El Senado aprueba la nueva fiscalidad eléctrica tras rechazar los seis vetos de la oposición

El Pleno del Senado ha aprobado la nueva ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética después de rechazar los seis vetos presentados por los grupos de oposición, con lo que el texto pasará al Congreso, donde será definitivamente ratificado la próxima semana.

El trámite del Senado ha servido para que el PP introduzca varios cambios en la norma entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

El senador del PP José Ignacio Palacios justificó la norma advirtiendo de que "el sistema eléctrico es actualmente insostenible" y de la necesidad de atajar el déficit de tarifa, que crece a un ritmo de 6.000 millones anuales y que, "si no se toman medidas", se duplicará en los próximos tres años, hasta alcanzar 50.000 millones.

 

Por su parte, el senador socialista Jesús Alique dijo que la ley daña a la industria, responde a la "voracidad recaudatoria" del Gobierno y tiene, en lo referido al nuevo impuesto a la producción eléctrica, carácter "confiscatorio".

 

El texto aprobado por el Gobierno también incluye una exención de los nuevos impuestos a la actividad nuclear para el almacenamiento de residuos procedentes de actividades médicas y científicas, así como de "incidentes excepcionales en instalaciones industriales no sujetas a la reglamentación nuclear".

 

Junto a esto, la Cámara Alta ha introducido una nueva definición para el gas natural que quedará exento de los impuestos, en la que se alude al gas natural destinado a "usos profesionales. En su versión original, el texto no hablaba de una exención para el gas de "usos profesionales", sino que aludía al "destinado a usos industriales".

 

En todo caso, se mantiene la precisión de que el gas natural destinado a producir electricidad tanto en ciclos combinados como mediante cogeneración no podrá disfrutar de la exención.

 

 

Fuente: eldiario.es

La patronal eléctrica pide al Gobierno que suba la luz un 5%

Afirma que es la única manera de frenar el “déficit de tarifa”

La patronal eléctrica (Unesa) ha solicitado al Gobierno que incremente un 10% las tarifas de acceso a partir del 1 de enero, lo que implicará que el recibo de la luz doméstico subirá como mínimo un 5%.

Unesa considera que solo a través de una subida de la parte regulada del recibo (sobre la que tiene potestad el Gobierno) se puede poner coto al déficit de tarifa que este año cerrará en 4.839 millones de euros, más del triple del límite legal fijado en 1.500 millones de euros.

Qué es el déficit de tarifa

Gobierno, empresas y técnicos utilizan esa término tan técnico para explicar las sucesivas alzas del recibo. Una explicación sencilla es la siguiente: durante el Gobierno de José María Aznar, su vicepresidente económico, Rodrigo Rato determina que el precio de la energía en España es demasiado caro y lastra el crecimiento económico. Siendo ministro de Industria Josep Piqué se acuerda con las eléctricas que el Gobierno fijará el precio de la luz por debajo de su precio real y que, obviamente, las empresas no correrán con las pérdidas (déficit) que pagará el Estado.

Efectivamente, el precio de la energía se mantuvo barato –por debajo de costes reales- en España lo que, junto al boom inmobiliario, dio paso a un crecimiento económico que Aznar definió como “el milagro español”. Como se ha visto dolorosamente nueve años más tarde, no era un milagro sino un espejismo. La burbuja inmobiliaria –cuya existencia negó en 2003 Luis de Guindos, hoy ministro de Economía- ha estallado virulentamente y el déficit de tarifa (lo que el Estado debe a las eléctricas) ha superado los 20.000 millones de euros.

Industria quiere una subida “progresiva”

El PP no quiere la avalancha de titulares que se esperan para el 1 de enero con las subidas de todo. Por eso el ministro de Industria, José Manuel Soria, no quiere subir el tramo regulado del recibo el año que viene, pero para parar el agujero negro del ‘déficit de tarifa´, tiene que subir la luz.

Industria busca una salida ‘digna’ ante los ciudadanos con una explicación ‘progresista’, que vendría a ser que el Gobierno del PP sube la luz a los que más gastan. De esta forma se trabaja en un recibo progresivo en el que pagarían más impuestos aquellos que consuman más luz, sistema similar al recibo de agua que se paga en la mayoría de las ciudades. Sin embargo eso no quiere decir que los usuarios que consumen poca energía no pagarán más. El recibo de la luz subirá para todos el año que viene y si finalmente Industria saca el recibo ‘progresivo’, la subida iría del 3 al 7%, con lo que al final saldría de media el 5% que pide Unesa.


Fuente: elplural.com

La CNE admite que una planta fotovoltaica a mercado pueda usar acumuladores y verter durante la noche

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha emitido un informe en respuesta a la consulta de una comunidad autónoma en el que admite que una instalación fotovoltaica pueda usar acumuladores y verter la electricidad a la red en horas no solares, siempre y cuando no esté en el régimen de primas y venda a mercado.

En todo caso, el regulador entiende que esta planta, pese a no disfrutar de primas, sí podría acogerse al régimen especial, con lo que tendría derecho a prioridad de acceso a la red, a conexión y a despacho, si bien debería aportar unos avales.

Esta solución de acumuladores, a juicio de la CNE, se adapta a las nuevas plantas que se instalen después de que en enero de este año el Gobierno aprobase el real decreto ley 1/2012, en el que suspende temporalmente las primas a las nuevas plantas fotovoltaicas.

El real decreto 661/2007, al que se encuentran acogidas muchas de las plantas en funcionamiento que disfrutan de primas, no contempla la posibilidad de utilizar sistemas de almacenamiento de electricidad que permita los vertidos durante la noche.
No obstante, en las plantas que no reciban primas por la entrada en vigor de la moratoria renovables "sí podría justificarse económicamente la inversión en un sistema de acumulación para su posterior vertido a la red", indica el regulador.

De esta forma, una planta con acumuladores no podría acogerse al régimen especial con prima, pero sí a otras dos opciones, que son un régimen ordinario para vender al mercado o un régimen especial para vender igualmente a mercado. En este tercer caso, los equipos deberían ser nuevos y sin uso previo, añade.


Fuente: finanzas.com

Los cogeneradores se sienten "discriminados" y vaticinan demandas contra la fiscalidad eléctrica

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) asegura que la nueva fiscalidad eléctrica aprobada este jueves por el Congreso "expulsará del mapa industrial" a la cogeneración al obligarla a pagar cerca de 440 millones de euros en impuestos, y vaticina demandas "en todos los ámbitos" en contra de la norma.

En un comunicado, los cogenerdores dicen sentirse "discriminados" por una ley que les impone una doble fiscalidad, ya que no solo deberán pagar gravámenes por el gas natural utilizado, sino también el 7% correspondiente a la producción de electricidad.

"Las industrias que han invertido en cogeneración como la solución más eficiente a sus necesidades energéticas y como herramienta de competitividad se verán ahora castigadas por la nueva normativa, cuya aplicación efectiva aún tiene serias lagunas jurídicas", asegura.

Acogen advierte de que "gran parte del tejido industrial español" puede verse forzado a cerrar sus "modernas y eficientes" plantas de cogeneración y poner en marcha las antiguas calderas para producir vapor, al tiempo que compran en paralelo la electricidad de una central convencional menos eficiente y situada a cientos de kilómetros de distancia.

Esta situación, "inexplicable y retrógrada en un mundo que camina hacia la eficiencia y la sostenibilidad", es además "frontalmente contraria" a las políticas de la Unión Europea, que reconocen a la cogeneración como mejor tecnología disponible y la promueven a través de directiva europea de eficiencia energética, señala.

Al sufrir un gravamen cuatro veces mayor, el gas industrial para cogeneración quedará discriminado "gravemente" con respecto a industrias que fabrican el mismo producto, indica Acogen, para la que esta circunstancia es "paradójica" cuando la cogeneración es, precisamente, la tecnologías más eficiente.

Por este motivo, la asociación advierte al Gobierno de la litigiosidad que provocará la norma. "La distorsión de la competencia, ladiscriminación tecnológica y la transgresión de los principios elementales de igualdad en tratamiento fiscal y de eficiencia energética de la Unión Europea conllevarían demandas en todos los ámbitos", dice.

"ENSAÑAMIENTO".

Además, denuncia la paralización en las renovaciones de planes, lo que ha provocado, desde enero, un recorte del 50% de las primas y lamenta que el Gobierno se haya "ensañado" con la congeneración.

"La cogeneración dista un 30% de sus objetivos oficiales 2012, no crece desde hace diez años y no genera déficit al sistema", y pese a ello se aprueba una ley con efectos "devastadores" para el sector, lo que "se hará notar en la actividad papelera, cerámica, química, azulejera y alimentaria", añade.


Fuente: eleconomista.es

El Congreso aprueba las medidas fiscales en materia energética pese al rechazo de la oposición

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves el proyecto de ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, pese al rechazo mayoritario expresado por oposición, tras la votación de las enmiendas que se introdujeron en el Senado, dos de las cuales han quedado finalmente fuera del texto normativo.

El trámite del Senado sirvió para que el PP introdujera varios cambios en la norma entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

En el debate en el Pleno del Congreso de este jueves, la oposición ha lamentado que el Gobierno haya perdido la oportunidad de hacer una reforma profunda del sistema energético español y que sólo se busque recaudar para hacer frente al déficit tarifario que, no obstante, pronostican no se atajará.

Finalmente, el voto contrario de los 'populares' ha excluido de la normativa las enmiendas relativas a la definición de combustible nuclear gastado y residuo radiactivo resultante que están sujetos al nuevo impuesto, así como la que precisaba la fórmula de concertación de la aplicación de los nuevos gravámenes energéticos con los gobiernos vasco y navarro.


Fuente: europapress.es

Subidas de más del 4% en la subasta eléctrica de hoy

La subasta eléctrica determinará la tarifa de la luz que paguen 26 millones de consumidores el próximo años, y recogerá el encarecimiento que los mercados eléctricos ya asumen desde hace semanas por la nueva fiscalidad energética. Además, la CNE ha advertido de los conflictos que provocarán la normativa sobre peajes eléctricos aprobada por Industria.

Hoy es un día clave para determinar el precio final de la factura de la luz a partir del 1 de enero. El operador del mercado, Omel, celebra hoy la vigésimo primera subasta Cesur en la que se determinará el coste de los contratos mayoristas de la electricidad para calcular la tarifa de último recurso (TUR) que se aplicará el primer trimestre.

A la vista del comportamiento del mercado de futuros de la energía, todo apunta a una fuerte subida del precio que pagarán los domésticos con TUR. Estos mercados han recogido ya la repercusión en el precio final de la de los impuestos sobre la generación eléctrica y el gas que entrarán en vigor el 1 de enero. El futuro para el periodo cotiza a 53,45 euros MWh, por lo que la subida de este componente sería superior al 4,2%.

En cualquier caso, esta es solo una parte (el 50%) de la factura que pagan los consumidores con la tarifa regulada. La otra mitad corresponde a los peajes, que retribuyen las actividades de comercialización y distribución de la energía para los 26 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o TUR.

Advertencia de la CNE

Paralelamente, el consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó ayer el dictamen sobre la orden de peajes eléctricos para 2013 que le remitió la semana pasada el Ministerio de Industria. El regulador energético se ha pronunciado de forma muy crítica sobre las nuevas tarifas progresivas, que son la gran novedad de la norma, y que las propias compañías eléctricas consideran "el caos".

La CNE pone en cuestión la progresividad de un sistema que supone aplicar un segundo peaje a los consumidores domésticos con derecho a tarifa de último recurso (TUR) en función de su potencia y su consumo (se pagarán a partir de un consumo de 190 kWh al mes) y cuyo objetivo es el ahorro de energía. El regulador energético considera que este sistema es ajeno a las directivas de eficiencia energética y pone en cuestión que con la progresividad de los precios se consiga reducir el consumo (la propia orden prevé un aumento de la recaudación de 280 millones).

El nuevo mecanismo, con el que se crean "varias docenas de tures", según un experto, va a aumentar de forma considerable la complejidad de una factura complicada de por sí y va a provocar una avalancha de las ya crecientes quejas de los consumidores. En línea con la opinión de las propias distribuidoras eléctricas, la Comisión reconoce también las dificultades que tendrán estas compañías para adaptar sus sistemas informáticos para facturar las tarifas progresivas. Por otro lado, dado el abuso que hay en España de lecturas estimadas de contadores, la aplicación de los peajes según el consumo mensual, que se debe corresponder con lecturas reales, resultará imposible.

Además, al no tener en cuenta el tamaño de la unidad familiar o el consumo per cápita, los nuevos peajes no serán equitativos. Aplicar precios progresivos al consumo de energía para resolver los problemas financieros del sistema es, para muchos, un error. De hecho, el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián ya lo hizo y tuvo que dar marcha atrás. En este sentido, sería más progresiva y razonable la discriminación de los peajes en función de la potencia contratada por cada familia. El sistema afectará, según la orden de peajes, a los 26 millones de clientes con derecho a TUR, aunque hayan optado por un contrato en el mercado libre.

Tres normas simultáneas

Respecto a la "insuficiencia tarifaria" del sistema eléctrico que plantea la orden ministerial, el dictamen del regulador energético es muy crítico, aunque reconoce que Industria ha tenido que elaborar su propuesta sin que se hubiesen aprobado las leyes de Presupuestos y la de medidas fiscales por la que se crean varios impuestos a la generación eléctrica y al gas natural. La tramitación simultánea de estas tres normas ligadas entre sí provoca "incoherencias" que podrían subsanarse antes del 1 de enero, según la CNE.

La orden de peajes reconoce un desfase entre ingresos y costes en el sistema eléctrico de más de 5.700 millones de euros, que serán asumidos por los Presupuestos Generales del Estado: a través de los ingresos que se recauden con los citados impuestos (3.000 millones de euros, según la previsión del Gobierno) y unos ingresos extraordinarios de 2.720 millones de euros procedentes de los Presupuestos, cifra que coincide con la anualidad del déficit de años anteriores que los consumidores pagarán en los peajes en 2013.

Además, la orden señala que las Cuentas Públicas asumirán el próximo año, por primera vez, el 100% (1.755 millones) de las subvenciones de los sistema extrapeninsulares que explota Endesa. Sin embargo, ninguna de estas dos partidas figuran en los Presupuestos.


Fuente: CincoDias.com

Por la libre competencia en el mercado eléctrico

La Fundación Renovables presentó ayer su particular análisis del sector energético, acompañado de una serie de propuestas que nos han llamado profundamente la atención. Sobre todo, porque dichas propuestas parten de una declaración doctrinal de vuelta al pasado, cuando la Administración decidía qué instalaciones, de qué tipo y dónde se instalaban mediante el BOE y que hoy no tendría cabida ni en el ordenamiento jurídico español ni en el comunitario, basados en los principios de libertad de establecimiento y funcionamiento en competencia.

Mientras la UE se centra en la construcción del mercado interior de la energía, estos planteamientos van justamente en sentido contrario. Si, como plantea esta organización, se eliminaran las instalaciones económicamente eficientes, España dispondría de un parque generador incapaz de producir ni un solo KWh en un mercado europeo integrado, porque serían las instalaciones de otros países las que funcionarían en lugar de las nuestras. Esto equivaldría a que nuestro suministro fuera dependiente de terceros al 100%.

La otra solución es la que tenemos hoy, que está dando lugar a que en un buen número de horas exportemos energía eléctrica a precios muy bajos -cuando no a cero- a costa de que los consumidores nacionales paguen a los productores de régimen especial una media de 100 euros por cada MWh que ellos no consumen y que regalamos a los clientes en Portugal, Francia, Marruecos y otros países.

No es cierto que la generación que supuestamente sobra esté encareciendo el recibo eléctrico, y mucho menos en base a argumentos como que, a mayor oferta, mayores precios, como se dice en el artículo. Este tipo de afirmaciones son contrarias a los principios económicos y al sentido común, y se responden por sí solas. Lo cierto es que muchas de estas plantas térmicas convencionales se construyeron dando crédito a la planificación indicativa del Gobierno y en respuesta a las peticiones de responsabilidad con la garantía de suministro solicitada por los Ejecutivos. Hoy no pueden producir ni una cuarta parte de lo que necesitan para recuperar sus inversiones, porque cambió la política energética y se decidió dar prioridad a otras tecnologías a las que, además, se les garantizó una magnífica rentabilidad sin riesgo.

Estas instalaciones infrautilizadas, por aquello de estar en competencia, no encarecen el coste de los consumidores, sino que son las cuentas de resultados de sus propietarios las que sufren el perjuicio. La situación se agrava porque las compañías no pueden cerrar estas plantas. A pesar de toda esa potencia sobrante, son necesarias para que no se produzca un apagón cuando las energías no gestionables dejan de producir. Es cierto que tenemos más potencia de la que se necesita para cubrir las puntas de demanda, pero es también cierto que una parte muy importante de esa potencia, la del régimen especial, no es firme y necesita estar prácticamente duplicada mediante instalaciones térmicas.

Desde hace unos años, las instalaciones tradicionales aportan dos terceras partes de la demanda anual de electricidad y cobran por todos los conceptos y en cifras absolutas un poco menos de lo que cobran las instalaciones del régimen especial, que solo aportan un tercio de la demanda. ¿Quién encarece el suministro y resta competitividad a la economía? Afirmar que una de las causas del déficit de tarifa está en las subastas de la Tarifa de Último Recurso (TUR) es, de nuevo, un disparate. Los precios de las subastas de la TUR pueden parecer caros o baratos -hasta ahora están en la media de los mercados a plazo del resto de Europa-, pero lo que no puede decirse es que contribuyan al déficit, porque no guardan relación con el mismo. El cambio que supuso la implantación de la TUR en 2009 fue que los consumidores pasaron a pagar por la energía íntegramente el precio de la misma. De forma que la energía, si en algún momento fue causante del déficit, a partir de 2009 dejó de serlo. Desde esta fecha, el déficit se genera exclusivamente porque lo que se cobra por aplicación de las tarifas de acceso es inferior al pago de los costes regulados que hay que hacer con cargo a dichos ingresos.

El déficit empezó a convertirse, por su magnitud, en un grave problema coincidiendo con el incremento de las subvenciones al régimen especial, en particular a las tecnologías solares. Aunque las tarifas se incrementaron, esto fue insuficiente para atender los pagos de las primas, que durante los últimos años han aumentado a un ritmo anual cercano al 30%.
Eduardo Montes. Presidente de Unesa.


Fuente: CincoDias.com