Las 300 comercializadoras que operan en España únicamente ofrecen descuentos máximos de 5 euros al mes
En solo 75 días, la tarifa regulada de la luz desaparecerá para siempre y se liberalizará el mercado eléctrico en España, el último de los grandes sectores energéticos todavía controlados por el Gobierno, después de que el carburante para automoción funcione ya con una competencia teórica y los precios del gas se desbloquearan hace un año. Un millón de clientes gallegos (25 millones para toda España) tendrán poco más de dos meses para elegir al comercializador que les ofrezca una mejor relación calidad-precio entre los 300 homologados por el Ministerio de Industria.
Hasta aquí, la teoría. Porque en la práctica, a la electricidad le queda todavía mucho camino por andar hasta que funcione la competencia que rige, por ejemplo, para el mercado de las telecomunicaciones, donde las diferencias de precio entre operadores superan el 20%, según el organismo regulador.
A solo diez semanas de esta apertura, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha alertado al Gobierno sobre la «falta de ofertas reales» para abaratar el recibo de la luz. El sector eléctrico reconoce en sus cuentas de explotación unos beneficios que rondaron los 8.000 millones de euros en el 2008. Pero las propuestas que están trasladando a los usuarios para afrontar la liberalización del sector son mínimas. Tanto que la CNE cifró la mejor oferta en un ahorro que apenas supera los 5 euros al mes (70 euros anuales).
El pasado 4 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado la denominada tarifa de último recurso (TUR), a la que deberán acogerse obligatoriamente todos los domicilios que opten por no acudir al mercado libre. La tarifa, que todavía no tiene precio porque está pendiente de que el Gobierno lo fije, está en manos exclusivas de las cinco grandes compañías del sector: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y E.On. La TUR debería tener un precio por encima de las ofertas del mercado. Pero el mercado no quiere hacer ofertas hasta saber a cuánto se moverá esa tarifa de último recurso. Y el Ministerio de Industria no está obligado a desvelar esos números hasta la última semana de junio.
El resultado es una falta de información evidente entre los usuarios domésticos. Portavoces de la OCU temen que «no exista competencia real y que las ofertas sean prácticamente idénticas en todos los casos». Ahora mismo lo son. Los descuentos del 2% sobre la actual tarifa regulada están estandarizados, y se completan con servicios como urgencias, seguros de hogar o reparaciones domésticas.
La patronal de los instaladores tampoco sabe a qué atenerse. «Los clientes preguntan qué hacer y no sabemos qué decir porque nos falta información», dice un técnico de A Coruña.
Los pequeños comercializadores temen que un precio bajo de la TUR les deje sin posibilidades reales de competir. Y tanto la OCU como la Confederación Española de Amas de Casa han criticado que esta tarifa de último recurso se limite a usuarios con 10 kilovatios, y no los 15 previstos, lo que obligará a casi dos millones de clientes a emigrar al mercado libre.
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