España ha actuado hasta ahora sobre la oferta de energía promoviendo la diversificación y el desarrollo de energías renovables, como demuestra el que seamos el tercer país del mundo en potencia eólica instalada y el segundo en fracción de electricidad procedente del viento. También se ha producido un enorme crecimiento, no sostenible, en la potencia fotovoltaica instalada durante los dos últimos años, debido a una prima en vigor hasta septiembre del año pasado claramente sobreestimada, y nos situamos en el primer lugar en lo que se refiere al despliegue de la electricidad solar termoeléctrica. El borrador de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, todavía en trámite de preparación por parte del Gobierno, incide ahora también sobre la demanda, planteando medidas de ahorro energético en todos los sectores, incluyendo los difusos como el transporte o el consumo doméstico. Sin duda, un complemento necesario de la diversificación hacia las renovables, que suponen hoy por hoy un modesto encarecimiento de la electricidad, es la reducción del consumo de una energía que, como en todos los países desarrollados, resulta abundante y barata y con frecuencia se despilfarra.
Las medidas incluidas en el borrador contemplan acciones específicas sobre el consumo en edificios, especialmente en calefacción y aire acondicionado, con la puesta en marcha de sistemas de gestión de la energía, sobre el alumbrado público, el planeamiento urbanístico, la movilidad en ciudades y complejos residenciales o industriales, con una decidida apuesta por el transporte público, en bicicleta o en vehículos menos contaminantes, o el transporte de mercancías y pasajeros para estimular el uso del tren. Son todas medidas que van en el sentido de incorporar a la mentalidad de los ciudadanos la idea de que la energía es un bien necesario pero cuyo uso debe optimizarse por razones económicas, de dependencia exterior y medioambientales. Pero su eficacia radicará en los detalles y en los sistemas de estímulo o disuasión que se instrumenten. La experiencia muestra que es posible la coexistencia de una actitud general teóricamente favorable a los postulados ecológicos con conductas contrarias a dichos postulados; de ahí la importancia de diseñar instrumentos que no se queden en argumentaciones impecables y buenas intenciones sino que modifiquen de forma efectiva los hábitos de consumo. La dificultad estriba en que esa modificación afecta a nuestra vida cotidiana, no sólo a lejanas abstracciones políticas o empresariales, y no siempre las convicciones bastan para que adoptemos esos cambios. Los objetivos europeos de reducir el consumo de energía un 20% y que la fracción de energía final consumida procedente de renovables sea un 20% en 2020 obligan a tomar medidas como las contempladas en el borrador de ley, y a seguirlas adecuadamente después. Quizá España esté mejor situada que la mayoría de los países europeos en el camino hacia la consecución de esos objetivos. Sería una agradable excepción.
Fuente: elpais.com
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