El Ministerio de Industria está exigiendo a las compañías eléctricas que se rasquen el bolsillo para implantar el denominado bono social. El Gobierno quiere que este bono (una especie de cheque gratis para determinados consumos, destinado a colectivos desfavorecidos económicamente) cubra al mayor número de usuarios y que lo paguen las eléctricas cada año.
Fuentes cercanas a las negociaciones indican que el volumen total del bono podría situarse hasta en 1.000 millones de euros, aunque inicialmente se barajaron cifras inferiores. Se acogerían a él los clientes con un nivel mínimo de potencia contratada (posiblemente por debajo de los tres kilowatios), con umbrales de renta reducidos, y sometidos a otras circunstancias que los hace vulnerables.
Los últimos detalles están por cerrar, pero se calcula que en total podrían incluirse en ese grupo hasta cuatro millones de clientes, de los 26 millones de usuarios domésticos de luz que existen en España.
Parados
Algunos colectivos, como el de parados (con un crecimiento exponencial y con visos de ser de larga duración), serían susceptibles de entrar en esa categoría. Faltaría concretar cómo gestionar el que los desempleados se puedan adscribir temporalmente.
Las eléctricas querían que este bono social pesara sobre sus espaldas sólo durante un ejercicio. Finalmente parecen dispuestas a aceptar que sea todos los años, de forma sistemática. Otro asunto es cómo se reparte entre ellas ese peso.Hay grupos, como Fenosa, que proporcionalmente pueden tener más clientes susceptibles del bono, por la tipología de sus usuarios.
El bono social, y los años de aplicación, era uno de los frentes por resolver para solucionar el denominado déficit de tarifa, que es el gran problema estructural del sector.El déficit de tarifa surge porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes. Hasta ahora, ese déficit se había financiado con emisiones de deuda bancaria (titulización), que luego se pagaba con pequeños recargos en la factura eléctrica a lo largo de quince años.
La crisis de liquidez de los mercados financieros ha bloqueado esas emisiones. En el balance de las compañías existen ahora más de 9.000 millones de euros a cuenta del déficit que está por financiar, y que les pesa como una losa. Para lograr créditos, el Estado avalará esas emisiones.
Es la contrapartida del Gobierno para que las eléctricas acepten cargar en sus cuentas con el bono social. Las negociaciones del déficit de tarifa y el bono social, que podrían quedar cerradas definitivamente la próxima semana después de meses de tiras y aflojas, son en cualquier caso muy complejas e incluyen otros puntos. En la práctica, todo el proceso de negociación está siendo un auténtico cambalache que va a incluir otros cambios de cromos eléctricos.
Para aliviar el déficit de tarifa que sufren las eléctricas, el Gobierno también está dispuesto a sacar de él algunas de las partidas que lo engordan. A cambio, las eléctricas también tendrán que poner de su parte y cargar con otras partidas.
El Gobierno sacará del déficit los denominados costes extrapeninsulares, que según la patronal eléctrica Unesa sumaron en torno a 2.000 millones entre 2001 y 2008. Esos costes se cargarán contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque definitivamente se han considerado como una fórmula de equilibrio territorial y solidaridad entre regiones.
Más complejo es el destino de las primas a las renovables. Este año su volumen se va a disparar hasta los 4.000 millones, y también engordan el déficit. Industria quería trasladarlas a los PGE, algo que parece inviable dadas las tensiones que ya sufren éstos. Se está barajando una fórmula imaginativa para evitar que esas primas sobrecarguen el déficit. Sin necesidad de reducir la subvención por megavatio, Industria planea introducir un nuevo método de cálculo por objetivos. Las renovables deberán cumplir unos requisitos de producción para poder cobrar las primas.
En el cambio de cromos, también se incluye que las eléctricas asuman el coste de las subvenciones al carbón nacional (la famosa peseta-kilowatio), así como la nueva fase de recogida y gestión de residuos nucleares. Todos estos costes se cargan ahora a la factura de luz que pagan los españoles. Al eliminar estas partidas de la factura, el Gobierno podrá suavizar las próximas subidas de la luz, que podrían empezar en julio. Subir precios es lo querían las eléctricas.
Ante un nuevo escenario económico
El Ministerio de Industria revisará varios aspectos de la planificación energética para el periodo 2008-2016 con el objetivo de adaptarla al nuevo escenario económico, después de que la demanda energética haya registrado un descenso del 3,3% en 2008, explicó ayer el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, que ayer inauguró la presentación del Balance Energético de 2008, elaborado por Enerclub.
El consumo de energía primaria cayó hasta los 142 millones toneladas equivalentes de petróleo (tep). Marín, explicó que 2008 ha sido un año atípico marcado por la crisis y la alta volatilidad de las materias primas, que se ha cerrado con un descenso de la demanda eléctrica del 0,5%. Marín no hizo ninguna referencia a las negociaciones del déficit de tarifa. Fuentes cercanas a las eléctricas explican que otro de los asuntos que está dispuesto a admitir Industria es la no aminoración de los derechos económicos por las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Ante un nuevo escenario económico
El Ministerio de Industria revisará varios aspectos de la planificación energética para el periodo 2008-2016 con el objetivo de adaptarla al nuevo escenario económico, después de que la demanda energética haya registrado un descenso del 3,3% en 2008, explicó ayer el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, que ayer inauguró la presentación del Balance Energético de 2008, elaborado por Enerclub.
El consumo de energía primaria cayó hasta los 142 millones toneladas equivalentes de petróleo (tep). Marín, explicó que 2008 ha sido un año atípico marcado por la crisis y la alta volatilidad de las materias primas, que se ha cerrado con un descenso de la demanda eléctrica del 0,5%. Marín no hizo ninguna referencia a las negociaciones del déficit de tarifa. Fuentes cercanas a las eléctricas explican que otro de los asuntos que está dispuesto a admitir Industria es la no aminoración de los derechos económicos por las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
El gran cambalache
1. El bono social es parte del acuerdo global que buscan las eléctricas y el Gobierno para solucionar el gran problema del sector: el déficit de tarifa, que se origina porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes. Ese déficit se financiaba hasta ahora con emisiones, ahora imposibles por la falta de liquidez.
2. A cambio de que las eléctricas asuman el coste de ese cheque gratis a determinados colectivos, el Gobierno avalará las emisiones de deuda para cubrir el déficit. Falta el ajuste fino para determinar quién recibe ese bono (en función del tipo de contrato y el nivel de renta), y de cuánto tiene que ser (volumen de consumo), para evitar abusos.
3. El Gobierno quiere forzar al máximo a las eléctricas para que se rasquen el bolsillo, haciendo que el bono social sea lo más extenso posible y que lo costeen las compañías todos los años, no sólo un ejercicio. A cambio, el Gobierno también está dispuesto a subir los precios de la luz.
4. El Gobierno está allanando el camino para amortiguar esas subidas, limpiando la factura eléctrica de otros sobrecostes. A las eléctricas les exige que asuman las subvenciones al carbón nacional y el coste de la segunda fase de gestión de residuos nucleares, que ahora se cargan a la factura de luz.
5. Las subidas serán posibles desde julio, con la tarifa de último recurso (TUR), para clientes que sigan en el mercado regulado. La TUR tendrá un mecanismo automático, a través de una fórmula, para revisar los precios trimestralmente de forma aditiva (reflejando los verdaderos costes de la luz).
Fuente: Expansion.com
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