Ese nuevo tipo de tarifas, que marcarán el precio máximo que podrán cobrar las compañías y quedarán fijadas por el Gobierno a partir de 1 de julio, serán aplicables a aquellos usuarios que hayan contratado un potencia de menos de 10 kilovatios, por lo que la OCU cree que se ha dejado fuera a la misma a 1,2 millones de consumidores.
Las dos organizaciones se han dirigido al Ministerio de Industria para advertir los problemas que pueden sufrir los consumidores por el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que regula la nueva TUR de electricidad.
Para la OCU, el cambio de límite de potencia -inicialmente estaba previsto hasta 15 kilovatios- va en contra de las directivas europeas que establecen que los Estados miembros deben garantizar que todos los clientes domésticos disfruten de un suministro de electricidad "de calidad a precios razonables, comparables y transparentes".
A su vez, CEACCU teme que el reparto de papeles entre distribuidoras y comercializadoras genere dificultades cuando sea necesario exigir responsabilidades en caso de reclamaciones por irregularidades.
La organización ha instado a la Administración a promover la adhesión de las compañías eléctricas al arbitraje de consumo y solicita que la liberalización garantice la competencia en los precios de electricidad mediante ofertas reales.
Además, los consumidores consideran "precario" el método elegido para informar a los usuarios -mediante una carta de las compañías- porque no asegura que el consumidor disponga de información suficiente para acceder con garantías al mercado liberalizado.
Fuente: Finanzas.com
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