Los dos ministros más pronucleares del Gobierno, Miguel Sebastián y Cristina Garmendia, dieron ayer un ostensible giro a sus posturas y se alinearon con la mayoría antinuclear del Ejecutivo.
Se trata de un significativo cambio de postura que se produce cuatro meses antes de que el Gobierno se pronuncie sobre la moratoria para la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña y cuando dos países vecinos, Francia e Italia, acaban de suscribir un pacto de colaboración nuclear por el que se construirán cuatro reactores de tercera generación en suelo italiano con tecnología gala.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró ayer ante una comisión del Congreso que «no habrá nuevas centrales nucleares» en España porque, dijo, «no son necesarias», y apostó como alternativa por reducir el consumo de energía, al recordar que nuestro país demanda un 20% más de electricidad que la media de la UE.
Cristina Garmendia se sumó a esta nueva perspectiva en el Club Siglo XXI al asegurar que la energía nuclear «no es una apuesta recomendable» porque, aseguró, «hoy por hoy no está resuelto el tema de los residuos nucleares».
La titular de Ciencia e Innovación apostó por que España aproveche «sus capacidades científicas, tecnológicas y empresariales» en el campo «de las energías renovables», una «apuesta ganadora porque la hicimos -aseguró la ministra donostiarra- en un momento muy temprano». «La energía nuclear, si bien en términos de coste es muy barata, tiene un gran problema que no está resuelto: el problema de los residuos nucleares, para los que la ciencia no ha planteado todavía una solución», recalcó Garmendia.
El ministro Sebastián aireó en la comisión de Industria del Congreso que el Gobierno no ha rehuido «nunca» el debate sobre la energía nuclear y que se ha limitado a cumplir con el programa electoral del PSOE, donde se dice que «no habrá nuevas centrales» porque, recalcó, «no son necesarias».
Galán y Garoña
Sobre el cierre del grupo de Santa María de Garoña (en Burgos, muy cerca de la muga con Álava), Sebastián recordó que el Gobierno está a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que tiene sobre su mesa los cuatro gruesos tomos remitidos por la entidad gestora, Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola al 50%). El veredicto del CSN sobre la conveniencia o no de prolongar la licencia de explotación (cuando no está resuelto el tema de la gestión de los residuos nucleares generados en estos años por las nucleares españolas) servirá de guía al Gobierno en su toma de decisión final.
Esta misma semana, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, recordaba en La Verdad que el futuro de Garoña está en el alero del Ejecutivo. «Es una decisión que corresponde al propio Gobierno. Lo que sí le puedo decir -señaló Galán- es que no somos más ricos que los americanos, los japoneses, los suizos o los holandeses, que cuentan con plantas similares a las españolas y que tienen permiso de operación hasta los 60 años. Sería sorprendente que aquí no hiciéramos lo mismo, siendo como son las plantas españolas absolutamente seguras y estando auditadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y por la Agencia Internacional de Energía Atómica». Galán recordó también que la empresa explotadora lleva 20 años invirtiendo en la mejora de los equipos técnicos de la central burgalesa.
Sin embargo, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega garantizó en enero de 2007 el cierre de Garoña. Aquella fue la primera y la última vez que el Gobierno se refirió de forma expresa a la polémica. Después, sólo una frase del propio José Luis Rodríguez Zapatero, pronunciada ante agrupaciones mineras del PSOE, ha patentizado la actitud antinuclear del Ejecutivo que preside. «No será mi Gobierno el que apueste por la energía nuclear, pese a los cantos de sirena», dijo Zapatero en Asturias.
Pese a esa declaración, las cosas no estaban claras. De hecho, la flamante ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, sostuvo a finales del pasado septiembre que la energía nuclear «hay que contemplarla como una más» y añadió que «está ahí, es barata y está siendo utilizada por todos nosotros, incluidos los españoles». Más claro, agua.
El calvario de los residuos
Sin embargo, ayer, Cristina Garmendia se desdijo de esas palabras y, como Sebastián, recicló su discurso en cuestiones atómicas y se alineó de forma nada sutil con los antinucleares. «¿Son instalaciones seguras?», se preguntó Garmendia. «Sí, pero pueden tener sus accidentes... Que no pongamos nuevas centrales en España no nos exime de un accidente que puede ocurrir en Francia. Sin embargo, los residuos nucleares de Francia no nos afectarán en España», añadió. «Nos afectarán los residuos que tengamos aquí».
España mantiene residuos nucleares en Francia y en Reino Unido (que deberán regresar) y, en los últimos años, ha procedido a almacenarlos en las piscinas de refrigeración de las propias centrales a la espera de decidir el emplazamiento del llamado Almacén Temporal Centralizado, capaz de albergar las 9.895 toneladas de combustible nuclear usado y de residuos de alta actividad que, según Enresa, han producido y producirán hasta su cierre las centrales españolas.
Este cambio de actitud se produce tras el anuncio de la bajada de los precios del butano y del gas natural, algo que no ha sucedido con la factura eléctrica, y en un momento en que la demanda energética para la industria sufre importantes retrocesos.
Fuente: laverdad.es
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