Entre los afectados se encuentran particulares, pero también ayuntamientos y pymes. El desconocimiento de la norma estatal, las dificultades para encontrar comercializadoras de electricidad en el mercado gallego y la exigencia de avales por parte de algunas de estas empresas para prestar el suministro son las razones que justifican que todavía queden 13.000 usuarios en Galicia sin adaptarse a la ley del Ministerio de Industria, según los datos aportados por la Consellería de Economía.
En julio de 2009 desaparecieron las tarifas eléctricas integrales, las de toda la vida, y se creó la Tarifa de Último Recurso, cuyo precio es fijado por el Gobierno. Sin embargo, solo los clientes que tengan contratados 10 kilovatios o menos de electricidad pueden acogerse a esta tarifa regulada por el Ministerio. El resto deben acudir al mercado libre.
La ley obliga a estos usuarios a contactar con alguna empresa que comercialice electricidad en su zona –se recomienda al menos que hablen con tres empresas– y les soliciten ofertas. El objetivo es que consigan el precio más ventajoso del mercado. Para ello deberán aplicar los nuevos precios a su consumo de los últimos doce meses y comprobar la diferencia.
Sin embargo, la aplicación de esta normativa se está encontrando con serias dificultades en la práctica y aún queda un "gran número" de usuarios que no han buscado comercializadora en el mercado libre y a los que se les aplica por defecto la Tarifa de Último Recurso (TUR). Para forzar a estos clientes a cumplir la ley, el Ministerio de Industria ha decidido aplicarles un recargo de entre el 20 y el 40 por ciento en su factura de la luz –el sobrecoste depende de la potencia contratada y de su consumo mensual–. Y, por si esta medida no es suficiente, a partir del 31 de diciembre se les cortará directamente el suministro, lo que podría ocasionar graves prejuicios a muchos gallegos que todavía no han encontrado comercializadora o tienen dificultades para contratarla.
El problema no es exclusivo de Galicia.
En España son más de 205.000 los clientes que sufren estos recargos en su factura de la luz, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Este documento revela que la mayoría de los consumidores que no se han adaptado todavía a la normativa son particulares (40 por ciento), pero también hay un 32 por ciento de administraciones públicas y un 25 por ciento de pequeñas y medianas empresas.
Según denuncia la Comisión Nacional de Energía, una de las trabas para contratar la electricidad en el mercado libre es que las comercializadoras exigen avales a aquellos consumidores, tanto empresas como concellos, con alto riesgo de impago. La CNE justifica que se exija esta condición a las pymes pero advierte que el sector público ya ofrece suficientes garantías sin necesidad de que las suministradoras le demanden un aval económico.Las administraciones públicas afectadas por estos recargos deberían además, en opinión de la Comisión Nacional de Energía, simplificar los pliegos de los concursos para contratar la electricidad y agilizar así el proceso para evitar que el 31 de diciembre les corten la luz.La otra recomendación de la CNE es "mayor información y transparencia", ya que muchos usuarios, sobre todo domésticos, desconocen aún que deben cambiar su contrato de electricidad.
En todo caso, la Comisión de Nacional de Energía propone que si se prolongan las dificultades debería ampliarse el número de usuarios que pueden beneficiarse de la Tarifa de Último Recurso e incluir a todos aquellos con menos de 50 kilovatios de potencia contratada.La Xunta lanza una campaña para informar a los usuarios La preocupaación por el "gran número de usuarios" afectados por las recargas en la factura de la luz ha llegado a la Xunta, que ha emprendido una campaña para informar a los clientes de los pasos que deben de dar para cambiar su contrato y buscar suministradores en el mercado libre.
En esta campaña colaboran la Consellería de Economía, a través del Instituto Enerxético, y en colaboración con el Instituto Galego de Consumo. Se han editado unos 2.000 folletos informativos en los que se recogen las instrucciones necesarias para contratar el suministro de luz en el mercado libre.Esta información se ha trasladado a las Oficinas Municipales de Información a los Consumidores con el objetivo de llegar "al mayor número de usuarios", según la Consellería de Economía e Industria.
Para cambiarse de contrato, los clientes tienen que buscar a tres comercializadoras y pedirles precios. Para ello tan solo es necesario facilitarles el CUPS (Código Unificado de Punto de Suministro) que figura en la factura eléctrica. El nuevo contrato se formalizará sin coste alguno para el cliente, según informa la Consellería de Economía e Industria. El sistema es similar al de la Telefonía, donde aunque la infraestructura sigue siendo de Telefónica, hay distintas operadoras prestando el servicio.
Los ayuntamientos se quejan de que no encuentran empresas comercializadoras que operen en GaliciaEl tiempo corre y el margen para adaptarse a la normativa es cada vez más estrecho. Muchos ayuntamientos están intentando buscar soluciones para evitar que el 31 de diciembre les corten el suministro de luz pero advierten de que no existe una oferta suficiente de comercializadoras que operen en Galicia. "El mercado no es tan plural como nos dicen. Solo tenemos Gas Natural-Fenosa", se queja el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández."Lo que han hecho es liberalizar las tarifas para que haya una concurrencia de empresas suministradoras y conseguir así mejores precios", explica Fernández. Sin embargo, aclara que no existe un "abanico" suficiente de compañías que presten ese servicio y esto está dificultado la adaptación de muchos municipios a la ley estatal.Aunque no dispone de datos sobre cuantos ayuntamientos pueden estar entre los 13.000 usuarios que sufren recargos en su factura, el presidente de la Fegamp advierte que los intentos que se están hadiendo por parte de algunos concellos no están dando sus frutos. "Se intentó por parte de alguna diputación crear, en colaboración con varios municipios, una central de compras, pero no dio mucho resultado", explica. "Aún estamos a vueltas con ello", informa el presidente de la Fegamp.En respuesta a las quejas de los municipios, la Consellería de Industria explica que la Comisión Nacional de Energía dispone de un listado de comercializadoras. En este registro constan un total de 156 empresas, si bien solo diez de ellas explicitan que su ámbito de actuación es nacional. Entre ellas están Hidrocantábrico Energía, Iberdrola, Gas Natural, Eléctrica Municipal de Santa Coloma de Queralt, Eléctrica de Guadassuar Comercialización, Comercializadora Eléctrica de Meliana, Comercial y Asesora de Electricidad, Villar Mir Energía, Eléctrica del Pozo y Audax Energía.El resto no especifican su ámbito de actuación, si bien hay cinco compañías radicadas en la provincia de Pontevedra, que se supone también ofrecen sus servicios en Galicia: Eléctrica del Moscoso, Sociedad Electricista de Tui, Melon Energy, Distribuidora de Catoira y Compañía de Electrificación de Arousa.
Fuente: farodevigo.es
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