Se avecinan cambios en el mercado eléctrico y en los recibos que llegan a los hogares. A partir del 1 de julio, desaparecerán las tarifas integrales que hasta ahora fijaba el Gobierno y se producirá la liberalización del sector lo que, en un principio, redundará en la competencia entre las compañías, en «mejores precios y más calidad en el servicio». Al menos, eso es lo que pretende el Gobierno con la transposición de la directiva europea 2003/54 mediante dos reales decretos, pendientes de desarrollo.
En Gipuzkoa, 346.489 clientes que actualmente tienen contratada una potencia de baja tensión inferior o igual a 10 kW -la mayoría de los hogares- podrán optar por salir al mercado libre y contratar alguna de las ofertas que reciban o, si lo prefieren, no hacer ninguna gestión y seguir con la actual empresa, que aplicará la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR), un precio que fijará el Gobierno teniendo en cuenta las fluctuaciones del coste real de la energía. Aquellos que tengan contratado más 10 kW -en Gipuzkoa 24.896 clientes, la mayoría empresas- estarán obligados a contratar el suministro en el mercado libre.
Comercializadoras
A partir del 1 de julio, los clientes podrán acudir al mercado y optar entre las diferentes ofertas que las compañías realicen y en las que, como ocurre en el caso de la telefonía, se incluirán primas por permanencia. Iberdrola continuará siendo la empresa que se encargue de la distribución de la electricidad en el País Vasco pero ahora se ocuparán otras empresas de la comercialización, incluida la propia eléctrica vasca. Compañías como Endesa, Naturgas, Eon, Unión Fenosa... podrán comercializar la electricidad y realizarán ofertas para conseguir clientes en el mercado que se acaba de abrir.
Siguiendo las directrices del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, las actuales empresas distribuidoras están haciendo llegar a sus clientes una carta informativa explicando el panorama que se abre a partir del 1 de julio y recordando que las empresas distribuidoras como Iberdrola, propietarias de las redes en su zona, «continuarán operando las instalaciones, leyendo los contadores y proporcionando el servicio de averías las 24 horas».
A los clientes se les ofrecen tres alternativas. Por un lado, se les explica que a partir de esa fecha pueden contratar con una empresa comercializadora y a un precio libremente pactado (en la carta se ofrece la lista de 18 empresas y el contacto). Asimismo, se les recuerda que pueden contratar el suministro con las cinco comercializadoras de último recurso designadas por el Gobierno -entre ellas Iberdrola- que le ofrecerán la Tarifa de Último Recurso (TUR).
Por último, se informa a los clientes que, si no realizan ninguna gestión, desde el 1 de julio el suministro será asumido por la nueva comercializadora de su actual compañía -en el caso de Gipuzkoa, Iberdrola-, aplicando la TUR.
La liberalización del mercado elimina las tarifas integrales que fijaba el Gobierno. No obstante, no todo queda a merced de las leyes de la oferta y la demanda. Pensando en «proteger a los pequeños consumidores» -hogares y pequeñas empresas-, la nueva ordenación pone en el mercado la Tarifa de Último Recurso. Según el decreto, esta tarifa será el precio máximo y mínimo que podrán cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores. A falta de que el Gobierno fije los criterios para su cálculo mediante orden ministerial, el precio será una horquilla que fluctuará teniendo en cuenta la evolución del coste de producción y comercialización de la electricidad, y será revisada periódicamente.
Según fuentes del Gobierno, la TUR tendrá, de entrada, un coste «muy parecido» a las actuales tarifas eléctricas en los hogares. Además, seguirán existiendo reducciones por discriminación horaria (antes tarifa nocturna). Desde Unesa, la patronal de las compañías eléctricas, señalan que la TUR no «tiene por qué tener un precio inferior al mercado libre pero sí va a garantizar que al pequeño consumidor no le van a cobrar más de una cantidad».
A la TUR se podrán acoger los clientes que tengan contratada una potencia igual o menor a 10 kW. Dentro de este grupo, en Gipuzkoa hay 61.582 clientes que tiene contratada una potencia igual o inferior a 3 kW en su vivienda habitual. Para ellos, el Gobierno ha preparado un Bono Social que cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y un valor de referencia, que se denominará tarifa reducida. En la práctica, supondrá congelar su actual tarifa hasta 2012.
A la espera del desarrollo del Real Decreto Ley 6-2009, también tendrán derecho a acogerse a este Bono Social lo consumidores con más de 60 años que acrediten ser pensionistas con cuantías mínimas, familias numerosas y unidades familiares con todos sus miembros desempleados. La financiación de este Bono Social será costeado por las eléctricas.
Empresas a la expectativa
A la espera de que el Gobierno concrete los criterios que fijarán la Tarifa de Último Recurso, las compañías eléctricas están a la expectativa.
De momento, apenas se han aventurado a realizar ofertas dirigidas a los clientes de menos de 10 kW, porque desconocen el «margen» que van disponer. Por lo general, las ofertas presentadas hasta la fecha para estos clientes no superan el 2% de rebaja de lo que será la TUR. Donde sí hay más movimiento es en el mercado de las empresas y los clientes que consumen más de 10 kW, y que están obligados a acudir al mercado libre. Para ellos, compañías como Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa ofrecen ya descuentos de entre un 12 y un 15%.
Desde la patronal de las compañías eléctricas españolas, Unesa, aconsejan a los pequeños consumidores agruparse, como puede ser en comunidades de vecinos, para obtener un precio ventajoso en el mercado libre.
Reducir el déficit tarifario
A pesar de que una de las consecuencias de la liberalización del mercado de la electricidad sería la bajada de precios, a causa de la competencia, el panorama a corto plazo parece que no será así. No en vano, paralelamente a esta liberalización, el Gobierno ha tomado medidas en el sector para acabar con el creciente déficit tarifario, es decir, la diferencia entre la recaudación por las tarifas reguladas que hasta ahora fijaba la administración y que pagaban los consumidores y los costes reales de dichas tarifas. A juicio del Gobierno, este desfase, «pone en riesgo la situación financiera de las empresas del sector». Hasta ahora este déficit se ha ido trasladando a generaciones futuras «a través de reconocimiento de derechos de cobro a largo plazo».
Con los cambios normativos, «los precios tendrán que ajustarse a los costes reales de la energía. La bajada de la tarifa se notará a medio y largo plazo», señalan desde el Ministerio de Industria.
Fuente: diariovasco.com
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