todavía no. También hay dudas de si la recuperación de la demanda tendrá forma de V, de U, o si se producirán picos", explica Pedro Rivero, presidente de Unesa, la patronal de las eléctricas. Para Ángel Hermosilla, director general de Unión Patronal Metalúrgica, "el frenazo de consumo eléctrico es la muestra más evidente de la crisis, consecuencia de los expedientes de regulación de empleo en grandes empresas, basta recordar los ejemplos de Seat y Nissan". Hermosilla señala que hay empresas que trabajan a un 10% de su capacidad.

Nadie se atreve a poner fecha para el inicio del repunte, que equivale a señalar que nadie sabe exactamente cuándo se vislumbra la recuperación de la economía. A juicio de Hermosilla, "la recuperación será muy leve, e incluso a trompicones". Y justifica estos altibajos en que en algunos sectores, como el automovilístico, se trabaja sobre pedido. "Las ayudas directas para adquirir coches que se han concedido en Alemania o Navarra han representado una leve recuperación en la cadena de valor, lo que provocará repuntes de demanda eléctrica", subraya. "Las factorías de coches trabajan sin stocks, lo que permite moderar tanto las caídas como las subidas con cualquier pedido", apunta.

"Entre los sectores que más han vivido el frenazo destacan el cementero y el siderúrgico, así como todo lo relacionado con la industria auxiliar de la construcción, como los fabricantes de carpintería metálica, fontanería, productores de azulejos y cerámicas…", explica Hermosilla.

A los descensos en la demanda, claro reflejo de la recesión, en España se añade otro problema, que es la aparición de dificultades en el sistema. "Como la demanda afloja, se pueden producir sobretensiones en las líneas, que hay que compensar", indica Carbajo. Y concluye: "Se reduce la conectividad y se ve comprometida la seguridad del sistema". En opinión de este experto, hay que esperar a ver qué sucede en los meses de verano "ya que la gente no va a encender el aire acondicionado, aunque haga calor, para apretarse el cinturón; y las empresas no retomarán el vuelo hasta finales de año, siempre y cuando uno sea un poco optimista".

Fuente: lavanguardia.es

El Gobierno rectifica y liga el bono social eléctrico a la renta de los consumidores

El bono de la tarifa eléctrica para determinados consumidores hasta 2012 estará ligado a "la renta per cápita de las familias". Este matiz, incluido en el real decreto ley de medidas energéticas publicado ayer en el BOE, no figuraba en el texto que pasó por el Consejo de Ministros. En tanto se reglamenta, la norma mantiene que se aplicará a algunos colectivos sociales sin considerar su renta.

Una semana después de su aprobación por el Consejo de Ministros, el real decreto ley sobre medidas energéticas para poner coto al déficit de tarifa vio ayer por fin la luz en el Boletín Oficial del Estado. El texto introduce un importante matiz respecto a la redacción que pasó por el Consejo de Ministros la semana pasada: el bono social (o tarifa reducida) se aplicará a los consumidores a partir del 1 de julio en función de su renta.

Concretamente, según el artículo segundo de la ley, "se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar", que determinará el Ministerio de Industria, previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La rectificación del Gobierno ha llegado tras las presiones externas e internas que ha recibido para que aplicara un mecanismo progresivo.

La financiación del bono, que las eléctricas compartirán (se desconoce en qué proporción) con los consumidores sin derecho a él, para los que se auguran fuertes incrementos de tarifa, se revisará cada cuatro años. El reparto se hará, tal como adelantó CincoDías, entre 12 empresas generadoras y serán Endesa e Iberdrola, las que asumirán la mayor parte, más de un 71%.
No obstante lo anterior, una disposición transitoria señala que, en tanto se publique el desarrollo reglamentario, el bono se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 kW (este derecho ya lo establece la tarifa social vigente desde el año pasado y sólo la disfrutan 3.000 clientes); los perceptores de pensiones mínimas de más de 60 años; las familias numerosas y las que tengan a todos sus miembros en paro.

Al no coincidir necesariamente estos consumidores con los que se deriven de la aplicación del reglamento, que tendrá en cuenta la renta (una familia numerosa puede tener ingresos muy altos) las eléctricas tendrían que aplicar en julio el bono social a unos clientes y meses después (cuando se apruebe el reglamento) a otros distintos.

Además de la imposibilidad de que se pueda aplicar automáticamente este bono (que deberán solicitar los interesados, pues las empresas desconocen la situación social y económica de sus clientes), el hecho de que los beneficiarios sean otros meses después, hace augurar un nuevo conflicto como el vivido con el cambio de periodicidad de la facturación de la luz, según distintas fuentes del sector.

El real decreto ley, aprobado con el fin de frenar la sangría del déficit de tarifa en el horizonte de 2013, admite, sin embargo, nuevas desviaciones hasta ese año que no podrán superar los 9.500 millones. Además, tal como estaba previsto, se establece un sistema de avales públicos para que las empresas puedan colocar entre los bancos los 6.500 millones aún por titulizar y los que se generen en los próximos cuatro años. En 2009 se han aprobado derechos de cobro por 10.000 millones.

A los Presupuestos del Estado pasarán gradualmente los extracostes de los sistemas extrapeninsulares: de un 17% este año hasta el 100% a partir de 2013. Los déficits de estos territorios que se generen a partir de este año se financiarán ya con la tarifa.
Las eléctricas deberán provisionar 2.700 millones correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales, si bien, se convertirá en una tasa cuando entre en vigor el Estatuto de la entidad pública empresarial Enresa.

El real decreto ley deroga la llamada Ley Rato de 1999, ya anulada por el Tribunal de la UE. Esta daba potestad al Gobierno para autorizar participaciones significativas por empresas públicas extranjeras en compañías españolas de sectores considerados estratégicos.

Fuente: CincoDias.com

Gran avance en la liberalización del sector eléctrico

El pasado 3 de abril, el Gobierno aprobó el Real Decreto 485/2009 por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. Siguiendo la acertada decisión de eliminar las tarifas integrales eléctricas de alta tensión en julio de 2008, el equipo del Ministerio de Industria encargado de agilizar la liberalización del sector eléctrico ha vuelto a acertar con la adopción de este real decreto.

Por un lado, ha decidido la eliminación total de las tarifas integrales eléctricas, añadiendo este año la desaparición de las tarifas integrales de baja tensión, con efecto a partir del 1 de julio de 2009, a la extinción de las tarifas de alta tensión ocurrida en julio pasado. Por otro lado, ha legislado, en línea con la directiva europea, la adopción de la tarifa de último recurso para los consumidores que tengan contratada una potencia de 10 kW o menor. Este paso de gigante hacia una total liberalización de los mercados va a tener implicaciones muy positivas de cara a futuro.

Sin lugar a dudas el efecto más importante va a ser el cese del crecimiento de la bola de nieve del déficit de tarifa, siempre y cuando se cumpla el artículo 7 del real decreto por el cual la tarifa de último recurso debe ser aditiva y reflejar todos los costes reales del mercado. Al desaparecer la tarifa integral de suministro eléctrico, que falseaba el coste real de generar y entregar electricidad en sus destinos, también desaparece la diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico. Lo anterior es cierto siempre y cuando las tarifas de acceso (peajes por utilización de las redes eléctricas) representen el coste real del transporte y distribución de la electricidad, hecho que dejó de ocurrir en 2007 con el reconocimiento del déficit ex ante. Si esto último no se consigue, no se eliminará totalmente el déficit de tarifa, pero al menos desaparecerá la discriminación entre consumidores eléctricos en el mercado liberalizado y abonados a tarifa, o lo que es lo mismo, entre comercializadores (independientes o no) y distribuidores de electricidad (compañías eléctricas tradicionales).

Además de sentar las bases para detener el crecimiento del déficit de tarifa, este real decreto va a conseguir que prácticamente el 70% del volumen eléctrico consumido en España se negocie en el mercado libre tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Esta nueva realidad eléctrica aportará mayor liquidez en los mercados físicos y financieros de la electricidad, mayor profundidad en cuanto al plazo de negociación de los contratos y variedad en cuanto a los productos a negociar. En consecuencia, se consigue una mayor competitividad así como una asignación de recursos más óptima y no discriminatoria.

Finalmente, esta pieza legislativa termina con la fijación arbitraria histórica de las tarifas eléctricas por parte del Gobierno de turno, que utilizaba la factura eléctrica de los consumidores más como herramienta política de contención de la inflación que como mecanismo de asignación de recursos. Prueba de ello es la abultada cifra del déficit de tarifa actual, más de 15.000 millones de euros, que en primera instancia están sufriendo los balances de situación de las empresas eléctricas, pero que en última instancia van a sufrir los consumidores eléctricos futuros, ya sea vía mayores costes eléctricos (mayores tarifas de acceso) que no fueron asumidos en los últimos siete años por quienes consumieron esa electricidad subvencionada, o vía presupuestos de Estado, que indirectamente es lo mismo ya que éstos provienen de los impuestos que pagarán los ciudadanos futuros.

En conclusión, se ha dado un paso de gigante muy positivo y acertado para empezar a atajar la hipoteca eléctrica. Tan sólo queda que la tarifa de último recurso sea aditiva, los peajes de acceso reflejen costes reales, y estaremos en mejor situación para encontrar una solución a los 15.000 millones de euros que quedan pendientes.

Fuente: CincoDias.com

Las eléctricas calculan que congelar la subida de la luz les costará 1.000 millones

El presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica (Unesa), Pedro Rivero, ha calculado que el coste para las compañías eléctricas del nuevo bono social, que permitirá congelar la luz hasta 2012 a colectivos desfavorecidos, superará los 1.000 millones de euros.

Este bono social, que costearán las eléctricas, beneficiará a cerca de cinco millones de hogares y va destinado a los usuarios de la tarifa social, a las familias numerosas y a las familias con todos sus miembros en el paro.

A cambio, el Gobierno avalará con hasta 10.000 millones en 2009 la deuda eléctrica, lo que garantizará el derecho a cobro del déficit, mejorará la posición financiera de las eléctricas y contribuirá a crear "un clima de inversión favorable", según destacó Rivero.

Tras inaugurar el curso de 'Contabilidad actual para las empresas del sector energético español', el presidente de Unesa explicó que la patronal del sector examinará en detalle, en cuanto se publique, el real decreto con el que se aprueban estas medidas.

A la espera de conocer en detalle la norma, Rivero recordó que el sector eléctrico se encontraba hasta ahora en una "situación insostenible" debido al abultado déficit de tarifa, que en términos acumulados desde 2000 supera los 14.000 millones de euros.

Por este motivo, elogió la "valentía del Gobierno" para buscar una solución "en el peor momento del déficit", pero reiteró su "prudencia" acerca del contenido del decreto e insistió en la postura de "positiva resignación" mostrada hasta ahora por Unesa.

Fuente: elmundo.es

Factor Energía apunta al mercado de Castilla y León

Factor Energía quiere que la liberalización del sector eléctrico suponga un despegue para su dimensión como comercializadora eléctrica independiente.

El grupo, que cumple este año su primera década de existencia, confía en duplicar su facturación durante el presente ejercicio, hasta 47 millones de euros, y llegar a 92 millones en 2010.

Aprovechando el último paso de la liberalización del suministro eléctrico para las pymes, que se hará efectivo el próximo 1 de julio, Factor Energía quiere hacer “un esfuerzo importante para ganar cuota de mercado”, explica Emili Rousaud, director general de la compañía. Las previsiones de la empresa pasan por alcanzar los 7.500 clientes este año, desde los 2.855 al cierre del año anterior, principalmente pymes, y alcanzar los 14.000 en 2010.

La compañía se ha hecho con contratos importantes para Renfe, Adif y la Generalitat, pero quiere centrar su crecimiento en el mercado de las pymes industriales y de servicios. Rousaud señala que otra de las claves del crecimiento para los próximos años será la diversificación geográfica dentro de las fronteras españolas. Actualmente, la empresa obtiene cerca del 80% de su facturación en Catalunya.

Mercados poco explotados

El director general de la compañía, que la constructora Copcisa controla en un 80%, explica que Factor Energía acaba de abrir su primera delegación propia fuera de Catalunya. Se trata de un establecimiento en Valladolid, inaugurado en abril, en el que inicialmente trabajan tres personas.
Rousaud comenta que la delegación castellanoleonesa se suma a las que ya tiene en Madrid y en Sevilla, con una persona cada una. Estas oficinas, operativas desde hace ya dos años, aprovechan las instalaciones de Copcisa para tener un pie en ambas ciudades.

En el caso de Valladolid, Rousaud comenta que la elección de esta ciudad para la apertura de la primera delegación propia responde a la voluntad de aumentar su presencia en la zona del centro de España. “Las dos Castillas –explica– están muy desatendidas desde el punto de vista del sector eléctrico”, ya que las grandes empresas se centran en zonas con mayor densidad de población.

En su sede, ubicada en Barcelona, la compañía cuenta con 31 trabajadores, en su mayoría ingenieros y físicos. El crecimiento de la actividad ha llevado a la empresa a buscar un acuerdo para ampliar sus actuales oficinas con el objetivo de alcanzar una superficie de 500 metros cuadrados.

Otras actividades

En enero del año pasado, Factor Energía constituyó la empresa Agente del Mercado Eléctrico (Ame), en la que participa al 50% junto a la ingeniería Aesa. Ame, dedicada a prestar servicios a centrales de cogeneración, facturó 45 millones de euros en 2008 y ganó 150.000 euros.

La eléctrica también cerró el año pasado un acuerdo con la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa) para actuar de comercializadora de la energía generada por Gesternova, controlada por varios productores de energías verdes.

Freno por la morosidad del sector público

La comercializadora eléctrica ha obtenido una pequeña porción del contrato del administrador ferroviario Adif para el suministro eléctrico de este año. La compañía ingresará unos diez millones de euros por el suministro a la infraestructura ferroviaria entre Valencia y Sant Vicenç de Calders (Vendrell).

Además, Factor Energía ha obtenido un contrato de Renfe para el suministro de talleres y oficinas del operador ferroviario, y es una de las cinco empresas que pujan por la factura eléctrica de la Generalitat. Factor Energía obtuvo la mejor puntuación técnica en los cuatro lotes de la energía de los departamentos del Govern, con un gasto estimado global de 44,4 millones de euros anuales.

Otros clientes del sector público son la valenciana Canal 9 y Televisión Castilla y León. Rousaud explica que los largos plazos de pago de las administraciones frenan el desarrollo de la compañía en el sector público, ya que renuncia a optar por muchos contratos públicos.

Fuente: expansion.com

El consumo de energía de los edificios podría reducirse un 60% en 2050

Se calcula que los edificios usan el 38 por ciento de la energía global, frente al 33 por ciento de la industria y al 26 por ciento del transporte. Sin embargo, con una serie de esfuerzos globales coordinados, sería posible reducir este consumo en un 60 por ciento en el año 2050.
La eficiencia en el consumo de energía en los edificios está siendo objeto de distintos estudios e investigaciones. El World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, publicó el pasado 27 de abril, un estudio muy riguroso sobre las medidas a aplicar tanto en los edificios nuevos como en los ya existentes.

Los edificios emplean más energía durante su ciclo de vida que ningún otro sector y por lo tanto contribuyen al cambio de clima en mayor medida. Es necesario aplicar acciones de manera inmediata, porque miles de edificios, en todo el mundo, se siguen construyendo sin preocupación alguna por la eficiencia energética, a la vez que millones de los ya construidos gastan más energía de la necesaria.

El estudio se basa en una amplia investigación que incluye tanto a los nuevos edificios como a los más antiguos, así como en distintos modelos realizados con ordenador que proyectan el consumo de energía hasta el año 2050, que permiten alcanzar una mezcla de factores financieros, técnicos, de bienestar y opciones políticas, que se resumen en las seis recomendaciones siguientes:

.- Reforzar la reglamentación de la construcción y del uso de la energía para aumentar su transparencia.
.- Subsidiar e incentivar la inversión en la implantación de sistemas de eficiencia energética.
.- Impulsar el diseño y las innovaciones en esta materia.
.- Desarrollar y emplear la tecnología más avanzada para el ahorro energético
.- Promover en los empleados la capacidad para ahorrar energía.
.- Movilizarse a favor de una cultura de la energía.

El estudio muestra que existe la necesidad de emprender acciones inmediatas y que deben llevarse a cabo de manera global y coordinada si se quieren obtener los resultados apetecidos.

Fuente: RealStatePress.es